Más de tres mil participantes de la acción humanitaria en el refugio del Catatumbo exigen que se proteja a la población civil y se constituya legalmente la zona de reserva campesina
Agencia Prensa Rural
Desde Bogotá hasta Hacarí (Norte de Santander) hay 693 kilómetros, de los cuales una gran parte de la carretera no es más que piedras, tierra y mucha arena y polvo, sobre todo en el trayecto desde este municipio hasta la vereda de Mesitas, donde se instaló el Refugio Humanitario el 24 de junio del presente año.
Desde enero se vienen presentando bombardeos, ametrallamientos hacia la población civil, torturas, desplazamiento y detenciones arbitrarias; acciones que han dejado daños al medio ambiente, a las fuentes hídricas y a la propiedad privada de decenas de campesinos, así como el asesinato de un bebé de ocho meses, de un líder comunitario, de un campesino y de una niña de ocho años. Más de cien familias se mantuvieron amparadas en el Refugio Humanitario de Mesitas para proteger sus vidas.
Las causas del conflicto no son las que muestran los medios hegemónicos: la coca y la presencia de actores armados al margen de la ley. Los intereses de las multinacionales han llevado a acciones militares contra la población para desplazarla y disponer de los bienes comunes con los que cuenta la región, como el carbón, cobre, plomo, coltán, uranio y petróleo, además de innumerables fuentes hídricas.
Acción humanitaria
El 17 de julio, mismo día de la llegada de la caravana humanitaria, se registraron ametrallamientos de la Policía Nacional contra la población civil en la vereda Villa Nueva, muy cerca de la zona del Refugio Humanitario, que dejaron más de 50 impactos de bala en las casas, una mujer herida, robo de dinero, ropa y joyas, así como montajes judiciales a los campesinos víctimas de este accionar estatal.
Al Campamento por la Vida, la Dignidad y la Permanencia en el Territorio llegaron comisiones de salud, comunicaciones, educación y derechos humanos. Durante dos días se realizaron talleres para fortalecer el proceso y brindar herramientas a los campesinos del lugar, que a diario ven sus derechos fundamentales vulnerados por los actores armados.
Denuncias
La comisión de derechos humanos recibió 244 denuncias, de las cuales se resaltan las infracciones al DIH: 143 bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, 43 de ellos en la vereda Villa Nueva; hechos de desplazamiento, homicidio, daño en bien ajeno, lesiones personales con secuelas físicas y psicológicas en menores y personas de la tercera edad, aborto, tortura, daños al medio ambiente y a los cultivos, y siete acantonamientos y ocupaciones en sitios protegidos por el DIH.
Entre las violaciones a los derechos humanos encontramos ocho casos de tortura, dos de hurto y daño en bien ajeno, dos capturas ilegales, un allanamiento ilegal, tres casos de desaparición forzada, 19 de desplazamiento forzado, 14 intimidaciones, amenazas y señalamientos, y un caso de proselitismo político por miembros de la Fuerza Pública.
Exigencias
Los más de tres mil participantes de la acción humanitaria, entre los cuales se encuentran las delegaciones de los 10 municipios del Catatumbo, de más de cien juntas de acción comunal, de 41 organizaciones sociales, de los alcaldes de San Calixto, Hacarí y El Tarra; además de los personeros municipales de Hacarí, El Tarra, Teorama y San Calixto, exigen al Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales, regionales y a los organismos de investigación, control y vigilancia:
1. Cesar las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y velar por la protección a la población civil y que no se la siga utilizando como escudo por parte de los actores del conflicto armado.
2. Que la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación investiguen, individualicen y sancionen a los responsables de los hechos denunciados en la región.
3. Que el Gobierno Nacional tome medidas para garantizar el respeto a la vida, la integridad y demás derechos humanos de quienes optan por la organización social, en especial a los miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo.
Se exige además el cese bilateral de hostilidades y de las acciones contra la población civil.
Exigen que se constituya la Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo, la cual ya ha surtido todos los trámites administrativos, así como al nuevo Congreso que convoque a un debate de control político sobre el comportamiento de la Fuerza Pública y sus efectos en la región del Catatumbo.
Solicitan a la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular que convoque una comisión de verificación que cuente con la participación de los gobierno nacional, departamental y municipal, los organismos de control y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para hacer un seguimiento a la situación de derechos humanos y realizar acciones que eviten que se sigan presentando las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH; así como al Sistema de Naciones Unidas una verificación del comportamiento de la Fuerza Pública y el seguimiento a la situación de derechos humanos y DIH en la región.
