viernes, marzo 29, 2024
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La paz necesita candidaturas unitarias y alternativas

Las fuerzas sociales y políticas que comparten la propuesta de un Frente Amplio no pueden ser inferiores al reto que impone la lucha electoral.

PAZ 2

Gabriel Becerra Y.
@gabocolombia76

Desde el próximo 25 de junio y hasta el 25 de julio, se realizarán las inscripciones de los aspirantes a candidatos en las elecciones del domingo 25 de octubre del presente año para los cargos de elección popular que definirán 32 gobernaciones y asambleas a nivel departamental y 1.123 alcaldías y concejos en los respectivos municipios que existen actualmente en el país. Las elecciones a ediles para juntas administradoras locales se realizarán conforme a la ley solo en las localidades o comunas de aproximadamente 83 municipios. Las candidaturas deberán estar avaladas por uno de los 13 partidos políticos actualmente existentes con personería jurídica o por un movimiento ciudadano que cumpla los requisitos de ley.

Con este proceso se da inicio formalmente a una de las elecciones locales más importantes de la historia reciente del país, si se tiene en cuenta que estas se desarrollarán en un momento decisivo del actual proceso de paz, y los elegidos tendrán que ejercer en los territorios un papel determinante durante un periodo clave (2016-2020) para la ratificación ciudadana y materialización de los futuros acuerdos de paz.

En otras palabras, en el campo institucional, las elecciones representarán en el corto plazo para las izquierdas y sectores democráticos otro escenario de disputa con las fuerzas conservadoras y militaristas, que se niegan a aceptar una salida política negociada que coloque en riesgo sus privilegios y potencie un proceso constituyente de apertura y cambios democráticos.

No serán estas unas elecciones distintas desde el punto de vista de las garantías a la oposición. En lo fundamental persisten los mismos obstáculos de procesos anteriores como: violencia estatal y paramilitar, corrupción, manipulación mediática, desigualdad económica en la financiación de las campañas, entre otras lacras de la muy precaria democracia colombiana que, por ejemplo, hoy impide las alianzas para asambleas, concejos y JAL y, desde ahora, en sentido contrario al preacuerdo de participación política presentado en La Habana, anuncia mayores restricciones como el aumento del umbral, incluido en la mal llamada ley de equilibrio de poderes que está por aprobarse en el Congreso.

Ahora bien, paralelamente a esta democracia restringida que subsiste, han venido emergiendo en múltiples resistencias agrarias, obreras, cívicas, culturales y juveniles, importantes liderazgos sociales y políticos en centros urbanos y sectores rurales que pueden contribuir a ampliar espacios de participación y a conquistar otros de representación y gobiernos alternativos para la paz. Entre ellos, la definición del futuro cabildo y gobierno de la capital de la república representa una prioridad.

El desafío es construir candidaturas unitarias a partir de programas de gobierno que expresen las luchas territoriales y la construcción de la paz con justicia social, la democracia, la igualdad, la defensa de lo público, el agua y el medio ambiente, la soberanía, entre otras reivindicaciones que ayuden a revertir los procesos de privatización, militarización y exclusión.

Vocerías y listas unitarias con estas características tienen que estar representadas en referentes partidarios que cuenten con la transparencia y la autoridad ética necesaria. En esta perspectiva, la opción de la personería de la Unión Patriótica está llamada a cumplir un papel importante, abriéndose a candidaturas unitarias, en alianza o coalición tal cual se perfila en la ciudad de Bogotá, donde la exitosa fórmula presidencial de primera vuelta, Clara (PDA) y Aída (UP), promete repetir en una alianza en la cual estas dos mujeres pueden liderar, con otras vocerías, una propuesta de gobierno centrada en la lucha contra la desigualdad y por la profundización de derechos sociales conquistados durante los últimos mandatos.

Las fuerzas sociales y políticas que comparten la propuesta de un Frente Amplio no pueden ser inferiores al reto que impone la lucha electoral. Discutir y explorar opciones territorio por territorio, que ayuden a superar las barreras vigentes del régimen político electoral, sobre la base del respeto y el reconocimiento de los diversos acumulados, es un deber ético para derrotar la dispersión y ofrecer alternativas unitarias, las cuales, como ya ha enseñado la experiencia, no solo suman, sino multiplican, dan victorias y permiten avanzar.

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