Declaración política del 15 Pleno del Comité Central del Partido Comunista Colombiano
El 15 Pleno del Comité Central del Partido Comunista Colombiano ha examinado el momento político, el curso del proceso de paz y de implementación del acuerdo, la lucha por la defensa de la vida de los activistas populares, la vigilancia y la solidaridad en la coyuntura. Así mismo ha actualizado las Tesis del 22 Congreso y fijado una nueva fecha para su realización.
El país está entrando en una nueva situación caracterizada por la suscripción del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el complejo proceso de su refrendación por el parlamento y el de su implementación.
El resultado del 2 de octubre puso en evidencia dos realidades que gravitan sobre el desarrollo de los acontecimientos:
—el enorme avance de la idea del fin de la guerra, vinculado a la democratización del país y a la necesidad de importantes reformas sociales, políticas, económicas y culturales, en la consciencia de capas populares y medias;
—y, simultáneamente, ha puesto al rojo vivo la crisis del régimen político y la incapacidad de la fracción gobernante de conducir a sus plenas consecuencias un acuerdo de paz que ha sentado las bases de un nuevo compromiso histórico, como punto de arranque de un escenario de libertades, derechos y garantías en ruptura con el orden contrainsurgente heredado del bipartidismo.
Luchamos para que los avances logrados se consoliden, crezcan la unidad y el movimiento popular, se fortalezca la solidaridad antiimperialista latinoamericana y mundial frente a los cambios regresivos en el campo internacional y en la política exterior de la administración Trump.
El acuerdo final conserva el espíritu del original en cuanto al fortalecimiento de la democracia y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; reivindica a las víctimas, el enfoque de género, en especial a las masas campesinas afectadas por las desigualdades y el atraso. Establece un concepto de justicia restaurativa, un tribunal especial de paz en un contexto de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Incluye los recortes y limitaciones introducidos por el Gobierno con el pretexto de la presión de la derecha.
Reclamamos de la Corte Constitucional una forma de fast track que facilite un procedimiento abreviado de aprobación de todas las leyes necesarias para la puesta en marcha del acuerdo. La más urgente es la de amnistía e indulto, requerida para el traslado de los combatientes a las zonas veredales de normalización y la liberación de los presos políticos. Reconocemos que este es el acuerdo definitivo, que ha sido ratificado por el parlamento y que la tarea más importante es proseguir la pedagogía con las bases populares para que sean ellas las que se pongan al frente de la amplia tarea de su implementación, especialmente en los territorios, a través de cabildos abiertos, el impulso del proceso constituyente, la organización unitaria y la movilización popular.
Entre tanto es esencial la preservación del cese al fuego y a las hostilidades bilateral y definitivo, el papel del Mecanismo de Monitoreo Tripartito y la movilización permanente de las organizaciones de masas y fuerzas políticas en apoyo a la paz. En los territorios y a todos los niveles se impone elevar la vigilancia revolucionaria y popular para señalar y prevenir las amenazas y crímenes de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Insistimos en la denuncia de un plan operativo, con centros de coordinación, inteligencia, adoctrinamiento y complicidad de las estructuras de la Fuerza Pública, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría, algunas alcaldías y gobernaciones.
La lucha por las garantías de seguridad tiene como ejes la acción para el desmonte del paramilitarismo y el pacto político para la no repetición y el nunca más. Lo cual implica una labor desde la base, desde los cabildos abiertos territoriales hasta las organizaciones de masas y fuerzas políticas que respaldan el acuerdo de paz. El proceso integral de paz exige dar inicio al diálogo con el ELN, otorgar garantías al acercamiento con el EPL y poner punto final a amenazas y agresiones a dirigentes populares.
Es prioritario avanzar en la unidad con la política de frente amplio de convergencias y procesos unitarios, con un programa de unidad como carta de navegación para la acción, la movilización, la organización y la perspectiva de poder del pueblo. Un gobierno de transición lo entendemos comprometido con el cumplimiento del acuerdo de paz, su implementación adecuada, la aprobación de normas que le den cuerpo institucional y obligatoriedad a los compromisos del Estado. Debe ser un gobierno no neoliberal, de amplia coalición y participación popular para la paz y los derechos del pueblo, que tenga como norte un programa común cuyo contenido concrete los pasos de una apertura democrática.
