La otra pandemia: desempleo e informalidad

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En la actual crisis el teletrabajo ha crecido, aunque sin control ni las suficientes garantías para quienes lo ejercen. Foto www.hola.com.

Habrá una crisis de desempleo que la Organización Internacional de Trabajo, OIT, proyecta en 25 millones de puestos de trabajo que se perderán por el Covid-19

Alfonso Velásquez

La OIT no solo advierte del aumento del desempleo. También del peligro que supone que en estas circunstancias aumente el subempleo, uno de los enemigos contra los que esta organización advierte normalmente y ahora con más motivos. Los colectivos más expuestos son los que ya están en peores circunstancias y en desventaja de la crisis anterior: jóvenes, mujeres, trabajadores de más edad y los empleados que no tienen protección social (falsos autónomos, trabajadores precarios de la nueva economía digital) e inmigrantes.

Sobre el caso colombiano se comentará acerca de algunos frentes de trabajo, para lo cual es necesario tener claro los siguientes datos.

  • La Población Económicamente Activa, PEA, está conformada por unos 23 millones de personas, de las cuales hasta antes de la pandemia estaban desempleadas alrededor de tres millones, sin ningún ingreso.
  • Según las estadísticas oficiales los trabajadores informales son el 61% de la PEA, es decir, unos 14 millones de personas que son vendedores ambulantes, pequeños tenderos, campesinos pobres, etc., sin protección social ninguna o cobijados por el Sisbén.
  • Los trabajadores formales, que tienen un empleo con contrato a término indefinido, contratos de término definido, empleo temporal con contrato y otros que serán alrededor de seis millones de personas.

Las medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus tienen consecuencias económicas y sociales especialmente sobre la población más vulnerable. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el 59% de la población empleada se concentra en actividades fuertemente afectadas.

Una Visión alternativa a la gubernamental, artículo de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, dice: “Observando las fuentes de financiamiento para enfrentar la actual crisis, llama la atención que para la provisión de bienes y servicios básicos para atender la salud pública de todos los ciudadanos se recurra, no a impuestos directos nacionales y a otras medidas, sino a la privatización de activos y al crédito”.

Los que ponen el pecho

Una mirada muy general a la situación de los trabajadores que están en la primera línea de la batalla contra la pandemia son los que están en estado de precariedad, o por Órdenes de Prestación de Servicios, OPS, o son tercerizados (subcontratados) o enviados desde las oficinas de empleo temporal, es decir, que no tienen un contrato directo ni con el Estado ni con empresas privadas, y como consecuencia de ello, sus condiciones de seguridad social son muy débiles o inexistentes:

  • Personal médico, paramédico, enfermeras y auxiliares.
  • Trabajadores de aseo y otros servicios generales que atienden en las clínicas y hospitales, además de recicladores y personal de aseo de las ciudades.
  • Personal de vigilancia privada.
  • Policías y soldados.

Podríamos decir que es personal que, como consecuencia de sus condiciones de inestabilidad laboral, el porcentaje de trabajadores organizados es muy bajo.

El otro grupo de trabajadores/as que ni siquiera tienen contrato de trabajo o si lo tienen es más precario que lo enunciado anteriormente, y tienen un enorme riesgo frente al covid19 es:

  • Trabajadores de los call center diseminados a lo largo y ancho del país y que atienden por ventanilla o directamente a las personas que requieren algún servicio.
  • Vendedores ambulantes y estacionarios que en épocas normales manifestaban siempre que no se organizaban porque su labor es individual y su ingreso depende de su esfuerzo.
  • Los pequeños tenderos que son negocios de familia, excepto quienes expenden productos alimenticios y droguerías, el resto está expuesto a perder sus negocios hacia un futuro próximo.
  • Los campesinos pobres, que son los que atienden por jornales la despensa de las ciudades.
  • Los trabajadores de servicios personales: peluquerías, de hoteles, de servicios de turismo, SPA y otras actividades que normalmente prestan atención que para esta época no se consideran trascendentes.
  • La población migrante, fundamentalmente de Venezuela, que vivía del rebusque y pagando su dormitorio en el día a día, la población excluida (mal llamada indigencia), sin ningún tipo de atención y la población desempleada.
  • Los trabajadores con un contrato de trabajo indefinido, que quizá en épocas normales tendrían mayor estabilidad y garantías convencionales y otros cobijados por acuerdos colectivos (pactos, acuerdos voluntarios, planes de beneficios, etc., creados por los patronos para impedir su sindicalización).

Tanto los patronos como el propio Gobierno, que legisla dictatorialmente por medio de un decreto de emergencia económica, han impuesto medidas llevándose por delante toda la legislación laboral internacional (OIT), mediante convenios y recomendaciones como en el campo nacional (Constitución Política) y hasta el Código Sustantivo de Trabajo, CST.

Falta control

Como si fuera poco, un órgano legislativo que no hace control político y unos entes de control que se han dedicado a hacer algunos comentarios, sin enfrentar las medidas encaminadas a proteger al sector financiero y descargar todo el peso de la crisis sobre la inmensa mayoría de colombianos. Hay que ver solo algunas de ellas:

  • Terminación de los contratos alegando la aplicación del artículo 51 del CST en su numeral 1º, a pesar de que no hay una calificación sobre el tipo de calamidad que atraviesa la nación.
  • Licencias sin remunerar por un tiempo aún sin definir, es decir, por el tiempo que dure la pandemia. Y según algunas de las cartas que han recibido los trabajadores, “cuando se normalice la situación”.
  • Vacaciones cumplidas o anticipadas, sin tener en cuenta que el destino de las vacaciones tiene un objeto distinto a encerrarse con la familia para protegerse del virus.
  • Suspensión temporal de los contratos de trabajo, incluso de quienes están cobijados por la “estabilidad laboral reforzada”.
  • Rebaja de salarios y prestaciones sociales supuestamente de “común acuerdo”, entre otras medidas.

El teletrabajo que antes de la pandemia ya se venía aplicando, y su disposición, está contenido en la ley 1221 de 2008 y el decreto 0884 de 2012 con tres modalidades específicas, ahora se disparó de una manera vertiginosa, tanto la academia como las empresas lo están aplicando:

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Es imposible presumir que luego de derrotado el virus, se regrese a las condiciones que había antes. Los trabajadores deben crear mecanismos para establecer un modo de producción acorde con nuestros propósitos, donde el ser humano esté por encima de los procesos de acumulación que tienen en enorme deterioro para la existencia de los seres humanos. El reto es muy grande. Solo se puede obtener si se logra un grado de organización que se anteponga a la avaricia de unos pocos.

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