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Historia de una infamia

La semana pasada un numeroso grupo de ONG de DDHH se pronunció en favor de que la Corte Suprema de Justicia acepte la demanda de casación por la infame condena contra el dirigente comunista David Rabelo Crespo

David Rabelo Crespo, dirigente comunista y activista de derechos humanos a quien le quieren castigar su militancia revolucionaria de toda la vida.
David Rabelo Crespo, dirigente comunista y activista de derechos humanos a quien le quieren castigar su militancia revolucionaria de toda la vida.

David Rabelo Crespo

En el mes de junio del año 2007, el periodista Gerardo Reyes me llamó de Estados Unidos y me habló de un video donde aparecía el presidente Álvaro Uribe Vélez, reunido en Puerto Berrío (Antioquia), con varios paramilitares de Barrancabermeja. Me hizo llegar el video y me informó que había hablado con varias personas y ninguna se atrevió a denunciar ese hecho. A mediados de junio de ese mismo año denuncié esa reunión secreta ante los medios a nivel nacional; a partir de ese momento se desató contra el suscrito una feroz persecución.

El 11 de febrero de 2008, la MAPP (OEA) me informó que un comando paramilitar me estaba haciendo seguimiento para asesinarme. Salí de Barrancabermeja y el gobierno me planteó que abandonara el puerto, hecho que rechacé porque el Estado es quien debe garantizar la protección y garantía de los derechos humanos.

El 17 de febrero de 2011, nuevamente la MAPP (OEA) me abordó para prevenirme que ese grupo paramilitar iba a atentar contra mi integridad física, colocando un artefacto de alto poder explosivo en mi sitio de residencia. Denunciamos el hecho ante organismos a nivel nacional e internacional viéndome obligado a salir de la ciudad.

Los asesinos cambiaron de estrategia, desistieron del asesinato físico y emprendieron la persecución para ejercer el asesinato judicial. Es así como el 17 de abril de 2008, en la cárcel de Itagüí (fábrica nacional de montajes), el delincuente confeso Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, habló en Justicia y Paz de una falsa reunión en el año 1991, supuestamente para preparar la muerte de una persona, donde el criminal planteó que el suscrito había participado en la susodicha reunión.

La Fiscalía Tercera de Barran­ca­ber­­meja asumió la investigación y, al no encontrar pruebas para vincularme al proceso, tomó la decisión de no abrir ninguna investigación porque no existía mérito para ello. Pero de manera sospechosa el fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana, el 25 de marzo de 2009, trasladó el proceso de Barrancabermeja a la ciudad de Bogotá.

Un burdo montaje

El 31 de julio, el último día que Iguarán ejercía como fiscal general, le asignó el proceso al fiscal 22 antiterrorismo, William Gildardo Pacheco Granados, y este, sin ninguna investigación previa y desconociendo lo actuado por el fiscal tercero de Barrancabermeja, inmediatamente me vinculó de manera formal a la investigación con llamado a indagatoria. A partir de ese momento comenzó todo un mar de arbitrariedades donde se violó el debido proceso y el derecho a la defensa, y hubo una alianza perversa con el falso testigo alias El Panadero.

Prueba de ello es que el investigador Jairo Salazar Medina, en dos ocasiones, sacó al señor Fremio Sánchez Carreño, otro falso testigo, del patio siete de la cárcel Picota al patio ERE 3, llamado de Justicia y Paz, que se encuentra en la parte exterior de la cárcel, para que se reunieran con alias El Panadero y se pusieran de acuerdo en el montaje, con el fin de enlodar el nombre de David Rabelo Crespo.

La prueba reina que tenía la Fiscalía era una foto en la que aparecen varias personas con la insurgencia de las FARC en un proceso de paz, y según alias El Panadero, David Ravelo aparecía allí en esa foto. Por eso en varias ocasiones afirmó al dar la descripción de David Rabelo que era delgado, alto y moreno; se demostró que quien aparecía en la foto era el periodista Miguel Ángel Rico García del periódico Vanguardia Liberal, que se encontraba cubriendo dichos diálogos. El doctor Horacio Serpa Uribe, quien participó en dicha reunión, con otras personas, confirmaron que quien aparece en la foto es el periodista Miguel Ángel Rico García, desmintiendo lo afirmado por el falso testigo.

El descaro de este proceso se evidenció cuando William Pacheco como fiscal y Jairo Salazar Medina como investigador ubicaron en el patio siete de la cárcel Picota a un joven llamado Fernando Barbudo Chávez, para que declarara en contra de David Rabelo, pero cuando mi abogado Alirio Uribe contrainterrogó a ese falso testigo descubrió que esa persona, para la fecha de los hechos que me acusan, tenía solamente nueve años de edad, quedando en evidencia el burdo montaje.

