La mermelada de Duque

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Iván Duque, presidente de Colombia, en Yopal, Casanare. Foto Presidencia de la República.

Para mayo 11 de 2016, en las páginas del diario económico Portafolio, un desconocido senador de la República escribía las siguientes palabras: “gracias a las connotaciones que le ha entregado el actual gobierno, la mermelada representa el clientelismo, los contratos y las dádivas para mantener aceitado al país político”

Redacción política

Iván Duque Márquez, actual presidente de la República, criticaba las acciones que se consolidaban en la administración de Juan Manuel Santos, alrededor del fenómeno de la “mermelada política” con la cual el Gobierno sostenía su débil “Unidad Nacional” en el parlamento y aseguraba gobernabilidad alrededor de temas estratégicos. “Colombia tiene poco que mostrar y el gobierno mucho que explicar sobre los nefastos alcances de la mermelada con sabor a politiquería”, son las palabras con las que finaliza el citado artículo.

Dos años y ocho meses después, el Gobierno nacional que ahora preside el autor del artículo, no solo ha sido expuesto en un ejercicio por “aceitar” su maquinaria política más cercana, sino que se encamina a consolidar a partir de prebendas burocráticas su administración, que hasta el momento se ha caracterizado por padecer de una inocultable ingobernabilidad.

Los nombramientos

El 2 de enero del presente año, el representante a la cámara por Bogotá, David Racero, sorprendió a la red social Twitter, con una serie de 46 trinos, donde expone los últimos nombramientos administrativos que el gobierno Duque hizo antes del 31 de diciembre de 2018. Lo sorprendente, además de los nombres que nos trasladan a las toldas del uribismo y su estrecha coalición de gobierno, son el afán en los tiempos de dichos nombramientos y las limitadas hojas de vida de los nuevos funcionarios públicos.

Por ejemplo, Susana Correa, ex senadora por el Centro Democrático quien es famosa por ofrecer mermelada en el Congreso en las discusiones de la reforma política, es ahora la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS. Juan Manuel Daza, ex candidato a la Cámara por Bogotá, es el viceministro de Relaciones Políticas en el Ministerio del Interior. En la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, está Eduardo José González, otro excandidato al Senado por el uribismo. Son en total 12 casos donde candidatos por el Centro Democrático terminaron con un buen puesto en el Gobierno.

De igual forma, la mermelada del gobierno Duque no es exclusiva para militantes del Centro Democrático. Carlos Alberto Baena, exconcejal de Bogotá y exsenador por el partido MIRA, fue nombrado Viceministro de Relaciones Laborales, acción con la cual el uribismo paga con un alto puesto administrativo el apoyo que el MIRA le brindó en la pasada campaña presidencial.

La mermelada también afianza la relación del Gobierno con el Partido Conservador y el Partido Liberal. Por ejemplo, Juan Hurtado Cano exrepresentante a la Cámara por las toldas azules, fue nombrado embajador de Colombia en Guatemala. Mientras que por el Partido Liberal, la esposa del expresidente César Gaviria, Ana Milena Muñoz fue nombrada como embajadora de Colombia en Egipto; ambas hojas de vida sin experiencia en la carrera diplomática y consular. La cereza del pastel es el nombramiento de Angelino Garzón como embajador de Colombia en Costa Rica.

En esta feria de nombramientos, también salen nombres de familiares muy cercanos a los círculos de poder del uribismo. Por ejemplo, el primo del alcalde de Bogotá, Emilio José Archila Peñalosa, quien había sido nombrado por el alcalde como miembro de la junta directiva de la ETB y Capital Salud, es ahora el Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto. La esposa del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, Clara Elena Parra Beltrán fue nombrada Alta Consejera Presidencial para el Sector Privado y la Competitividad.

