Intereses opacos detrás de la tragedia

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Aspecto de la audiencia pública sobre Hidroituango, en el Capitolio.

Audiencia sobre Hidroituango. Las soluciones que proponen las comunidades

Redacción política

La audiencia sobre Hidroituango del pasado jueves 23 de agosto en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional fue el mejor escenario para conocer en detalle la crisis social, ambiental y humana que viven los damnificados del proyecto minero más grande en Colombia.

La Unión Patriótica asegura que el problema es de fondo y requiere soluciones estructurales para superarla. Aquí la declaración presentada en la audiencia:

“La Unión Patriótica (UP) se ha comprometido con la defensa del agua y el bienestar de las comunidades, saluda esta audiencia pública sobre el proyecto Hidroituango, dándole voz a las organizaciones sociales, a las comunidades del Norte y Bajo Cauca Antioqueño, vilipendiadas y desconocidas la mayoría de las veces por los responsables del Proyecto, la gerencia de EPM y de Hidroituango, el alcalde y el gobernador.

El Proyecto Hidroituango, se ha convertido en mala hora en uno de los ejemplos de cómo intereses opacos del sector privado van tomando la conducción de lo público, de espaldas a la sociedad y a veces, en contra de ella misma. Las Empresas Públicas de Medellín (EPM), orgullo de los medellinenses, de los antioqueños y de los colombianos, se ha caracterizado por ser una empresa pública en constante crecimiento, con altos niveles de eficiencia que demostraron una excelente gestión financiera, técnica, social y los aportes al gobierno de la ciudad se han revertido en muchos casos en mejores condiciones de vida para sus pobladores. Sin embargo, desde hace ya varios lustros han sido denunciados varios casos que muestran decisiones erradas que han ido en detrimento de EPM, como la Compra de Orbitel, la incursión en la telefonía celular entre otras.

Los privados

“En el caso de Hidroituango, decimos intereses opacos por cuanto quienes realizaron los estudios sobre el aprovechamiento del Río Cauca, los diseños de la hidroeléctrica y la interventoría son los mismos, la empresa de ingeniería Integral S.A, parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). A lo anterior se suma la puerta giratoria entre altos cargos privados y públicos, del GEA a EPM ¿No se prestaba ello a que se traslaparan los intereses privados con los públicos?  ¿No se inducía con ello a bajos niveles de control sobre el desarrollo del proyecto? ¿Qué tanto pudieron influir estos intereses en las numerosas modificaciones al diseño inicial, como el no recubrimiento de los túneles, el no retiro de cobertura vegetal? Es importante que las autoridades investiguen sobre los posibles delitos de estas decisiones dudosas, que tienen en vilo la vida y tranquilidad de cerca de 12 municipios y cerca de 400 mil pobladores. La crisis de Hidroituango ha sido generada por erradas decisiones humanas, atribuirlas a la naturaleza significa dejar impunes a los responsables y eso no lo vamos a permitir.

“La crisis socioeconómica desatada sobre los municipios, donde tiene influencia Hidroituango, nos lleva a decir que se ha convertido en un proyecto contra las comunidades. En primer lugar porque se han desconocido las afectaciones económicas directas sobre los mineros artesanales (barequeros) que por generaciones han aprovechado el Río Cauca para generar ingresos siendo respetuosos con el medio ambiente; en segundo lugar los pescadores y campesinos que se han abastecido de proteína y generado ingresos complementarios a otras actividades, la falta de oxígeno y la reducción de zonas de desove, atenta contra sus ingresos. Con lo anterior los transportadores y los comerciantes de las dos subregiones también han visto afectadas sus actividades económicas. A pesar de ello, la gerencia de Hidroituango, no solo no restituyó las condiciones de vida de los pobladores tal como lo propuso, sino que eliminó los ingresos permanentes de estas comunidades. Ante ello preguntamos: ¿Cuáles son los proyectos productivos para éstas? ¿Cuál es el plan para la reconversión y reactivación productiva para las dos subregiones del departamento y sus pobladores? ¿Empujará el municipio de Medellín, la gobernación de Antioquia, EPM e Hidroituango, a las comunidades ahora sin ingresos a los cultivos de uso ilícito con importante presencia en las dos subregiones del departamento?  Hasta el momento no hay ninguna respuesta a la catastrofe social, a pesar de haber contratado costosos estudios para ello.

