La lucha por el socialismo pasa por la paz y los cambios democráticos

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El dirigente comunista Jaime Caycedo en diálogo con el padre Francisco de Roux. Foto Juan Carlos Hurtado.

Intervención del secretario general del Partido Comunista Colombiano ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

Jaime Caycedo Turriago
@JaimeCaycedo

Construir la verdad histórica tiene que ser una gran tarea colectiva no excluyente. Por doloroso que sea, hay que reconocer que estamos tratando de superar un largo período fratricida, de represión social y persecución política a la izquierda en Colombia. Pretender que eso no ha existido es una deformación intencionada de la realidad.

Sabemos que el negacionismo en el actual gobierno intenta deslegitimar el Acuerdo Final de Paz y el proceso de solución política en curso. Tambien recordamos que el 22 de marzo de 2016, en el teatro Carlos Marx de La Habana, el presidente estadounidense Barack Obama dijo: “He venido aquí para enterrar el último resquicio de la guerra fría en el continente a americano”. Cuatro años después el señor Trump se lanza en improperios contra el socialismo y el llamado “castrochavismo”.

Anticomunismo como práctica ideológica

De allí que deseemos exponer ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad algunos de nuestros puntos de vista:

  1. El anticomunismo es una práctica ideológica y su papel es estigmatizar, señalar, encerrar a una parte de la sociedad, crítica y a la vez alternativa al mundo del capital, en una categorización del mal. Crear un “enemigo” interno sigue siendo un método eficaz para las cruzadas dirigidas a erradicar el mal, eludiendo las transformaciones democráticas.
  2. La anomalía colombiana se incuba a partir de la Novena Conferencia Panamericana, la creación de la OEA y el Bogotazo. El 9 de abril de 1948 inauguró un anticomunismo especialmente prefabricado para Colombia y América Latina, en el marco de una geopolítica de subordinación de la guerra fría. Determinó el grave antecedente para Colombia de ser el único país latinoamericano que envió tropas nacionales a combatir el comunismo en Corea.

El daño más grande fue convertir al Ejército nacional en el vector y ejecutor de una modalidad de guerra de baja intensidad, GBI. La dictadura militar ilegalizó el comunismo. El Frente Nacional y el post Frente Nacional cultivaron y heredaron esa inspiración de segregación y ghetto, que llega hasta el presente potenciada e integrada al pacto global de la OTAN.

La matanza estudiantil del 8 y 9 de junio de 1954, las Operaciones Villarrica de 1955, Marquetalia de 1962 y 1964, fueron estruendosas masacres justificadas en el exterminio masivo de comunistas. Al término del Frente Nacional, el país conoció los genocidios de la Unión Nacional de Oposición, UNO, y el Frente Democrático, antecedentes próximos de la Unión Patriótica. Sufrimos en el presente el genocidio de excombatientes, líderes y lideresas locales comprometidos/as con la paz.

Genocidio político continuado y extendido

  1. En un cuadro de persecución y exclusión sistemáticos, el Partido Comunista ha sido objeto del genocidio político continuado y extendido, sistemático y premeditado de un grupo nacional. Continuado, en una larga duración que aún no concluye. Extendido, a líderes/esas sociales, étnicos, culturales e intelectuales no comunistas.

Las prácticas genocidas en Colombia no surgieron con la Unión Patriótica. Desde los albores del siglo XX acompañaron la configuración del capitalismo y su régimen político. Los crímenes contra miembros de la UP mostraron la intención de destruir el alma organizativa que incluía una gran proporción de militantes, activistas y dirigentes connotados del Partido Comunista Colombiano, entidad que asumió compartir, unitariamente con otras expresiones partidistas, el compromiso de constituir la UP como el movimiento político para la paz.

  1. No puede ser democrático un “Estado Social de Derecho” que convive con una práctica social genocida sin confrontarla, someterla, superarla y repararla, lo que lo hace cómplice, encubridor y necesariamente coautor. El fundamentalismo ideológico anticomunista produce exclusión, suprime la igualdad política, genera falsas democracias caracterizadas por la legitimación del exterminio y de los aparatos encargados de producirlo.

El terrorismo de Estado es una de las manifestaciones más evidentes de la degradación de una sociedad excesivamente militarizada. El reto de la justicia restaurativa es también reconocer las causas profundas del exterminio fundadas en fanatismos y prejuicios ideológicos para encubrir intereses y privilegios privados.

Paz y cambios democráticos

  1. La resistencia social de masas y la rebelión no son una causa de la guerra sino una respuesta a la opresión, el acorralmiento, la estigmatización, el ghetto y el exterminio. El Partido Comunista ha reconocido todas las formas de lucha de masas que han expresado esa resistencia como un derecho vital y ha buscado la unidad de todas las vertientes políticas dispuestas a contribuir a una solución por la vía política.

Los Congresos comunistas desde los años 60 han dejado testimonio documentado, en tiempo presente, de una concepción de paz con justicia social y reformas democráticas, resultado de un acuerdo con la más amplia participación e inclusión social. La lucha por el socialismo pasa por la paz y por los cambios democráticos que reclama Colombia.

  1. Para garantizar la no repetición, se necesita ahora reconocer la sistematicidad de los crímenes de Estado, identificar los intereses de “terceros” en la dirección de la violencia y sentar como premisa que las víctimas fueron asesinadas por sus convicciones políticas, develan que la conspiración no provenía de los de abajo, sino que se larvaba principalmente en las altas esferas del poder.

La confrontación social no fue un asalto al Estado, fue un ataque sistemático desde el poder contra los débiles, para acaparar más tierras, concesionar riquezas mineras e hídricas y secuestrar la política pública para ponerla exclusivamente al servicio de la acumulación privada de capital.

7. El Acuerdo final de Paz y las decisiones vinculadas a su implementación prueban que el Estado ha reconocido a la insurgencia político-militar como interlocutor válido, que actuó en recurso al derecho de rebelión, merced a lo cual se hicieron posibles el diálogo, la negociación y el Pacto suscrito. En virtud de tal reconocimiento la guerrilla de las FARC-EP hizo dejación de las armas. Este reconocimiento ha sido el verdadero paso histórico que puede abrir la puerta de la democratización de Colombia.

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