Roberto Amorebieta
Mucho revuelo está causando la publicación del Washington Post en el sentido de que la CIA decidió, diseñó y llevó a cabo no sólo los bombardeos contra los comandantes de las FARC sino toda la estrategia contrainsurgente que se adelanta en el país desde 1998, es decir, desde que iniciaron los diálogos del Caguán bajo la presidencia de Andrés Pastrana. Independientemente del patetismo de las declaraciones de los altos funcionarios del Estado colombiano en las que se reconoce que dicha “colaboración” ha existido y del pedido de explicaciones que algunos congresistas colombianos, como Iván Cepeda, han hecho al gobierno, quedan en claro varias cosas:
1. Se confirma algo que todos sabíamos pero que no habíamos podido probar fehacientemente, hasta ahora: Que el gobierno y las Fuerzas Armadas colombianas no son sino un apéndice de los organismos norteamericanos de defensa: el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, la Casa Blanca, la CIA, la DEA y el ejército estadounidense.
2. La “guerra contra el terrorismo” y su expresión criolla, la política de “seguridad democrática”, tiene como objetivo arrinconar y destruir cualquier movimiento u organización que pretenda hacer frente a la hegemonía estadounidense. La persecución de los bandidos se hace selectivamente, no contra realmente los que son un peligro para la seguridad global. Ello se demuestra con la complacencia de los operadores militares y políticos con los paramilitares colombianos o, por ejemplo, con los grupos mercenarios que hoy cometen toda suerte de atrocidades en Siria intentando derrocar el gobierno de Al Asad.
3. Los actuales diálogos de paz en La Habana no sólo cuentan con la aprobación norteamericana (sin la cual sencillamente no estarían llevándose a cabo) sino que son una directriz y parte de su política exterior. A Estados Unidos le conviene un país pacificado para que la penetración de las multinacionales pueda hacerse sin mayores tropiezos. No estamos, por tanto, ante una decisión política soberana del gobierno colombiano sino ante el cumplimiento de una orden emanada en Washington.
Eso significa, en plata blanca, que el equipo negociador del gobierno en La Habana no representa los intereses del gobierno colombiano (no digamos ya de la sociedad colombiana) sino los de Estados Unidos.
4. Lo anterior lleva a pensar que, identificado el verdadero interlocutor, una vez firmados los acuerdos de paz no existe razón por la que se suspenda la persecución contra quienes se oponen, por ejemplo, a los TLC, a las explotaciones mineras que depredan el medio ambiente, a las fumigaciones de los cultivos de uso ilícito o a la presencia militar norteamericana en Colombia. Aquí no estamos, por tanto, ante una lucha contra el terrorismo, ni siquiera ante una lucha meramente contrainsurgente; estamos ante una agresión contra los intereses del pueblo colombiano en su conjunto.
Una vez desactivada la “amenaza guerrillera”, los nuevos enemigos a combatir serán los campesinos, las poblaciones que se oponen a la megaminería como Piedras, Cajamarca o Tauramena, los partidos políticos de izquierda que propugnen por defender la soberanía nacional, los defensores de derechos humanos, los intelectuales progresistas, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles que luchan por una educación al servicio del país y no de los mercados, en fin…
5. En ese marco es comprensible la oposición férrea del uribismo contra el proceso de paz. Una vez terminada la guerra, la ultraderecha no sólo se quedará sin discurso e incluso sin razón de ser, sino que el propio Álvaro Uribe pasará de ser un aliado importante de la estrategia norteamericana para Colombia a ser un estorbo.
Tal vez la firma de los acuerdos sea el campanazo que indique no sólo que es hora de hacer público el dossier que los organismos de inteligencia estadounidenses tienen contra el narcotraficante número 82, sino incluso su pedido oficial de extradición. Situación similar a la que vivieron antiguos aliados de Estados Unidos como Manuel Antonio Noriega, Saddam Hussein o el propio Osama Bin Laden.
6. Las perspectivas hacia el futuro son de lucha. El fin de la guerra no significará el fin de las hostilidades contra el pueblo colombiano, porque, como ya sabemos, la revolución no se firmará en la mesa de negociaciones. Las condiciones de inequidad, pobreza, exclusión y violencia continuarán y es deber de los sectores populares y democráticos mantener la movilización.
Un primer paso es votar masivamente por las listas a la Cámara de la Unión Patriótica en todo el país y acompañar la lista de la Alianza Verde al Senado con Carlos Lozano. Pero la lucha no termina allí, ni mucho menos. Es importante continuar y fortalecer la organización estudiantil, campesina, sindical y popular a todos los niveles. Sin concientización no hay organización, sin organización no hay movilización, sin movilización no hay lucha y sin lucha no hay victoria.
7. Dice un aforismo chino: “Ojalá te toquen tiempos difíciles”. Pues bien, ojalá 2014 sea el año en el que los sectores populares y democráticos consoliden sus iniciativas en pos de un país más justo, equitativo, soberano y en paz. Serán tiempos difíciles, pero ese el reto. Sacar a Colombia del medioevo y proyectarlo hacia el socialismo. ¿Difícil? ¡Por supuesto! Pero de eso se trata. Deseo a todos los lectores, por tanto, un nuevo año lleno de luchas y victorias.
