Incumplimientos en Zonas de Reincorporación

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Guerrilleros de la Zona de Reincorporación Mariana Páez. Foto Carolina Tejada.

Al mismo ritmo del fast track va la implementación en el terreno y los compromisos del Gobierno nacional con los excombatientes

Redacción política

En la transición de las FARC-EP, a partido político, su militancia, agrupada en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, antes Zonas Veredales Transitorias de Normalización, ya están listos para ingresar a los programas y planes de desarrollo social y económico pactados en el acuerdo de paz de La Habana.

Pese a la voluntad de las FARC por su incorporación social y económica, dichos planes han seguido la suerte de la implementación del acuerdo de paz, el fast track y los incumplimientos en materia política por parte del Ejecutivo, que en el pos-acuerdo, viene dando bandazos sin orden y sin orientación.

La Defensoría del Pueblo, en un reciente estudio de campo en cada una de las 26 Zonas de Reincorporación y Capacitación, certificó los incumplimientos de las entidades oficiales encargadas en coadyuvar a la reincorporación de las FARC-EP.  Las deficiencias del proceso van desde los retrasos en las obras de adecuación de las Zonas de Normalización hasta la ausencia de las instituciones encargadas de desarrollar los planes económicos y educativos para los excombatientes.

Los decretos

El primer análisis que realiza la Defensoría del Pueblo es de orden jurídico. Por ejemplo, el Decreto 2027 de 2016 por medio del cual se crea el Consejo Nacional de Reincorporación, ya se encuentra en firme pero no existe una sola actividad de sus integrantes. Ni siquiera existe un cronograma que permita medir el avance de la ejecución de programas de reincorporación en las Zonas.

Otro decreto que llama la atención es el 897 de 2017, con el que se modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. A la fecha no se ha seleccionado el coordinador de la Unidad Técnica para la Reincorporación de las FARC-EP, cuyo papel es el diseño y ejecución de la hoja de ruta en la reincorporación. La clave para iniciar con éxito el proceso de reincorporación está en la coordinación de las entidades competentes. Para ello se hace necesario el nombramiento de una coordinadora de la Unidad de Reincorporación y que a su vez el Consejo Nacional de Reincorporación dicte las orientaciones de trabajo necesarias. Mientras tanto, las entidades competentes como la Oficina del Alto Comisionado de Paz, y otras, llegan, a las Zonas sin un plan de trabajo e intentado ejecutar actividades que no se encuentran planeadas.

Sin planes

“Es importante mencionar que hubo percepciones negativas por parte de los miembros de las FARC–EP, quienes refirieron notar poca articulación entre los operadores en territorio y la entidad en el ámbito nacional, así como una multiplicidad de instituciones que llegan a diario a los ETCR, carentes de lineamientos claros y resintieron la poca participación que han tenido en la construcción de los programas”, señala el estudio de la Defensoría.

Según la Agencia de Reincorporación Nacional, en la actualidad el proceso de reincorporación se encuentra en una fase temprana del período de alistamiento, el cual se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017. Esta etapa consiste en generar condiciones para la adaptabilidad, formación académica y productiva, el bienestar en salud e información en el aspecto pensional, actividades artísticas, culturales y deportivas y acciones comunitarias. Hasta ahora no se conocen planes concretos para ser aplicados en las Zonas.

Falla en pagos

En cuanto a los aspectos económicos tampoco se han cumplido a plenitud los compromisos. El Decreto 899 de 2017, se establecieron tres tipos de beneficios económicos: De una parte, la asignación única de normalización, equivalente a dos millones de pesos, entregados por una sola vez a cada uno. Por otro lado, una renta básica, consistente en el 90% de un salario mínimo, es decir: 663.945, que el Gobierno nacional entregará mensualmente durante 24 meses a excombatientes que no tengan un vínculo contractual que le genere ingresos. Y por último se encuentra el apoyo a proyectos productivos, cuyo monto es de ocho millones de pesos entregado por una sola vez con el objeto de que los beneficiarios emprendan proyectos productivos de naturaleza individual o colectiva.

Tres fallas encontró la Defensoría, que responden al incumplimiento de los pagos. La primera razón es que los excombatientes no han ingresado al sistema financiero a través de una cuenta de ahorro personal. La razón es la ausencia de cedulación de excombatientes en las zonas y a las personas que han recuperado su libertad en el marco de la Ley 1820 de 2016, es decir, los excombatientes que son trasladados desde las cárceles del país a Zonas de Reincorporación. “Adicionalmente, debido a la posibilidad de movilización, algunos beneficiarios no se encontraban en las jornadas de cedulación o bancarización y no se les pudo tomar su huella decadactilar. Sin embargo, todas estas situaciones deben ser solventadas de manera pronta por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Banco Agrario y el Inpec”, indica el estudio.

La Defensoría analizó las consecuencias de la falta de pago a excombatientes y del carente acompañamiento de las entidades a los excombatientes. Indicaron que en la zona ubicada en la vereda de Monterredondo, Miranda, Cauca, se realizaron las capacitaciones económicas necesarias con posterioridad a las fechas de los primeros pagos, establecidos para los pasados 13 y 24 de agosto.

Falla en educación

La ausencia de programas de educación que fueron pactados en los acuerdos de paz, retrasa el éxito de la reincorporación social y económica de excombatientes. Dice el estudio: “De acuerdo con los hallazgos en terreno, en los 26 ETCR había oferta de cursos de naturaleza productiva por parte del SENA, se habían realizado talleres sobre pensiones y economía solidaria, y se habían programado actividades artísticas y deportivas, principalmente de fútbol, también se suscribió un convenio entre el Consejo Noruego de Refugiados y la UNAD para garantizar la educación básica. Las impresiones recogidas en los diálogos con los miembros de la FARC–EP, es que los temas en los que los han formado no consultaron sus capacidades e intereses, han sido de ciclo corto y sin una mayor continuidad. Los desmovilizados manifestaron su interés principalmente frente a actividades de agronomía, servicios de protección y seguridad, acuicultura, ganadería, reparación de infraestructura vial, guía turística, salud y enfermería. En contraste, los cursos que se han impartido han sido sobre sistemas, gastronomía, gestión de alimentos, agronomía, agroecología, piscicultura, economías solidarias y manicura”.

Entre las recomendaciones del estudio se sugiere a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, la necesaria coordinación con los entes territoriales, para diseñar acciones dirigidas a garantizar la implementación de la estrategia de respuesta rápida en las comunidades. La reincorporación social y económica resulta de vital importancia para los miembros de las FARC que ya cumplieron con sus obligaciones desprendidas del acuerdo de paz; y ahora es el turno del ejecutivo que cumpla con lo firmado.

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