La omnipotente rectora de la Nacho

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Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional.

El acuerdo 325 del 2020 autoriza a la rectora Dolly Montoya a adoptar medidas excepcionales en materia académica, presupuestal y administrativa para mitigar los efectos producidos en la comunidad universitaria por la crisis sanitaria suscitada por el covid-19

Sergio Alejandro Lancheros Cely
@seralancheros

El pasado 7 de mayo el Consejo Superior Universitario, CSU, de la Universidad Nacional de Colombia, UN, tomó una decisión inédita que reafirma el talante autoritario de su misma composición y de la actual administración, afectando profundamente la democracia y la autonomía universitaria. En la universidad pública de mayor envergadura del país, estos dos principios, patrimonio de la vida académica, han sido rebajados a su mínima expresión y se ha proclamado la autocracia de la rectora Dolly Montoya.

El acuerdo 325 del 2020 en su artículo 1, autoriza a la rectora a adoptar medidas excepcionales en materia académica, presupuestal y administrativa para mitigar los efectos producidos por el covid-19, pero sin ningún tipo de delimitación. Es decir, el CSU aprobó delegar temporalmente sus funciones estatutarias a la rectora, para adoptar, modificar o suspender normas y reglamentos de índole académica, financiera y administrativa para el cumplimiento de los fines misionales de la universidad, lo cual encarna en su conjunto buena parte de la política y las directrices generales que emanan de este órgano de gobierno de la UN.

Facultades especiales

La rectora tiene la capacidad de intervenir normas en áreas tan sensibles como el estatuto estudiantil, o cualquier otro estatuto, aspecto que en parte motivó el cese de actividades y un fuerte proceso de movilización estudiantil en el año 2017. La rectoría pasó de ser la vicepresidenta del CSU, con voz pero sin voto, a ser la cabeza omnipotente de la gobernabilidad de la universidad, no sólo con voz, sino con todos los votos para tomar las decisiones que le parezcan.

Según el análisis que hace el profesor Orlando Acosta, investigador emérito de la propia universidad, incluso la Constitución Política colombiana prevé que aún en los casos de estados de excepción, las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno nacional para expedir decretos legislativos están bajo estricto control constitucional, cosa que no parece suceder en el caso de la UN, ya que ni en la ley 30 de 1992 ni en el Régimen Orgánico Especial de la universidad se contempla una situación análoga.

Añade Acosta, con base en decisiones de la Corte Constitucional como la sentencia C-372/02, en la ley 489 de 1998 y en el concepto No. 8 de la misma Oficina Jurídica de la UN, que al CSU le es permitido delegar algunas de sus funciones en los diferentes organismos y autoridades de los diferentes niveles de dirección universitaria, siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes precisiones: 1) no todas las funciones son delegables, como por ejemplo la expedición de reglamentos de carácter general, 2) el objeto de esta delegación son las funciones de mera ejecución, instrumental u operativas, y 3) se delegan competencias, más no la titularidad de las funciones.

Funciones sin delimitación

Lo anterior genera gran preocupación puesto que en el marco del citado acuerdo no se delimitan ni se precisan las funciones y limitaciones que va a tener la rectora, y mucho menos la universidad cuenta con una normatividad clara para hacer contrapeso a esta clase de situaciones. De hecho, esta problemática abre el viejo debate sobre la relación existente entre la composición antidemocrática del CSU y las graves consecuencias para la autonomía universitaria.

Por un lado, los actores cercanos al gobierno podrán argüir que con esta decisión se respeta la autonomía universitaria al ceder sus facultades a la dirección de la universidad, lo cual desconoce la forma en la que elige la rectora de la UN y los intereses que materializa. Por otro lado, también es una decisión errónea defender a ultranza al CSU frente a las atribuciones dadas a Dolly, puesto que en últimas lo que se busca es agilizar las directrices en materia educativa del gobierno nacional, que ya encuentran cabida en el CSU, pero que en el marco de la crisis sanitaria basta con la decisión de una sola persona.

Así se aprobó el acuerdo

La propuesta fue aprobada por cinco votos a favor: Delegado de los decanos, 2 representantes de la Presidencia, el de los ex-rectores y el del representante del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. Hubo dos votos en contra (Representaciones estudiantil y profesoral) y una abstención, la del viceministro de Educación Superior. Como siempre, tan sólo la representación profesoral y estudiantil pueden ser contrapeso en un organismo copado de actores del gobierno nacional.

Ahora bien, la decisión se toma bajo el argumento de la necesidad de asumir medidas urgentes y radicales para mitigar los efectos del covid-19. Se hace eco de tomar grandes medidas, pero estas se aprueban sin contemplar la participación amplia de los estamentos de la comunidad universitaria, ni tampoco asoman decisiones que atajen al núcleo de la problemática, es decir, el abandono histórico de las IES públicas por parte del Estado.

De hecho, este acuerdo y la resolución 338 de 2020, por el cual se adopta la política de prevención del covid-19 en la comunidad universitaria, marcan el precedente de que la administración espera poco o nada del Gobierno nacional, ya que no contemplan medidas para las grandes problemáticas que han denunciado profesores y estudiantes, tales como las dificultades pedagógicas, socioeconómicas y de conectividad; pero sí prevé que las sedes y las facultades proyecten sus presupuestos y busquen sus propios recursos, además de la creación de un Fondo de Emergencia por medio del cual se desvían recursos de funcionamiento e inversión para atender la crisis.

Para nadie es un secreto que la actual administración ha sido ajena y muy distante a los justos reclamos de la comunidad universitaria, tal como sucedió en el paro del 2018. Ante este panorama el llamado es a la unidad de las diferentes fuerzas políticas y sociales y de los distintos estamentos de la comunidad universitaria de la UN. Las medidas urgentes que hoy reclama la UN pasan justamente por la vía de la deliberación colectiva y democrática, no por la vía de la autoproclamada dictadura de la rectora Dolly Montoya.

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