Un caballo perchero

Otro elemento importante es que la juez nombrada para llevar el proceso, que era de carrera administrativa, de manera inesperada fue cambiada por una juez temporal que se encargó exclusivamente de mi caso. Esta persona actuó como un caballo perchero, es decir solamente estaba pensando en condenarme desconociendo las pruebas documentales y testimoniales que fueron allegadas al proceso, y se basó en las afirmaciones de los dos falsos testigos.

El mar de irregularidades no paró allí, luego se descubrió que el fiscal William Gildardo Pacheco Granados no podía ni debía ejercer esa función, porque el 6 de marzo de 1991, en la ciudad de Armenia, siendo teniente de la Policía Nacional, desapareció de manera forzada al joven Guillermo Hurtado Parra, hecho atroz que fue comprobado por la Procuraduría General de la Nación, quien lo destituyó en primera y segunda instancia y la Justicia Penal Militar lo condenó por detención arbitraria; esta persona utilizó todas las instancias de la justicia colombiana como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, quienes confirmaron esta destitución por desaparición forzada, crimen de lesa humanidad.

Es decir, está plenamente probado que este criminal, que ejercía como fiscal, desapareció al joven Guillermo Hurtado Parra.

Como para Ripley

¡Qué paradoja! Un violador de los derechos humanos como es William Gildardo Pacheco Granados, investigando a un defensor de derechos humanos, ¿qué garantías podía brindar en el proceso? Obviamente ninguna. Este fue el juez natural que me investigó cuando la ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Justicia) artículo 150, numerales 5º y 6º, dice textualmente que quien haya sido destituido disciplinariamente o condenado penalmente no puede ejercer ningún cargo en la rama judicial, y esta fue la joya que me hizo meter a la cárcel, con falsas pruebas, a sabiendas de que tenía un impedimento de orden legal, por la inhabilidad especial que le impuso la Procuraduría General de la Nación.

Otro hecho irregular fue el del investigador Jairo Salazar Medina, quien para el año 1988 ejercía como teniente de la Armada Nacional en la ciudad de Barrancabermeja y precisamente el 15 de enero de ese año fue asesinado el dirigente sindical de la USO Manuel Gustavo Chacón por el suboficial de la Armada Francisco Pérez, quien fue condenado a 16 años de cárcel por dicho asesinato, siendo el jefe inmediato para la época de los hechos Jairo Salazar Medina.

El 6 de marzo de 1992, en el periódico El Tiempo se publicó una noticia criminal en la que se informa que el señor Jairo Salazar Medina había sido destituido de la Armada Nacional por malos manejos en el Fondo Rotario. Otra paradoja, este sujeto sigue ejerciendo sus funciones como miembro del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Y fue quien adelantó la investigación en mi contra.

Es una venganza

Aquí lo que queda claro es el triángulo del bajo mundo delincuencial donde la mentira une a estos tres personajes para elaborar el montaje y cobrarme toda una vida en defensa de los derechos humanos, utilizando la falsedad como su arma favorita y pisoteando la verdad. Está claro que fui condenado sin pruebas y solamente existía el interés ilícito de encarcelarme para sacarme del escenario público.

Siempre he expresado que el tallo de la verdad se dobla pero jamás se quiebra. Llegará el momento en que la verdad va a develar todo ese plan macabro y poner en evidencia el papel de los falsos testigos, porque entre otras cosas, la misma Fiscalía General de la Nación le ha imputado cargos por falso testimonio y fraude procesal al testigo Mario Jaimes Mejía alias El Panadero, porque la Fiscalía comprobó que este criminal mintió en mi proceso. Me pregunto: si estas eran las únicas pruebas testimoniales en mi contra, ¿ahora cuáles son las razones legales para que el suscrito siga encarcelado?

También es necesario mencionar que el criminal William Gildardo Pacheco Granados fue vinculado penalmente al proceso por desaparición forzada del joven Guillermo Hurtado Parra por la fiscalía 67 especializada, por el crimen de lesa humanidad que es el de desaparición forzada, quedando claro que este juez que me encarceló no tenía jurisdicción para ejercer porque no era competente, y fue quien direccionó todo el montaje contra el suscrito, creando toda esta maraña de mentiras para de manera injusta encarcelarme. Pero seguiré utilizando todas las instancias del orden nacional e internacional para dejar clara mi inocencia.

06rabelo@gmail.com

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