Una valla fue instalada en marzo pasado sin haberse gestionado todos los permisos para la construcción. Antes de que estos fueran otorgados, las constructoras Praga S.A. y Área Cuadrada ya habían empezado a vender los apartamentos de “Reserva de Fontanar”
Redacción Bogotá
Al cierre de esta edición al menos 30 jóvenes activistas en defensa de la naturaleza, de los animales y del medio ambiente, acampaban enfrente del humedal La Conejera en la localidad de Suba, en donde las constructoras Praga S.A. y Área Cuadrada adelantan trabajos para iniciar la urbanización Reserva de Fontanar (de interés social) que representa la muerte para las especies de aves que llegan de Canadá y Argentina, así como de otros animales que allí habitan.
“Si tuviéramos el Plan de Ordenamiento Territorial propuesto por la actual Administración Distrital podríamos favorecer la zona de reserva del Humedal La Conejera. Si bien en estos momentos esto legalmente no hace parte de la zona de reserva, igual colinda con el humedal y está en una zona de afectación de alto impacto”, le dijo a VOZ Gina Díaz, unas de las voceras que acampan frente a la construcción desde el pasado 4 de octubre.
Hay que recordar que el Consejo de Estado ordenó la suspensión del decreto con el que el alcalde mayor Gustavo Petro modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), por ello la normatividad se aplica bajo el POT anterior, permitiendo el otorgamiento de licencias en zonas en donde traerían un gran impacto ambiental, como es el caso del Humedal La Conejera.
“En estos momentos apelamos al principio de precaución que es para construcciones que creemos que tienen un impacto ambiental, como esta, solicitando que se hagan los estudios de impacto, de uso del suelo. Pedimos que se pare la obra. Las construcciones de esta envergadura deben tener un debido proceso, hay que hacer un ejercicio de participación ciudadana, que convoque a una audiencia pública. Los constructores deben socializar el proyecto, los impactos, el plan del manejo ambiental, lo cual no se hizo”, añadió Gina.
Los jóvenes tienen un registro fotográfico de las vallas de las constructoras en mención que no cumplieron con las especificaciones que deben tener como son el tipo de obra, el número de solicitud y de radicado, en las cuales se dice que la comunidad puede hacer parte. Eso nunca se hizo.
La ciudadanía radicó varios derechos de petición, pero la respuesta de las curadurías 12 y 3 fue que ya los permisos estaban dados y que la comunidad ya no podía formar parte de este proceso. Por eso la comunidad exige que los cumpla con el debido proceso, que se convoquen, para que se puedan valorar todos los impactos.
Sin embargo al parecer los constructores hicieron sigilosamente los movimientos estratégicos como cambiar la construcción de zona alta a zona media para poder adelantar la obra y sobre todo no informar a la comunidad. Es decir: pasaron por alto el debido proceso.
Hoy varias entidades tienen los brazos cruzados como la Alcaldía de Suba, porque aparentemente tienen todo en regla, por ello no hay posibilidades de parar la obra, aunque la Secretaría de Planeación podría dar la orden, pero la comunidad envió un derecho de petición y allí ni siquiera saben en dónde estaba ubicada la obra.
Existe un concepto de la Secretaría de Hábitat en donde sí se muestra que hay una parte de ese predio invadiendo la zona de reserva del Humedal La Conejera.
VOZ pudo constatar cómo la comunidad apoya a estos jóvenes llevándoles comida, leña y cobijas. Mientras tanto los muchachos resisten y permanecen allí sin importar los aguaceros que les han acompañado.
