La Justicia española, haciendo caso omiso a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco, continúa con su estrategia de guerra.
La última semana hemos tenido conocimiento de dos nuevas decisiones jurídico-políticas contra el independentismo vasco y contra el proceso de soluciones abierto en Euskal Herria.
A principios de semana teníamos noticia de que el Tribunal Constitucional español desestimaba los recursos impuestos, ante la sentencia del caso Bateragune, en los que se solicitaba la suspensión de la ejecución de las condenas impuestas por el Tribunal Supremo (TS). Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez seguirán en prisión como mínimo hasta conocer la sentencia definitiva.
Estos cinco militantes abertzales fueron condenados por impulsar el cambio político que ha posibilitado la apertura del nuevo ciclo que vive nuestro pueblo; es incomprensible que continúen en la cárcel los impulsores de un escenario de paz y soluciones. La cerrazón del estado los mantiene en prisión contra la voluntad mayoritaria de este pueblo.
Muchas fueron las voces que mostraron su disconformidad con esta decisión y que no comprenden como se mantiene en prisión a estas personas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, del PNV, dijo que ninguno de los encarcelados debía ser condenado y lamentó que haya quienes se dedican a mirar permanentemente hacia atrás. Desde el PSE, también se escucharon voces críticas con esta decisión como la de Odon Elorza. Llamativa resulta también la editorial del periódico español cercano al PSOE, El País, en la que crítica esta decisión.
Desde EH Bildu se considera este fallo como una decisión política, que refleja la actitud del Estado español para con la nueva situación abierta en Euskal Herria.
El Estado español mantiene su política de represión y excepción para intentar frustrar el escenario de paz y resolución en la sociedad vasca. Pero se equivocan, la mayoría política y social de Euskal Herria ha optado por la construcción de un camino de paz y soluciones, en colaboración con la comunidad internacional.
La pasada semana también teníamos noticias en torno al sumario 35/02 en el cual serán juzgados 40 militantes de la izquierda abertzale por su relación con las herriko tabernas (locales sociales de la izquierda abertzale). Conocíamos que el juicio contra estos militantes políticos comenzará el próximo 17 de octubre. Fecha en la que se cumplirá el segundo aniversario de la Conferencia Internacional de Aiete, que supuso un hito importante en el proceso de resolución al conflicto.
Entre los encausados figuran importantes dirigentes de la izquierda abertzale, ex parlamentarios y otros militantes referenciales. La mayor petición fiscal, de 12 años de cárcel, es para Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufi Etxeberria. Para otros 20 imputados el Ministerio Público solicita diez años, y ocho años para el resto de imputados. Además de los procesados, también tendrán que declarar los responsables civiles de más de cien «herriko tabernas».
Hay que recordar que este macrosumario se abrió en abril de 2002 con la detención de varios ciudadanos vascos relacionados con estas sedes sociales. Tras casi seis años de instrucción, el juez Garzón concluyo el sumario en 2008, procesando a estos 40 militantes de la izquierda abertzale. Ahora, tras más de 11 años de espera y con su vida condicionada por las medidas impuestas por el juez y por un futuro incierto, se ha conocido que el próximo otoño comenzará el juicio. A ninguno de los procesados se les imputa ni una sola acción violenta, sino participar en un proyecto político que el juez instructor y la Fiscalía vinculan a ETA.
Para Sortu una vez más tenemos que hablar de un nuevo juicio político. Por dos razones:
• Primera, porque se juzgará a 40 personas por su actividad política.
• Y segunda razón, y principal: porque con este juicio el Estado español persigue un objetivo político.
El objetivo del mismo es actuar contra el escenario abierto en Euskal Herria; atacar/sabotear el proceso de construcción de la paz.
Es incomprensible que ante la nueva situación política en la que estamos, tras 19 meses de la decisión unilateral de ETA de dar por terminada su actividad armada, el Estado no solo mantenga una posición de bloqueo sino, yendo más allá, alimente la involución del proceso.
Este juicio es un reflejo evidente de la actitud mantenida por los enemigos de la paz en los últimos dos años. Decimos que son enemigos de la paz porque temen la paz, temen un escenario de paz en el que podamos decidir los vascos y vascas en libertad.
