Nelson Lombana Silva
En alguna oportunidad dijo el comandante Fidel Castro Ruz que si la humanidad fuera más justa erigiría más monumentos a los héroes del trabajo que a los héroes de la guerra.
Con qué profundidad el eximio dirigente de la revolución cubana coloca en primer plano a los trabajadores que anónimamente colocan sus energías al desarrollo de los pueblos, generalmente sin recibir una remuneración digna y humana.
Una de esas personas abnegadas y anónimas es precisamente el juez de paz Luis González, quien ha dedicado prácticamente toda su vida a hacer justicia y luchar contra el monstruo explotador de los servicios públicos domiciliarios, los cuales se han convertido en el principal enemigo de los exiguos presupuestos de los habitantes ibaguereños, en el principal dolor de cabeza.
Atiende en una tienda porque Ricardo Cárdenas Portela, inspector cuarto de policía del barrio Gaitán, en decisión unilateral y quizás abusando de poder, le ha impedido un espacio allí para que don Luis González desarrolle su meritoria y quijotesca labor de poner en cintura a las voraces empresas de los servicios públicos con todo su poder imperial y corrompido.
Hoy visitamos su “oficina” y permanecimos allí observando desprevenidamente el movimiento para intentar corroborar los acontecimientos narrados por don Luis González. Nos parecía una exageración. Sin embargo, los hechos patéticos observados son aun más exagerados, que comprueban una vez más la teoría marxista-leninista de la criminalidad del régimen capitalista, el cual no maneja relaciones humanas sino intereses económicos.
En menos de 45 minutos que permanecimos sentados en una silla plástica pudimos observar la confluencia de público en busca de una ayuda para salvar sus pequeñas pertenencias. Los relatos cargados de angustia y desesperanza de humildes seres humanos de carne y hueso como cualquiera de nosotros.
Mientras que para los religiosos aquello solamente causa pesar y pecado, para los marxistas-leninistas y revolucionarios estupor, indignación y necesidad de organizar a las masas populares víctimas del constante atropello de las empresas de los servicios públicos.
Don Hernán Tafur Melo busca por todos los medios reversar la absurda medida del inspector Ricardo Cárdenas Portela de cerrarle su única fuente de trabajo, con el cual se alimenta y alimenta a su mujer y a sus hijos, el billar “El Cuncio”, el cual lleva funcionando hace más de 40 años y ciertamente se constituye en una reliquia histórica en el barrio Gaitán de Ibagué (Tolima). “¿Con qué voy a vivir? ¿Quién me va a dar trabajo a esta edad? ¿Será que el inspector me va a mantener de ahora en adelante?”, dice don Hernán mientras muestra una carpeta voluminosa de documentos donde sustenta la legalidad de su negocio.
Heberto Ramírez Ramírez llega angustiado con la noticia de que la secretaría de Hacienda y grupo de Tesorería le van a embargar su predio, una modesta casa en el barrio Restrepo, por una deuda que ha intentado pagar pero que sus pocos ingresos han dado al traste con este propósito. “Sé que debo pagar, pero, ¿con qué?”, se pregunta angustiado mientras mira con ansiedad al juez de paz Luis González, como diciéndole: “Usted es mi salvador”.
Un muchacho espera impaciente. Mira su reloj y trata de contener la ansiedad y nerviosismo. Espera su oportunidad. Y cuando ésta aparece se dispara como una ametralladora. Quiere decirlo todo con una sola frase. “El vecino –dice– corrió la cerca, está sembrando y la erosión es inminente. Quiero que regrese la cerca a su sitio inicial, deje de sembrar y permita arborizar para evitar la erosión. No pido más. Ayúdeme”.
Una anciana que brisa por los 75 años espera impaciente la otra parte para la audiencia de conciliación. ¿Cuál es el caso? Que el arrendatario no le quiere desocupar ni pagar y, como si fuera poco, al parecer ha convertido su casa en centro de distribución de alucinógenos.
“Mi caso –dice otra señora un tanto más joven– es que el inquilino se ha vuelto muy grosero conmigo, no me entrega los recibos oportunamente y como si fuera poco no me quiere pagar el arriendo”.
Otro señor llega portando entre sus temblorosas y arrugadas manos un recibo del IBAL (Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado) por la astronómica suma de $2’500.000, a pesar de que tengo cortado el servicio del vital líquido desconociendo la empresa olímpicamente la sentencia 546 de la Corte Constitucional que prohíbe terminantemente el corte de los servicios públicos, por cuanto en el caso del agua, ningún ser humano puede vivir sin este preciado líquido que brota libre de las entrañas de la naturaleza.
Don Luis González, con su espíritu filantrópico y su vasta experiencia de toda su vida al servicio de la comunidad, se bate como león herido repitiendo con certeza las distintas normas que pueden amparar al usuario. Les da ánimo, esperanza, y no recibe un solo peso a cambio.
Personalmente, fui víctima del atropello del IBAL. Me obligaban a cancelar un recibo por la suma de un $1’200.000. Gracias a los oficios de don Luis González solo me obligó dicha empresa a cancelar nueve mil pesos.