Luis Ernesto Araújo, hijo de Fernando Araújo y hermano del senador Nicolás Araújo, del Centro Democrático, fue nombrado Ministro Consejero en Washington. Bibiana Taboada Arango, hija de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, fue nombrada como Subdirectora General para la Superación de la Pobreza del DPS. Juan Camilo Valencia, hijo de Fabio Valencia Cossio y hermano del senador uribista Santiago Valencia, fue nombrado Embajador en Indonesia. Finalmente, Pedro Agustín Valencia Laserna, hermano de la senadora Paloma Valencia, pasa de trabajar en la alcaldía de Enrique Peñalosa, a ser consúl de Colombia en Miami.

Precisamente este último caso, dibuja una tendencia en este reparto burocrático: La salida de funcionarios de la Alcaldía de Bogotá para trabajar con el Gobierno nacional. Fernando Antonio Grillo, quien suscribió tres contratos por un valor de 800 millones de pesos en la alcaldía de Peñalosa, es el nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Margarita Rosa Hernández, contratista de la alcaldía, es la nueva directora para el Posconflicto de la Presidencia de la República. Carolina Villegas de Nubila, quien era asesora y Subdirectora Local de la Secretaria de Integración Social, es la nueva directora de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Fredy Hernando Castro Badillo, exsecretario de Desarrollo Económico del gobierno de Peñalosa y también contratista de la ciudad, es el nuevo asesor de Presidencia de la República.

Los contratos

En la investigación que lidera el representante Racero y su equipo de trabajo, también se denuncian “contratos aguinaldo” que firmó el Ministerio de Vivienda en la última quincena de diciembre, con empresas y personas sin experiencia en el sector.

El primero de ellos, el contrato 755 de 2018 por 13 millones de pesos, suscrito con Duarte y Morales SAS el 19 de diciembre, para ejecutar en 12 días. La empresa, creada en agosto, no tiene experiencia y es de propiedad de Beatriz Eugenia Morales, quien hizo parte de la comisión de empalme de Iván Duque.

El segundo contrato, suscrito con Jhon Wilfer Virguez el 17 de diciembre de 2018, para ser ejecutado hasta el 31 de diciembre, tuvo un valor de siete millones de pesos. Muy parecido al contrato con Germán Enrique Quintero, suscrito el 14 de diciembre de 2018 y cuya finalidad era el fin de mes, por un valor de cinco millones de pesos.

El cuarto contrato, con Leonardo Nicolás Guerrero, suscrito el 12 de diciembre por 11 millones de pesos, también para ejecutar hasta el 31 de diciembre, tiene el agregado que los pagos proporcionales de los días ejecutados se pueden realizar incluso después de finalizada la responsabilidad contractual.

Al revisar los informes de ejecución de los contratos, Racero advierte que al tener plazos irrazonables de menos de 15 días, el resultado no puede ser otro que el incumplimiento, el detrimento del patrimonio público y un fenómeno claro de mermelada política.

Ruido

Luego de publicar esta información, las redes sociales reaccionaron. El caso de Natalia Bedoya, reconocida en el mundo Twitter y quien fue candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, fue el que más ruido generó. Un contrato suscrito el 18 de diciembre por casi 9 millones de pesos, para asesoría jurídica, no solo fue visto como un ejercicio de mermelada sino que despertó indignación, pues en ese mismo diciembre se conocieron fotos de Bedoya en la Feria de Cali.

Si bien la información pública nos muestra la clara tendencia del uribismo por un reparto en los cargos de libre nombramiento y remoción acomodados a sus alfiles más cercanos, lo cierto es que si desea gobernabilidad y rango de maniobra en el mundo político, este reparto burocrático tendrá que involucrar a quienes hoy piden mermelada a gritos: Cambio Radical, Partido Liberal y Partido de la U. Mientras, Racero seguirá vigilando.

Adenda: Gobierno Duque le extendió el contrato a la multinacional Drummond por otros 20 años. El valor del contrato es de 30.8 millones de dólares. El capitalismo insiste en energías no renovables y contaminantes. Pierde Colombia, pierde el planeta.

3 Comentarios

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