La falta de control en las instituciones políticas produce su debilitamiento, y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites económicas en detrimento de la ciudadanía de a pie.
Gerardo Esteban Vargas*
En un informe intitulado “Gobernar para las élites[1. http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es.pdf (Consultado el 29 de julio de 2014).], secuestro democrático y desigualdad económica” de la organización Oxfam, que es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan conjuntamente para encontrar soluciones a la pobreza y a las injusticias, acotaban que la desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99%. En noviembre de 2013 el Foro Económico Mundial consideró que esta desigualdad supone un grave riesgo para el progreso de la humanidad, siendo la segunda mayor amenaza mundial.
Secuestro de la democracia
La desigualdad económica extrema y el secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites son a menudo demasiado interdependientes. La falta de control en las instituciones políticas produce su debilitamiento, y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites económicas en detrimento de la ciudadanía de a pie.
Oxfam teme que, si la desigualdad económica extrema no se controla, sus consecuencias podrán ser irreversibles, dando lugar a un “monopolio de oportunidades” por parte de los más ricos, cuyos hijos reclamarán los tipos impositivos más bajos, la mejor educación y la mejor atención sanitaria. El resultado sería la creación de una dinámica y un círculo vicioso de privilegios que pasarían de generación en generación.
Violencia, desigualdad e inequidad
Esta masiva concentración de los recursos económicos en manos de unos pocos supone una gran amenaza para los sistemas políticos y económicos. Separando cada vez más a las personas, en lugar de hacer que avancen juntas, de modo que es inevitable que se intensifiquen las tensiones sociales y aumente el riesgo de ruptura social.
Durante el pasado año, 210 personas se han incorporado al selecto club de los multimillonarios que superan los mil millones de fortuna, formado por 1.426 personas cuya riqueza conjunta asciende a 5,4 billones de dólares. La riqueza del 1% más rico de la población mundial asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que la de la riqueza total que posee la mitad más pobre de la población.
Corrupción, mercaderes políticos
Desde finales de la década de 1970, la escasa regulación del papel del dinero en la esfera política ha permitido que los ciudadanos acaudalados y las grandes empresas ejerzan una influencia indebida en la elaboración de políticas estatales. Un resultado pernicioso es la manipulación de las políticas públicas en favor de los intereses de las élites, que ha coincidido con una mayor concentración de riqueza en manos del 1% más rico de la población desde los inicios de la Gran Depresión.
A medida que las políticas en favor de las grandes empresas han ido ganando importancia, el poder de negociación de los sindicatos se ha desplomado y el valor real del salario mínimo y de otras medidas de protección se ha deteriorado. Ahora es más difícil que los sindicatos se organicen, y más fácil que las grandes empresas puedan rebajar los salarios y reducir las prestaciones de los trabajadores. Los grupos de interés acaudalados también han utilizado su poder económico para influir sobre los legisladores y la opinión pública, y así conseguir mantener a la baja la presión sobre las plusvalías y los tipos impositivos que gravan las rentas altas, así como para crear lagunas fiscales en favor de las grandes empresas.
A partir de la década de 1980, los sectores financiero y bancario inyectaron millones de dólares destinados a deshacer las normativas puestas en marcha tras la quiebra bursátil y la Gran Depresión de la década de 1930. La desregulación ha tenido dos grandes ramificaciones: por un lado, los directivos de empresas vinculadas a los sectores bancario y financiero se han hecho excepcionalmente ricos, y por otro lado ha aumentado el riesgo de los mercados mundiales, lo cual ha culminado en la crisis económica mundial que empezó en 2008.
En 2010 el presidente Obama promulgó la ley de reforma de Wall Street y de protección del consumidor (conocida como Ley Dodd-Frank), cuyo objetivo es regular los mercados financieros y así proteger la economía de una segunda gran crisis. Sin embargo, el sector financiero se ha gastado más de mil millones de dólares en pagar a los cientos de personas que hacen incidencia política para debilitar la ley y retrasar su plena aplicación. De hecho, en 2012 las cinco mayores asociaciones de consumidores utilizaron los servicios de 20 personas dedicadas a defender la Ley Dodd-Frank, mientras que los cinco grupos financieros más importantes enviaron a 406 personas para abogar por su derogación.
* Economista Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS).
