viernes, marzo 29, 2024
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La bancada de la paz

Parlamentarios de izquierda recuerdan debates de la bancada de la Unión Patriótica y proponen homenaje en su memoria

Redacción política

Basta repasar el libro Acción Parlamentaria de la UP, escrito por Hernán Motta Motta, para encontrar la constancia histórica de aquellos debates de control político e iniciativas legislativas que marcaron el trabajo de esa colectividad en los años en que fueron elegidos representantes a la Cámara y senadores, conformándose la bancada de la paz y los cambios.

Era la década del 80 y principios de los 90 cuando desde la tribuna parlamentaria se escuchaban los discursos de brillantes dirigentes sociales y populares de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, sobre la necesidad de allanar caminos de reconciliación y reformas al Estado que viraran a la inclusión y a la democratización de la vida nacional.

Los debates

La propiedad democrática de la tierra, la contratación leonina y entrega de recursos naturales, alcances sociales del régimen cooperativo, facultades extraordinarias para la fijación de salarios, la reglamentación para la repatriación de capitales y regulación monetaria, el estatuto nacional contra el secuestro, la reglamentación del poder de los medios de comunicación, la regulación del servicio de telefonía celular, la elección popular del procurador general de la nación, la política petrolera colombiana, el estatuto general de la televisión, entre otros, fueron los debates promovidos por esa bancada de izquierda.

Las exposiciones políticas, de gran factura por demás, en temas centrales como la reforma tributaria de 1992, le mostraron al país la fuerza que adquiría la UP. Hernán Motta, parlamentario comunista, dejaba así su constancia: “En este contexto, existe el propósito de obligar al pueblo colombiano a soportar la carga de sometimiento de un Estado garante a ultranza de la acumulación de capital, implantando el modelo neoliberal y consecuentemente la denominada apertura económica”, dijo el 25 de junio de 1992.

Veinte años después, aún se consultan en los anales del Congreso los planteamientos de la bancada de la UP, los que ahora sustentan la proposición presentada por Iván Cepeda, para rendirle un homenaje a los parlamentarios inmolados.

“Solicito a la plenaria del Senado de la República sea instalada, a la mayor brevedad y en un sitio del Capitolio Nacional, de acceso y visibilidad públicos, una placa conmemorativa en honor no sólo al senador Cepeda, sino a los otros seis congresistas de la UP asesinados y, en general, en honor a las víctimas de ese movimiento político”, manifestó Cepeda, quien también recordó que su padre fue el último senador por la Unión Patriótica y el Partido Comunista y que su asesinato consumó la eliminación física de la bancada. “Nada puede ni debe justificar estas acciones criminales de persecución política que han comenzado a ser reconocidas como tales por la sociedad colombiana”, dijo.

La proposición

El texto de la proposición resalta que el acto tiene el objetivo de mostrar el compromiso del Congreso de la República y del Estado colombiano de contribuir a la preservación de la memoria histórica, de evitar que estos crímenes atroces se repitan.

Leonardo Posada Pedraza, representante a la Cámara por Santander, asesinado en Barrancabermeja el 30 de agosto de 1986; Pedro Nel Jiménez, senador, asesinado en Villavicencio el 1 de septiembre de 1986; Pedro Luis Valencia Giraldo, representante a la Cámara por Antioquia, asesinado en Medellín el 11 de agosto de 1987; Octavio Vargas Cuéllar, representante a la Cámara por Guaviare, asesinado en ese departamento el 14 de diciembre de 1987; Henry Millán González, representante a la Cámara por Caquetá, asesinado en la plaza de mercado de Florencia el 7 de diciembre de 1993; Octavio Sarmiento Bohórquez, representante a la Cámara por Arauca, asesinado el 1 de octubre de 2001; y Manuel Cepeda Vargas, asesinado en Bogotá el 9 de agosto de 1994, serían los nombres recordados en una placa en pleno Congreso de la República.

“Más de cinco mil personas que pertenecieron a la UP fueron víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos y exilios; situación por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió en 1997 la demanda interpuesta por la Corporación Reiniciar, junto con la Comisión Colombiana de Juristas, sin que hasta el día de hoy exista solución amistosa para este caso sin precedentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, complementa la proposición.

En 2002 se le retiró la personería jurídica a la UP. Gracias a la perseverancia de los sobrevivientes de la colectividad ésta fue reintegrada por el Consejo de Estado en mayo de 2014, mediante una decisión en la que se ordenó también que el restablecimiento del estatuto legal del movimiento se mantenga hasta las elecciones legislativas del año 2018.

“En diciembre de 2012, magistrados del sistema de Justicia y Paz establecieron que los asesinatos que cometieron paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en contra de la Unión Patriótica constituyen un genocidio de carácter político”, indica la proposición.

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