La situación colombiana es el resultado de la caducidad de un proyecto educativo donde las y los estudiantes son su principal baluarte y el agente dinamizador de cambio
Jhonny Marín
@JhonnyMarinC
La potencia que ha desatado la actual coyuntura del movimiento universitario, permite decir, a 100 años del Manifiesto de Córdoba: Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más.
El actual escenario es la síntesis de múltiples determinaciones, entre ellas la contención de una crisis que se ha desbordado a causa de la incapacidad de la clase dominante de lograr ver en la educación algo más que la rentabilidad económica.
En el modelo de subsidio a la demanda, las instituciones no obtienen los recursos correspondientes para su funcionamiento, mantenimiento, investigación y planta docente, viéndose obligadas, entre ellas, a competir por una mayor asignación presupuestal, por medio del proceso de acreditación de alta calidad.
En esa lógica se crean mecanismos que privatizan la universidad pública, ejemplo de ello es el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso, soportado en el Icetex, los programas como Ser Pilo Paga y hoy el programa Generación E, que aspira destinar 3,5 billones en la generación de 320 mil nuevos cupos, entre Instituciones de Educación Superior, IES, públicas y privadas, que servirían para mejorar la educación pública superior, y buscar garantizar el acceso universal, gratuito y de calidad.
La aplicación de esta política desde la promulgación de la ley 30/92 ha dado como resultado que las IES no encuentren mecanismos para contener la crisis. Según cálculos del Sistema Universitario Estatal, SUE, la deuda histórica se estima en 3,2 billones en funcionamiento y 15 billones que se han dejado de percibir en inversión, para un total de 18,2 billones que han dejado de percibir las universidades públicas. Para el caso de las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias, ITTU, se estima que se requieren $819.766 millones para funcionamiento y $636.133 millones para inversión, para un total de alrededor de 1,5 billones.
El acuerdo entre Gobierno y los rectores
Se estableció la fórmula con relación a los recursos de funcionamiento: un IPC+ 3 puntos porcentuales en 2019 e IPC + 4 puntos porcentuales para 2020, 2021 y 2022, lo que correspondería a una adición de $95.311,52 millones, $130.894,49 millones, $136.130,27 millones y $141.575,48 millones respectivamente, para un total en cuatro años de $503.911,76 millones adicionales a la base presupuestal. Insuficientes y contradicen el propio estudio hecho por el SUE, que establece la cifra de 3,2 billones de pesos.
Además, se anuncia un monto de inversión de 320 mil millones de pesos durante el periodo de gobierno, y 1 billón de regalías del cual no hay claridades de dónde van a salir. Todas estas cifras que parecen alicientes para el funcionamiento de las universidades, lo único que hacen es postergar su ahogamiento.
El acuerdo entre el gobierno y los rectores solo pretendía generar la percepción de resolución del problema económico de las IES públicas, con la intencionalidad de restar legitimidad al movimiento universitario, disminuir su capacidad de movilización y esperar que se desquebrajara.
Carácter del movimiento universitario
Pese al acuerdo entre el SUE y el Gobierno, el movimiento ha logrado mantener la unidad de propósito de los objetivos, a sabiendas que la realización plena y en la totalidad del conjunto de las peticiones establecidas en el pliego son difíciles de llevar a cabo al instante.
Ahora bien, el movimiento universitario no es homogéneo y su nivel de diferencia radica en los alcances, métodos, procesos y dinámicas internas en las Instituciones de Educación Superior, como también los procesos que cobijan procesos, es decir, varía según si se es de la Unees, Acrees, Fenares, ASPU, Asoprudea, Arpup y Mesa de Profesores de la Universidad Nacional. El movimiento universitario y su mesa de negociación, es hasta el momento, una coordinación de procesos asamblearios y de organizaciones, bajo la idea de complementar los pliegos de peticiones en la negociación con el Gobierno.
La Mesa de Negociación entre el Movimiento Universitario y el Gobierno, se suspendió dada la nula disposición del Ministerio de Educación de hacer propuestas que permitieran dar salida a la crisis. Pretendía generar una mesa que tuviera como límite las bondades del acuerdo ya hecho con el SUE. No existe la voluntad política de modificar las destinaciones aprobadas en el Presupuesto General de la Nación, pero sí existen unos mínimos en la negociación que son: a) Obtener los recursos correspondientes a $500 mil millones para cubrir el déficit de las IES correspondiente a la vigencia 2018; b) Recuperar los recursos destinados a la educación superior pública establecidos en la Reforma Tributaria mediante la Ley 1819 de 2016; c) Frenar el programa Generación E y la agenda de acceso gratuito gradual a la educación superior –Sistema de Financiación Contingente al Ingreso, FCI, esto permitiría cumplir parcialmente el punto del Pliego Nacional correspondiente a la derogación de la Ley 1911 de 2018; d) Establecer una comisión conjunta con el cuerpo de vocerías, el SUE y el Gobierno nacional para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 e incorporar el plan de pago de la deuda histórica, los recursos para ciencia y tecnología, entre otros; e) Establecer una agenda que convoque un gran debate nacional sobre la situación actual de la educación superior y las posibles salidas a la crisis.
El movimiento universitario y su dinámica
En la última semana se han repetido las fórmulas del Establecimiento que pretenden deslegitimar la lucha universitaria. Los señalamientos que se han hecho al movimiento estudiantil tienen como origen las acciones del Estado a través del Esmad. Acciones como el hostigamiento en la Universidad de Pamplona, en horas de la noche con artefactos explosivos; el levantamiento violento del campamento universitario en la ciudad de Popayán, retención violenta a estudiantes en el CAI del Rosario y la calle 100 en la ciudad de Bogotá e incursión de agentes del CTI en la Universidad Distrital. A ello se suma la suspensión del semestre de diferentes universidades y la negativa del presidente Duque de acceder a la reunión con el cuerpo de vocerías del movimiento universitario.
Estamos escribiendo una vergüenza menos para nuestro país, hemos asumido la tarea de escalonar las acciones del movimiento universitario y diversificarlas para evitar el desgaste, como marchas, carnavales, tomas a plazas, campamentos en las IES, la toma del edificio Uriel Gutiérrez de la Universidad Nacional y la toma que se generó en la Gobernación de Nariño, ambas de forma pacífica. Estas solo pretenden llamar la atención del Gobierno nacional, para que pueda sentarse con propuestas certeras y reales con el movimiento universitario para saldar la crisis de las Instituciones de Educación Superior. ¡Los dolores que quedan son las libertades que faltan!
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