En medio de ese océano de dramáticas solicitudes, hablamos con don Luis para preguntarle si era legal el embargo a la casita de don Heberto Ramírez Ramírez. Y esto nos dijo:
“De ninguna manera. O sea, la Alcaldía municipal abusando de las funciones que tiene, no sé para qué tienen esos abogados asesores allí, porque la verdad esto lo han venido haciendo a todos los propietarios de vivienda que se han alcanzado porque no tienen con qué pagar. Se alcanzan en el pago del impuesto y entonces inmediatamente les mandan una carta diciéndole que le van a embargar, cuando la verdad es que esto no se puede hacer”.
“Es un desgaste más para la Alcaldía. La papelería, la mensajería y todo lo que requiere notificar a una persona con este tipo de amenazas. Miremos primero qué está haciendo la Alcaldía para generar empleo y entonces sí miraremos por qué las personas no quieren pagar el ilegal impuesto, porque se tienen tarifas que no corresponden con la realidad”.
“Las casas de interés social, las casas de las poblaciones priorizadas como madres cabeza de familia, desplazados, no se pueden embargar. Primero tenemos que tratar, como muy bien lo dice la ley antitrámite, que lo que tenemos es que ajustar los cobros con la situación económica que están viviendo las personas. En este caso vamos a intentar colaborarle a don Heberto, vamos a hacer un derecho de petición dirigido exactamente al alcalde de Ibagué (Luis H. Rodríguez) manifestándole que la situación económica que tiene don Heberto es demasiado difícil y para ello debe tener un plan de alivio para facilitarle a las personas cómo pagar”.
“En relación con don Hernán Tafur Melo, el propietario del billar, digo que la verdad es que no es el primer negocio que el inspector (Ricardo Cárdenas Portela) ha cerrado en este sector. Tengo conocimiento que han sido muchos que ha venido cerrando, no sé cuál sea la legalidad o no, pero la verdad es que hay muchos negocios que funcionan sin ningún tipo de documentos. Sin embargo, vemos que no se lleva a cabo la misma acción que se lleva como cuando las personas tienen sus documentos y se le cierra su negocio con todos los documentos como le pasa aquí a este señor”.
“La verdad es que yo conozco a don Hernán Tafur Melo hace aproximadamente unos 40 años con su negocio; es un negocio muy cumplidor del horario, regula mucho la entrada de las personas y no sé por qué el inspector tomó esta determinación. La verdad es que me parece que se está posiblemente extralimitando en sus funciones ya que el uso del suelo está siendo reglamentado en estos momentos por el Plan de Ordenamiento Territorial, no ha sido aprobado todavía. Vamos a solicitarles a las autoridades que tengan consideración con las personas que están queriendo trabajar honestamente. Don Hernán no tiene otro medio de sustento que los billares para sobrevivir y su familia”.
“Pareciera que hay abuso de autoridad, sobre todo cuando se hacen estas diligencias sin tener en cuenta la legislación actual. Todos los funcionarios públicos, como dice la ley 90, que es la ley de repetición y que en últimas obliga a responder el funcionario. Son muchos los casos que llegan a mi despacho de esta naturaleza o calado. Habría que establecer la complicidad de la secretaria de Gobierno o no sé qué funcionarios para no tomar determinaciones con este funcionario, porque la verdad es que los funcionarios deben cumplir con la legislación”.
“Sobre por qué no estoy atendiendo en la inspección y sí en esta tienda. La verdad es que llevo aquí atendiendo hace cinco años trabajando como juez de paz, antes lo hacía como conciliador en equidad donde trabajé aproximadamente 15 años, primero con Cámara de Comercio, luego, con la Casa de Justicia, también lo hice en Barrios Unidos, lo hice en el barrio Jordán, en el barrio Viveros, en todos los centros de conciliación de Ibagué”.
“Cuando llegué acá al barrio Gaitán se encontraba como inspectora Glenda Bernal, que me dio todo su apoyo requerido, me prestaba su computador que es de la Administración, me prestaba las instalaciones, la fotocopiadora y la papelería. Cuando cambiaron de inspector, entonces ya Ricardo Cárdenas Portela llegó con unos criterios que se los respeto pero no se los comparto, manifestando que era la inspección y que allí no podía funcionar el juzgado de paz”.
“Le aclaré que no fuera a desconocer el artículo 37 de la ley 497 de 1999, que dice que todas las autoridades tienen que estar dispuestas a colaborar con los jueces de paz. Pero él se está pasando por encima de la legislación y desconoce esta normatividad y fuera de eso la discute”.
Fuimos a la inspección de policía con el fin de conocer la versión del funcionario. En forma poco cortés, al lado de un policía, nos dijo cortantemente que él no estaba habilitado para dar declaraciones a los medios de comunicación.
Sin embargo, le hicimos un par de preguntas: Una por qué le había cerrado definitivamente el billar “El Cuncio” a don Hernán Tafur Melo. Contestó: “Es por el problema del suelo de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial”.
La otra pregunta fue por qué no estaba atendiendo en estas instalaciones el juez de paz. Su respuesta lacónica fue: “Él no es empleado de la alcaldía”.
A pesar de todas estas vicisitudes, don Luis González, juez de paz, continúa con la quijotesca labor de impartir justicia, sin las mínimas comodidades, sin las mínimas normas de seguridad, en cambio sí con mucha voluntad y conciencia social y de clase.
