Más carga laboral pero menos recursos asigna el gobierno nacional a la rama judicial. El alto nivel de congestión ha provocado casos de estrés en jueces y empleados. La Justicia sin presupuesto
Juan Carlos Hurtado F.
@aurelianolatino
La demora y el difícil acceso a la administración de justicia, de lo que comúnmente reniegan los ciudadanos, se explican en la falta de jueces y en la congestión de esta rama. La falta de personal y la gran cantidad de demandas producen demoras de entre cinco o seis años en cada proceso.
Esta situación fue la que llevó a un cese de actividades de miles trabajadores y jueces que durante dos días detuvieron sus actividades para protestar por lo que Asonal Judicial, sindicato de industria, denomina incumplimientos del gobierno nacional.
Según el presidente de esta organización, Luis Fernando Otálvaro, el gobierno nacional no le ha dado la financiación adecuada a la rama judicial, lo que no permite iniciar los programas propios que ha emprendido, sino los impuestos por las últimas normatividades aprobadas por el Congreso de la República:
El nuevo sistema penal acusatorio generado desde el año 2005, que no cuenta con las salas de audiencias ni con la policía judicial necesaria, quienes son los primeros intervinientes.
El sistema de la oralidad impuesto por la ley 1395 de 2010, que solo se logró realizar en la jurisdicción laboral y en la contenciosa administrativa; y no en los demás subsistemas por falta de personal y logística
La ley 1285 de 2009, sobre la desconcentración de los juzgados en las grandes ciudades, donde los jueces en un 40% deben estar en las comunas y en los barrios, pero no ha habido presupuesto para desarrollarla.
Y el Código Penitenciario y Carcelario, que fue modificado hace dos meses pero no se ha podido implementar por falta de 37 mil millones de pesos, ya que implica adecuaciones locativas y mayor número de jueces de ejecución de penas.
Justicia sin autonomía presupuestal
“Para la extinción de dominio solo hay tres jueces y tres magistrados, aunque se requieren más de 20 jueces para dar solución a más de cinco billones en bienes incautados. Se le imponen cargas a la rama judicial sin haberle asignado los recursos. Por eso en mayo pasado el gobierno se comprometió a dar los recursos pero en julio ya había protestas para exigir cumplimiento. Solo dio un 60% de lo requerido para terminar el año, por lo que hay que reducir el programa de descongestión”, explicó el presidente de Asonal.
La congestión conduce a un alto ritmo de trabajo que tiene a los jueces y empleados laborando a más del 100%. Muchos deben llevar trabajo a sus hogares para adelantarlo los fines de semana y poder cumplir. “Esto lleva a un desgaste de los trabajadores que hoy son quienes más afectados se ven en lo relacionado a salud ocupacional y enfermedades sicológicas. Un 30% de ellos están en riesgo psicosocial, según datos de las ARS”, anota Fernando Otálvaro.
El presidente de Asonal también explica que la Justicia ni siquiera tiene autonomía presupuestal porque lo que le asignan es manejado por el Ministerio de Hacienda y está sujeto a los vaivenes de la economía y a los recortes que se hagan.
En la negociación del pliego presentado en febrero de este año, exigieron al gobierno cumplir con la normatividad que protege la salud de los trabajadores. “Es increíble que tengamos ese punto en el pliego de peticiones cuando eso ya está reconocido por leyes nacionales y por la normatividad internacional a la que el país se ha acogido. Tuvimos que negociar derechos que ya están reconocidos en leyes”.
Algunos avances
En la rama judicial son aproximadamente 28 mil empleados y funcionarios, de los cuales 4.500 son jueces, el resto empleados de las áreas jurisdiccional y administrativa. Hoy por hoy, la carga de un juez de la República es de 200 procesos por mes, pero por la congestión deben responder por 450.
Actualmente en la planta de descongestión hay alrededor de 8.300 empleados y funcionarios, pero se aspira que entren a engrosar en forma permanente la planta de la rama judicial; lo que debe ser determinado por un estudio que hará una comisión en los próximos cuatro meses.
El pasado 31 de julio se logró un acuerdo en el tema de la descongestión que consiste en darle a la rama judicial 170 mil millones de pesos para que finalice el año. Asonal solicitaba 235 mil millones, lo que significa un recorte de casi un 30% en los programas de descongestión.
El gobierno también se comprometió con 500 mil millones para 2015, lo cual es considerado por Fernando Otálvaro como insuficiente ya que el programa de descongestión crece año a año. También hubo el compromiso de vincular en el futuro de manera permanente al personal que está en descongestión, en una proporción que será determinada por una comisión que estudiará el problema.
Los mayores desacuerdos están en la financiación para el próximo año, la puesta en vigencia del nuevo código procesal y lo relacionado con la Ley de Tierras, de Justicia y Paz, pues según Otálvaro no existe una proyección de lo que puede significar el posconflicto: “La rama judicial no está preparada para asumir los costos de lo que significaría un acuerdo como el que se busca en La Habana”.
Los funcionarios de la rama judicial alertaron a la ciudadanía sobre las consecuencias del complejo problema, ya que es una responsabilidad del Estado que descuida a la Justicia o no le presta la atención adecuada.
Luego de algunos acuerdos los jueces y empleados habían regresado a sus labores, aunque al cierre de esta edición varios juzgados en Bogotá retomaron el cese de actividades.
La negociación se realizó en el marco de la comisión interinstitucional de la rama judicial, donde están presentes los presidentes de las altas cortes, el representante de los trabajadores, los ministros de Hacienda y Justicia, y el procurador general de la Nación.
