martes, abril 23, 2024
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Hacinamiento y tortura en cárceles

Jesús Miguel Velandia León, campesino acusado de rebelión en un proceso viciado, padece de cáncer y no ha sido trasladado para que reciba atención de especialistas. En la cárcel Modelo de Bogotá hay más de cinco mil reclusos, aunque solo le caben 2.907

Jesús Miguel Velandia León, campesino acusado de rebelión en un proceso viciado y quien padece cáncer de colon, no ha sido tratado con dignidad. Foto CSPP.
Jesús Miguel Velandia León, campesino acusado de rebelión en un proceso viciado y quien padece cáncer de colon, no ha sido tratado con dignidad. Foto CSPP.

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En lo que va del año la situación carcelaria del país no ha dejado de ser noticia por varias circunstancias, siempre preocupantes.

La Personería Municipal de Cali informó que el hacinamiento en la cárcel Villahermosa (denunciado tiempo atrás) ha venido agravándose desde enero, pasando de 5.800 reclusos a 6.540 con un incremento del hacinamiento de más del 350%. El centro de reclusión aumentó el número de internos, pero solo dispone de 288 guardianes, de los cuales 38 son administrativos. Pese que la Personería interpuso tutela para proteger los derechos de los internos y a pesar que se falló a favor de ellos, la situación sigue igual.

En la cárcel la Modelo de Bogotá hay más de cinco mil reclusos, pero su capacidad es de 2.907, es decir el hacinamiento allí es del 73%. La cárcel del Pedregal en Medellín está diseñada para 100 reclusos, pero ya tiene más de 400.

Hace apenas unas semanas el procurador de La Guajira y la Defensoría del Pueblo interpusieron una tutela para impedir que sigan llegando más presos a la Cárcel Municipal de Riohacha, que tiene un hacinamiento del 438%. Los organismos solicitan que no se sigan vulnerando los derechos de los 538 internos en el penal, que solo tiene capacidad para 100. La cárcel de Santa Marta tiene un 353% de hacinamiento y Magangué 320%.

Tortura, malos tratos y desatención médica

Una forma de castigar a los presos es implementando el maltrato, el cual ha sido denunciado en varias oportunidades por ONG de derechos humanos y los propios reclusos. René Nariño, vocero de los presos políticos del Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional e Internacional (ERON-Picota) en donde la cifra de presos supera en 41.802 internos la capacidad de dicha cárcel, comentó lo siguiente al programa “Hablemos alguito” transmitido por Contagio Radio:

“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) maneja una doctrina frente a los presos políticos que es la doctrina del enemigo interno. Sus guardias reciben un entrenamiento en el que ven al interno en general como su enemigo. No como unas personas que están pagando una sanción de tipo penal y social para volver a integrarse a la sociedad, sino que al preso hay que hacerle pagar no solo penal sino física y psicológicamente la trasgresión que ha hecho a las leyes”.

“Por ello vemos operativos en donde participa toda la guardia, que obligan al interno a desnudarse, a acostarse boca abajo mientras son golpeados, son sometidos a gaseadas con lacrimógenos. En muchas ocasiones los guardias vienen con los rostros tapados para no ser identificados, cubren sus nombres y apellidos de tal manera que el preso no pueda denunciar disciplinaria ni penalmente este tipo de actos. Existe otro tipo de sometimiento cruel e inhumano y es la violencia sicológica, verbal”.

La desatención médica es una manera de castigar a los presos. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denunció la semana pasada que Jesús Miguel Velandia León, detenido político, campesino de 51 años de edad, fue diagnosticado con cáncer en la cárcel de Palogordo sin haber recibido el tratamiento médico adecuado por parte del Estado colombiano.

Este campesino sufre de cáncer de recto, el cual ya ha hecho metástasis en la parte ósea, y padece fuertes dolores en los huesos impidiéndole caminar y sentarse. Pese a que existen cuatro órdenes del médico tratante para que el interno sea remitido a especialistas, el Inpec y Caprecom hacen caso omiso y se limitan a remitirlo a las celdas de sanidad en condiciones infrahumanas. Como este caso son cientos que no salen a la luz pública o solamente cuando el preso ha fallecido.

El 27 de mayo los detenidos del Bloque 1, Bloque 2, Bloque 3 y área de reclusión de mujeres del complejo carcelario de Jamundí en el Valle del Cauca entraron en huelga de hambre como forma de exigir que el servicio de agua se mantenga las 24 horas del día sin ninguna restricción, que se les reconozcan las seis horas de descuento a quienes estudian y no se les reste cuando no son trasladados a las aulas por no tener suficiente personal de guardia y que se amplíe la visita conyugal según fallo de tutela T266 del 2013, de la Corte Constitucional.

Cifras del Inpec dan cuenta de que el hacinamiento en las cárceles del país supera el 55%. Hoy día las cárceles del país tienen capacidad para 76 mil reclusos, pero ya hay más de 120 mil detenidos.

Según Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia, las soluciones que están andando y que le cuestan al país más de un billón de pesos, apenas disminuirán en un 30% el hacinamiento en el país.

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