Camilo Raigozo. Notimundo
El pasado 10 de abril la sociedad civil, representada en la comisión de seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 y de reforma estructural al sistema de salud y seguridad social (CSR) y la alianza nacional por un nuevo modelo de salud (ANSA) radicó en la secretaría general del senado el proyecto de ley ordinaria en salud.
En el acto estuvieron presentes algunos de los 18 congresistas que apoyan la iniciativa, entre ellos la senadora Gloria Inés Ramírez, el secretario de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, organizaciones de la sociedad civil, ONG, organizaciones médicas, organizaciones de pacientes y organizaciones académicas.
“Nosotros como congresistas estamos comprometidos con este proyecto de ley, no solo de ayudar a la presentación y de coadyuvar en el proceso de construcción, sino que vamos hacer un debate grande y profundo ante el país”, dijo Gloria Inés Ramírez.
Entre el proyecto de ley de reforma a la salud presentado por el Gobierno y el que presentó la sociedad civil hay enormes diferencias.
Empezando porque el proyecto del Gobierno ve a la salud como una mercancía y un jugoso negocio de particulares, mientras que el de la sociedad civil pone a la salud como un derecho fundamental y por ende de obligatorio cubrimiento por el Estado.
“Hay dos proyectos de ley de esencia totalmente diferentes. El que ha planteado el Gobierno nacional a través del ministro de Salud, que mantiene con nombre distinto el jugoso negocio de las EPS, que tanto daño les han hecho a los colombianos y un sistema de salud que colapsó y que no es coherente con la ley estatutaria.
“Y por otro lado nuestro proyecto, que pone a la salud como un derecho fundamental del ser humano y desde allí acabaremos con la odiosa centralización que se tiene hoy. Vamos a la descentralización, con un modelo de salud que tenga como base la comunidad y no el capital”, expresó Ramírez Ríos.
Las siguientes son algunas de las diferencias existentes entre el proyecto presentado por el Gobierno y el presentado por la sociedad civil, según ANSA:
Concepción de la salud: Para la sociedad civil (SC) es un derecho fundamental. Para el Gobierno es un negocio privado.
El acceso a los servicios médicos: Para la SC, debe prestarse directamente en el lugar de residencia o trabajo, con la sola presentación del documento de identidad.
Para el Gobierno, a través de las EPS o EGS, presentando carnet y de acuerdo a los convenios que las empresas intermediarias tengan.
Financiación: Para la SC, con recursos públicos provenientes de cotizaciones e impuestos.
Para el Gobierno, con recursos públicos provenientes de cotizaciones e impuestos y recursos de las personas y sus familias, a través de cuotas moderadoras y copagos según su capacidad económica.
Destino de los recursos de la salud: Para la SC, deben ir a la salud pública teniendo en cuenta la estrategia de atención primaria en salud y servicios médicos requeridos. Los recursos son públicos de principio a fin y deben ser invertidos únicamente en salud.
El Estado garantiza, proteger y respetar el derecho fundamental a la salud. Su papel es central en la toma de decisiones, controla el sistema y orienta las políticas del sector.
Para el Gobierno, los recursos van para los intermediarios privados llámense EPS o EGS y lo que sobre al pago de servicios de salud.
Los recursos dejan de ser públicos cuando se giran a las EPS o EGS. Los recursos públicos se podrán invertir en lo que los privados quieran, como canchas de golf, edificios, clubes, turismo, condominios, etcétera.
El papel del Estado: Para la SC, el Estado garantiza, protege y respeta el derecho fundamental a la salud. Su papel es central en la toma de decisiones. Controla el sistema y orienta las políticas del sector.
Para el Gobierno, el Estado limita su función de garantizar, proteger y respetar el derecho a la salud de acuerdo a la oferta de la empresa privada. Debilita su papel de controlar el sistema y de orientar la política del sector. Las decisiones de salud siguen son secundarias a las ganancias. Es decir se toman de acuerdo a la rentabilidad de las empresas.
“La gente está cansada de que se diga que la salud avanza pero en la practica el servicio sigue siendo deteriorado, siguen las barreras de acceso y siguen los mismos obstáculos.
“Con el concurso de todos vamos a trabajar para que los colombianos tengan un programa distinto de salud. La Ley 100 no acepta remiendos, hay que hacer un cambio estructural”, enfatizó Ramírez Ríos.
Finalmente la legisladora comunista le pidió al pueblo colombiano que respalde la propuesta social con masivas movilizaciones, exigiéndole al régimen en la calle y en las urnas que su voz sea escuchada, “así como lo hizo el 9 de abril en la marcha por la paz para consolidar y configurar un cambio histórico, que haremos también con la salud”.
