Por la estatización de los servicios esenciales

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Alfonso Conde

La ganancia es la esencia del capitalismo. El lucro privado a partir del trabajo o la necesidad ajena es el único objetivo de cualquier empresa que se inscriba dentro de la esfera de este sistema corruptor de la vida, la sociedad y la naturaleza.

Antes, la labor explotadora se concentraba en el robo directo del producto del trabajo del proletario; pero el nivel de explotación de ese esclavo moderno llegó a tal extremo que el margen capitalista para incrementar tal robo se ha ido reduciendo al punto de que ya se atenta contra la supervivencia misma de quien crea la riqueza. Tasas de explotación del 400% dejan muy escaso margen para la vida. Los negocios apetecidos por los grandes empresarios del capital, nacionales y extranjeros, se orientan ahora hacia la mayor ganancia por la conversión de las necesidades humanas y sociales en mercancías. Salud, educación, energía, agua potable, movilidad, comunicaciones, compiten con la explotación directa como fuentes de lucro para incrementar el capital, gran objetivo de su vida para la burguesía.

Con el manido discurso de la supuesta “eficiencia” de la empresa privada, en contraposición al imperio de la corrupción y el burocratismo en la pública, se ha ganado en la mente de los colombianos la idea de la supremacía del capitalismo y la privatización para la satisfacción de las necesidades humanas. En general mucha gente se lo cree. No bastan los ejemplos del fracaso de la gran mayoría de las empresas dedicadas al servicio de la salud de los colombianos, las EPS, que destinan sus muy cuantiosos ingresos a otros negocios extraños sustrayendo recursos al servicio; ello ha conducido a la quiebra de tales empresas de la “salud” y a la desprotección de los ciudadanos. De otro lado, la educación en proceso de privatización ha conducido a distanciar las clases sociales: mientras la mayoría recibe instrucción para el trabajo y para su inserción futura como herramientas productivas, otros, los que pueden pagar, reciben formación de calidad.

Se ha agitado últimamente el escándalo del servicio de energía eléctrica suministrado por la empresa privada Electricaribe, encargada del servicio en siete departamentos de la costa norte colombiana, en manos de la trasnacional Fenosa, responsable además de la distribución de gas natural en el interior del país. La ineficiencia del servicio esencial brindado por esta empresa privada llegó al extremo tal que obligó a la cancelación del contrato por parte del Estado. El fracaso del “negocio” fue de carácter superlativo y la insatisfacción popular y aún empresarial, perjudicados por la inestabilidad del suministro, obligó al gobierno a reversar la entrega al empresario privado. Es que para ningún empresario capitalista la prioridad es el servicio al público sino su propio beneficio y su voracidad, que se desmadra aún más cuando se trata de empresas monopólicas como el suministro de agua y energía. Cuando esta circunstancia no está presente, el servicio, indispensable para la vida de la sociedad, se encarece al menos en la ganancia del privado a cargo del suministro.

Otros casos notables son las concesiones de obras públicas y de su mantenimiento a empresas privadas, ya famosas por los sobrecostos y los sobornos. La lista es larga: Odebrecht y Ruta del Sol II, Odebrecht y Navelena, Odebrecht y EAAB, Glencore – CBI y Reficar – Ecopetrol, todas con entuertos, las APP que se imponen en Bogotá ($3 billones en proyectos nuevos), la reciente privatización de Isagén y las próximas empresas del grupo Ecopetrol y la ETB, entre otras.

Tiene que cesar esta modalidad de favorecimiento a empresarios privados que perjudica a toda la población. Los servicios públicos, incluido el transporte urbano, el suministro de energía y agua, la educación, la salud y las comunicaciones deben ser responsabilidad directa del Estado que debe asumir la prestación de los mismos pues responden a necesidades sociales, y debe excluir la intermediación de aquellos que se lucran con las necesidades de la sociedad.

Tal medida requiere una reforma constitucional pues la Constitución de 1991 le abrió las puertas al adefesio de la privatización de los servicios. Es otra tarea contenida en el necesario proceso constituyente por desarrollar.

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