El gremio ganadero, los ejércitos paramilitares, políticos de extrema derecha y el Ministerio Público comprometidos en legalizar despojos
Hernán Camacho
@camachohernan
En una correría por los departamentos más afectados por el despojo de tierras a manos del paramilitarismo, el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, le advirtió al Gobierno nacional, en airados discursos, que el Ministerio Público respaldará a los dueños de las tierras que son objeto de procesos de restitución por considerarlos tenedores de buena fe.
La afirmación fue hecha por Ordóñez en medio de una convocatoria realizada a terratenientes y ganaderos del departamento del Cesar, auspiciada por el presidente del Fedegán, gremio que agrupa a los ganaderos, José Félix Lafaurie; quien anotó que los ganaderos no van a devolver un milímetro de tierra pues asegura que esa restitución es un despojo impuesto desde la mesa de La Habana por la guerrilla de las FARC-EP.
La derecha en tribuna
Según el jefe del gremio ganadero los reclamantes de las tierras están agrupados en organizaciones campesinas cuyos nombres rememoran a dirigentes históricos de la izquierda colombiana, y esa sería la razón para asegurar que los procesos de restitución de tierras arrebatadas por el paramilitarismo estarían viciados y orientados a atropellar a sus dueños actuales.
Para la Procuraduría los testaferros de las estructuras paramilitares que bajo las órdenes de políticos, terratenientes y ganaderos, asesinaron, desplazaron y arrebataron tierras son “comunidades de la región, que quieren plantear preocupaciones sobre la aplicación de la Ley”.
Carta pública
Para la dirigente de la Unión Patriótica, Aída Avella, la actitud del procurador no solamente es reprochable sino que sugiere una estrategia de defensa del despojo, convirtiendo esa institución en cómplice del dolor causado por el paramilitarismo en el país. “Las víctimas de la Unión Patriótica estamos indignadas, al constatar que usted coincide con quienes en buena parte, han concentrado la tierra en Colombia empleando la violencia para apropiarse de grandes extensiones de tierras”, señaló la misiva pública enviada por la colectividad a Ordóñez.
Para Avella el asunto responde a una de las causas originarias del conflicto: la tenencia desigual de la tierra en Colombia. “Utilizar la entidad que usted dirige –Alejandro Ordóñez- para defender la concentración de la tierra. Según el último censo agropecuario el 0.4% de los colombianos tiene el 46 % de la tierra. No hay sistema más inequitativo en el mundo que el colombiano. El enriquecimiento ilícito a costa del sufrimiento de la gente se mantiene en las instituciones que usted debería investigar y que no lo hace porque ahí están los intereses de la clase dominante, de los ricos de Colombia y de los que se dicen dueños de la tierra”, indicó.
Otras voces
La estrategia de defensa de los testaferros del paramilitarismo y auspiciadores del despojo en Colombia no solo está en manos de Ordóñez. El Centro Democrático ha iniciado una cruzada para defender a quienes son considerados dueños de buena fe de la tierra en departamentos como el Cesar, Bolívar y Magdalena. El 29 de julio de 2015, la representante a la Cámara por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó un debate de control político en el que señaló que los reclamantes de tierra eran personas motivadas por la insurgencia.
Pero la denuncia más grave la hizo el senador Iván Cepeda mediante una constancia presentada el pasado 13 de abril en la Comisión Segunda de esa corporación. De acuerdo al senador del Polo Democrático hay ejércitos antirrestitución planeando acciones militares y otros sectores acudiendo a acciones judiciales para detener el proceso de restitución de tierras.
Denuncia
“La Corporación Jurídica Yira Castro denunció que se venía creando un proceso antirrestitución en Chibolo, Magdalena, orquestado por Augusto Castro Pacheco, alias ‘Tuto’ Castro y Saúl Severini ex paramilitares del bloque norte, la familia Cortina Calanche, una persona conocida como el ‘Mono Bedoya’, Gerardo Orozco, firmante del pacto de Chibolo, así como ganaderos del sector de El Difícil y de San Ángel. Este grupo se estaría promoviendo en varias veredas, solicitándoles apoyo económico a los ganaderos, y al parecer, con el apoyo de gente “nueva” en la región. Refiriéndose con ello, a personas que se conocen como los ‘Paisas’, quienes tendrían un vínculo directo con la familia Castaño Gil” señaló la denuncia expuesta por Cepeda.
La premisa anti restitución de la derecha no solo estaría actuando militarmente. La denuncia de la Corporación Yira Castro, señala que se creó una “asociación de víctimas de despojo del Estado, Asovide” y “se realizó una primera reunión en febrero de 2016, a la que fueron invitados ganaderos y segundos ocupantes de Parapeto, Oceanía y otras veredas. Aseguran que a esa reunión asistieron: el ‘Mono Bedoya’, los Cortina Calanche, miembros de la familia Castro, otros reconocidos opositores en estos procesos, y una mujer, a quien los asistentes identificaron como cercana a ‘Tuto’ Castro, que supuestamente ofreció prebendas, proyectos productivos y otras cosas a quienes apoyaran este grupo. Luego, se habría citado a una segunda reunión el 5 de abril, para la cual les solicitaron dinero a los ganaderos, con el fin de atender a los funcionarios que asistirían”, señala la denuncia.
Panfletos
En el municipio de San Ángel, lugar del encuentro de ganaderos convocado por el presidente de Fedegán circularon volantes firmadas por la Asociación Nacional de Víctimas de Restitución de Tierras, Asocolvirt, en donde señalan que las propiedades del municipio de Sabana de Torres, Santander “están en riesgo inminente por la expropiación del Gobierno nacional a través de la ley 1448 de 2011 de restitución de tierras; por tal motivo queremos invitarlo a una reunión contra este flagelo”.
“Claro que existen algunos casos de segundos ocupantes de buena fe exenta de culpa. En cada uno de esos casos los jueces de restitución están obligados a tomar medidas para proteger los derechos de estos segundos ocupantes. Pero solo son algunos casos, los demás son cómplices de paramilitares que pretenden presentarse como campesinos afectados por la restitución”, advirtió Iván Cepeda.
Cifras de restituciones
A todo eso se suma que el Ejecutivo ha sido ineficiente en el apoyo administrativo a la jurisdicción de tierras. Nora Saldarriaga, de la Fundación Forjando Futuro de la Universidad de Antioquia aseguró que la aplicación de la ley de Victimas y Restitución de Tierras está estancada. Indicó que se han realizado 87.118 mil solicitudes de las cuales 2.943 han sido resueltas por parte de jueces de la Unidad de Tierras representando la devolución de 197.927 hectáreas. La Fundación estudió 1.500 sentencias de los jueces de restitución y de ellas el 94% han sido favorables a reclamantes en calidad de víctimas. Llama la atención que cinco personas aparecen como opositores a las solicitudes de restitución en casi la mitad de las solicitudes. Es decir, esas personas ante los jueces no han logrado comprobar la buena fe exenta de culpa para adquirir las tierras despojadas.
Entonces la estrategia contra la restitución de tierras tiene aspectos militares, con ejércitos antirrestitución evocando el paramilitarismo tradicional, políticos con el respaldo de la bancada del Centro Democrático, el sector gremial a la cabeza de Fedegán e institucional con la Procuraduría General de la Nación. Todos enemigos del proceso de paz y legitimadores del actuar paramilitar. Un pulso que el gobierno debe ganar para hacer efectiva la construcción de paz.
