Las advertencias infundadas del presidente Uribe sobre los peligros que tendría la propiedad privada si se consolidan los acuerdos con las FARC parecen haber tenido eco, y ello se refleja en la negativa a subir los impuestos a la gran propiedad terrateniente y, en general, a la riqueza. En lugar de poner los ojos en los ingresos medios y bajos, el gobierno debería prestarle atención a la forma como se reduce el índice Gini de concentración de la tierra en Colombia, que es cercano a 0,90. Y aun así, el presidente Uribe dice que desde La Habana se conjura un malévolo plan contra la propiedad privada.
La reforma tributaria es una disculpa para bajar el salario real. Luego del fracaso de la devaluación masiva para rectificar el desajuste de la balanza de pagos ocasionado por los desaciertos de varios años y el deterioro creciente de la economía, el gobierno y los organismos internacionales no vieron otro camino que reducir los ingresos del trabajo.
Se debería tener claro que los recursos que se necesitan no son para responder a los chantajes de las calificadoras de riesgo, sino para comenzar a construir la paz. Y en este proceso complejo, no basta con garantizar el acceso a la tierra. Tal y como se observa en el Acuerdo entre el gobierno y las FARC, se debe ir mucho más lejos: “Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente, por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral…”.
