En 2012 se presentaron 20 casos con 52 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se descubrieron nuevos falsos positivos ocurridos entre 1992 y 2011. Informe anual del Cinep sobre derechos humanos
Kikyō
El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) presentó a la opinión pública el informe especial anual sobre violación de derechos humanos en Colombia durante 2012.
La situación de las investigaciones judiciales, según el informe, es alarmante, sobre todo por los tiempos en los que se desarrollan, el estado actual de los procesos y los pocos resultados arrojados, en contraste con el número de casos reportados y el número de fallos dictados.
Otro punto a destacar en el informe es la poca o casi ninguna colaboración de la Justicia penal militar con la Justicia ordinaria, el vencimiento de términos, la existencia de casos de militares condenados por graves infracciones al derecho internacional humanitario que aún continúan en servicio y la ausencia de medidas para proteger a familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces.
Es decir las cosas en este sentido no han cambiado, toda vez que el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep en 2010 y 2011 reportó la misma situación. No ha habido avances en ninguno de los casos.
Persisten violaciones a derechos humanos
Las ejecuciones extrajudiciales no han cesado. En 2012 se presentaron 20 casos con 52 víctimas. Se conocieron 58 nuevos casos de “falsos positivos” perpetrados entre 1992 y diciembre de 2011, los cuales no habían sido reportados en publicaciones previas pues hasta 2012 fueron presentados y documentados. De los ocurridos en 2012, 10 fueron cometidos por tropas del Ejército Nacional y uno por unidades de la Policía Nacional, con 12 víctimas.
Se reportaron ocho casos de detenciones arbitrarias, dos de las cuales fueron realizados por tropas del Ejército Nacional, una por unidades de la Policía Nacional, dos por el CTI; una por el Ejército Nacional y CTI, una por Dijin y la Fiscalía General de la Nación y una por tropas del Ejército de Venezuela con 39 víctimas. Igualmente se registró el caso de un herido bajo la responsabilidad de tropas del Ejército Nacional.
Los sectores victimizados en los falsos positivos fueron en 2012 campesinos, obreros, estudiantes, opositores políticos, comerciantes, trabajadores independientes, un ex diputado, una mujer discapacitada, un indígena, un periodista y otros. Seis de los casos ocurrieron en Cauca, cuatro en Antioquia, tres en el Valle del Cauca y uno en cada una de las siguientes zonas: Meta, Bogotá, Norte de Santander, Caquetá, Córdoba, Sucre y en la frontera con Venezuela.
Es clara la persecución a víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas, donde la Fuerza Pública se ha visto implicada. Defensores de derechos humanos y las comunidades que denuncian los llamados “falsos positivos” son amenazados.
Entre enero y diciembre de 2012 se observa que los paramilitares fueron los mayores violadores de derechos humanos, ya que participaron en 565 casos, seguidos por unidades de la Policía Nacional con 268 casos y tropas del Ejército Nacional, en 187 hechos. En el caso de infracciones al DIH, aparecen en primer lugar los paramilitares con 493 casos.