Crisis ambiental

“Queremos señalar con vehemencia, la criminalización que han hecho las directivas de Hidroituango desde el inicio del proyecto contra los barequeros, pescadores y en general quienes dependían del Rio Cauca para percibir ingresos, señalándolos como mineros ilegales o invasores. Todo ello ha motivado y justificado el señalamiento, persecución, desplazamiento y asesinato de líderes y lideresas socioambientales que se han opuesto o señalado los riesgos del proyecto.  El Norte y Bajo Cauca se han convertido en las dos subregiones más peligrosas para la actividad de los defensores de la vida y el medio ambiente, en Antioquia donde se registraron desde 2016 hasta mayo de 2018, 24 asesinatos de líderes sociambientales, así como múltiples amenazas y desplazamientos forzados.

“Ambientalistas, ingenieros, geólogos y las comunidades organizadas han advertido sobre las dudas, preocupaciones y efectos nocivos generados por la construcción de Hidroituango. A pesar de ello los dueños del proyecto y sus ejecutores parecen no haberlas tenido en cuenta o haberlas minimizado, como la duda razonable sobre la capacidad de control de las aguas, la construcción de la presa en la parte más accidentada y caudalosa del río y su alta sedimentación.

Voz a comunidades

“Las comunidades río arriba y abajo de la presa están siendo víctimas de una lógica predatoria del territorio y quienes lo habitan, ¿es esto lo que EPM, Hidroituango y las autoridades municipales y departamentales tienen como deber misional? Esperamos no sea así, en consecuencia, exigimos medidas inmediatas y concretas que restituyan los derechos a la alimentación, la salud, la vivienda digna, la educación de los pobladores, especialmente los niños y adolescentes, que están en supuestos “albergues”, que son en realidad cambuches improvisados.

“En el mediano plazo exigimos al lado de las comunidades una comisión independiente de expertos nacionales e internacionales, tal como lo dispuso la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que determine la viabilidad o no de Hidroituango. La ANLA también es responsable de la crisis y la tragedia que se puede producir en caso del colapso de la presa.

“Paralelamente a lo anterior, es necesario investigar y hallar los responsables políticos del detrimento financiero de EPM por cuenta de las malas decisiones tomadas en el proyecto, los costos de la entrada tardía en funcionamiento del proyecto son inmensos, y serían mayores en caso de que el proyecto se declare inviable, lo que implicaría el desmonte de la presa. La gerencia de EPM, el alcalde Federico Gutiérrez, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez y por lo menos exmandatarios locales y departamentales de 2 o tres periodos anteriores tendrán que responder. Lo mismo debe suceder con el consorcio que construye Hidroituango (Conconcreto, Ramón H, Camargo Correa), así como las empresas que diseñaron y han estado en la interventoría del proyecto (Integral S.A, Ingetec, entre otras).

Soluciones

“Queremos alertar de las intenciones de los neoliberales de siempre, que ante la crisis de Hidroituango recurrirán a toda clase de argumentos para privatizar a EPM, la joya de la corona de los medellinenses. En este detrimento patrimonial es seguro que la gerencia de EPM y las empresas del GEA tienen responsabilidad, empero también el gobierno central a través de la ANLA y el Ministerio de Medio Ambiente, quienes dieron viabilidad al proyecto y aprobaron un sinnúmero de modificaciones al proyecto inicial. No puede ser que solo las pérdidas y todos los riesgos sean asumidos por EPM.

“A las comunidades de los 12 municipios afectados del Norte y Bajo Cauca antioqueño y sus pobladores, deben restituírseles sus derechos y la tranquilidad, a través de planes de mitigación y compensación concertados con los afectados directa e indirectamente, además de ello es importante crear un Fondo para la reactivación económica y social de las dos subregiones del departamento donde sea copartícipe el gobierno nacional, que puede ser mediante un documento Conpes y donde se escuche a las comunidades.

“Reiteramos a las comunidades afectadas y violentadas en sus formas de vida que pueden contar con la Unión Patriótica en la búsqueda de la protección y restitución de sus derechos”.

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