Tal programa común gira en torno a:
1. El respaldo al acuerdo de paz, a su implementación y cumplimiento estrictos;
2. La plataforma de reivindicaciones sociales, de reformas que se desprenden del acuerdo como la rural agraria integral, el estatuto para la formalización de los trabajadores del agro, las relaciones campo-ciudad, la moratoria minero-energética, la defensa del agua, los grandes temas de la salud, la educación, el saneamiento, la nutrición infantil, la erradicación del hambre, la vivienda, el empleo, el salario justo, los derechos y garantías para la protesta social, la desmilitarización de los territorios y la disolución del Esmad.
3. La reforma política, el estatuto de la oposición, la reforma de la ley 1475 que permita las coaliciones para listas comunes a las fuerzas minoritarias, un paquete de medidas necesarias para combatir la corrupción electoral, entre las cuales el financiamiento estatal total, voto obligatorio, identidad biométrica, voto digital y creación de una corte de garantías electorales, con transparencia y poder sobre la Registraduría.
4. La sustitución del modelo neoliberal por un modelo de amplia responsabilidad social, tributariamente progresivo sobre el capital y el atesoramiento terrateniente e inmobiliario, que asegure la estabilidad laboral y la elevación de los salarios, que denuncie los TLC y el régimen de regalías, que fortalezca la educación pública, la cultura en todas sus expresiones, la investigación, el desarrollo territorial con base en la justicia social.
El reagrupamiento de la izquierda y de las fuerzas avanzadas debe valorar y apoyar la conformación del nuevo movimiento que creen las FARC, en el entendido que la consolidación de la paz con justicia social exige la unidad programática más sólida y a la vez la más amplia convergencia en pos de un poder democrático y un proceso constituyente. El bloque unitario popular, en el que debe reencontrarse la izquierda, es la base social y la fuerza inspiradora de una unidad mayor que convoque al pueblo en su totalidad a la construcción de un nuevo proyecto de país con justicia social y garantías para el ejercicio político de la izquierda y los sectores progresistas sin exclusiones.
La defensa de la paz exige avanzar en la valoración común del panorama electoral de 2018 y proseguir el esfuerzo de unidad de listas al parlamento. Ese mismo paso debe concertar un abanico de precandidaturas presidenciales, identificadas en lo sustancial del programa común, para escoger una fórmula mayoritaria presidencial en una consulta abierta. Se trata de plantear con claridad un conjunto de tareas posibles en la unidad que permitan que se fortalezca un campo democrático con visión independiente y diferenciada del mundo político de la oligarquía, con base social y candidaturas del medio popular y con una política de alianzas flexible que permita conquistar nuevos espacios.
El Pleno decide fijar como fecha para el 22 Congreso del Partido los días 14 a 16 de julio de 2017. Su preparación reclama la mayor promoción de la identidad comunista ante el pueblo, el ingreso de nuevos militantes y resaltar este año como el del Centenario de la Revolución Rusa, el 150 aniversario del primer tomo de El Capital y los sesenta años del semanario VOZ. Saluda los eventos en preparación como el VI Congreso de la Unión Patriótica, el Consejo Patriótico Nacional de Marcha Patriótica, el congreso constitutivo del nuevo movimiento de las FARC y el Congreso Nacional por la Paz.
Nuestra consigna es clara: luchar por la implementación adecuada y justa del acuerdo de paz e impulsar la movilización unitaria del pueblo por la vida, contra una reforma tributaria injusta, por el desmonte del paramilitarismo, por el fin de la guerra de exterminio en todas sus formas, por la verdad histórica y la memoria, por la no repetición y la vigencia de todas las libertades.
Comité Central
Partido Comunista Colombiano
Bogotá D C, 4 de diciembre de 2016.
