Sergio de Zubiría Samper
Se ha desarrollado el Foro sobre Drogas, convocado por PNUD y la Universidad Nacional, los días 24 a 26 de septiembre. Una importante participación de las regiones colombianas, expertos internacionales y nacionales, el clero y los movimientos sociales. La inasistencia de los gremios económicos y las organizaciones ambientalistas es sinceramente una lástima.
Las conferencias que abrieron el Foro muestran la preocupación universal por la búsqueda de soluciones reflexivas y creativas. En medio de la riqueza de intervenciones se pueden ubicar algunos consensos o convergencias frente a la actual política contra las drogas, inaugurada en el gobierno norteamericano de Nixon, en 1971, denominada “guerra contra las drogas”.
El primer consenso es la necesidad de promover un amplio diálogo nacional y latinoamericano sobre las políticas antidrogas vigentes, que se nutra de rigurosas investigaciones científicas y logre evitar los lugares comunes, la demonización y la doble moral frente al problema.
La segunda convergencia es el incremento del reconocimiento de que la llamada “guerra contra las drogas” tiene muchos más costos que beneficios. El calificativo para caracterizar esta situación varía en intensidad, ya que para algunos analistas se trata de un “fracaso estructural” y para otros de “insuficiente”, “rectificación”, “reformulación integral”, “nuevo diseño institucional”, etc.
En general se sostiene que los enfoques de reducción de la oferta a través de una política criminal han resultado insuficientes para abordar las causas de la producción, circulación y consumo de estas substancias. Una crítica reiterada es la priorización del sistema de control de drogas por encima del sistema internacional de Derechos Humanos.
La tercera convergencia es la conciencia de la inexistencia de una receta o un único camino de solución, pero al mismo tiempo, la reiteración de que existen políticas alternativas en el campo teórico y práctico. La condición para la consolidación de estas políticas alternativas es su construcción con la participación de los dolientes o afectados directamente y siempre desde abajo, escuchando las voces de la víctimas del común.
El cuarto consenso es la ratificación de que el narcotráfico ha influenciado la mayoría de las dimensiones de la vida social en Colombia con complejos efectos en la economía de la guerra y la cultura.
La quinta convergencia es que ninguna solución estructural puede limitarse a “sustitución de cultivos”, tiene que enmarcarse en concepciones profundas de desarrollo rural alternativo. La sustitución es sólo un aspecto de la ruta o solución, que reabre el punto 1 de las conversaciones en La Habana. Sin un fondo de tierras, sin límites a la extranjerización, sin seguridad social, sin vías de comunicación, etc., no será posible una vida digna en el mundo rural.
