viernes, marzo 29, 2024
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Hace trámite “reforma” a la salud: Se consolida el negocio

La Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, ANSA, le exige al gobierno nacional que los colombianos tengan el goce de este derecho integral y pleno, como un elemento fundamental para construir la paz

Con la reforma a la salud que no cambia nada de fondo, serán menos los colombianos que tendrán acceso al goce de este derecho fundamental.
Con la reforma a la salud que no cambia nada de fondo, serán menos los colombianos que tendrán acceso al goce de este derecho fundamental.

Juan Carlos Hurtado F.

Mientras el Congreso de la República, daba la espalda a las necesidades sociales en materia de salud y tramitaba una inocua reforma, que por el contrario, profundiza el modelo de mercantilización de este derecho; las organizaciones de la ANSA se manifestaban en su contra porque se mantiene el modelo de intermediación.

La Alianza asegura que los gestores de servicios de salud, GSS, que propone el gobierno no son más que un cambio de nombre de las EPS. Por lo tanto, expresaron que no se deben aceptar intermediarios financieros ni laborales; planes de beneficios o exclusiones que no harán más que separar la atención de las necesidades de las personas.

Las organizaciones concluyen que la causa de la crisis no es el abuso de unos pocos sino la estructura del sistema.

El actual sistema

ANSA enumera una serie de características que configuran el funcionamiento del actual sistema de salud. Asegura que hay pacientes y sufrientes, tanto de enfermedades huérfanas como comunes, sometidos a toda suerte de barreras de acceso y a condiciones de pésima calidad de atención, como resultado de la búsqueda de ganancia de los intermediarios del sistema.

Personas en situación de discapacidad sistemáticamente excluidas; trabajadores del sector salud sometidos a la intermediación laboral y a la incertidumbre cotidiana debido a la obsesiva disminución de costos para aumentar ganancias.

Hospitales públicos obligados a sobrevivir sin ingresos, mientras los intermediarios aplazan indefinidamente los pagos a su acomodo. Profesionales de la salud sometidos a decidir en función de controlar los gastos de los intermediarios e instituciones prestadoras de las que dependen.

Estudiantes y profesores universitarios sin escenarios para el aprendizaje y la investigación, en el marco de los negocios cruzados de la salud y la educación. Prisioneros políticos y de todo tipo sometidos a la inhumana desatención en salud.

Y, pensionados que deben cotizar más alto que ninguna otra población para recibir mala atención. Comunidades pobres urbanas y rurales siempre tratadas como personas de segunda clase porque deben demostrar ser pobres para recibir limosnas llamadas subsidios. Comunidades enteras sometidas a pésimas condiciones ambientales descuidadas por una visión recortada de la salud pública.

“Este negocio de la enfermedad fue instaurado en el marco de una visión neoliberal de la sociedad, del papel del Estado y del desarrollo económico adoptada desde la década del noventa en nuestro país, según la cual el motor de las sociedades es la iniciativa privada y las ganancias que de ella se derivan, de manera que el Estado sólo debe impulsar la acumulación de capital y subsidiar a los pobres”, expresaron en comunicado las organizaciones reunidas.

Salud para la paz

Para ANSA, los acercamientos para una solución política del conflicto social y armado son una oportunidad para construir paz en el entendido de “discutir el estado de cosas en materia de desarrollo económico y de la garantía de derechos políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales interdependientes; comenzando por la conformación de un nuevo sistema de salud, en un nuevo marco de derechos, de manera que se desmedicalice la salud y se desmilitarice la paz”.

Por lo anterior, exigen a todas las instancias del Estado, escuchar y asumir las propuestas presentadas por ellos, con el apoyo de diversas fuerzas políticas, tanto de ley estatutaria como de ley ordinaria. Estas iniciativas apuntan a hacer respetar el bloque de constitucionalidad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en los que se inscribe el derecho fundamental y universal a la salud.

Un derecho que debe ser garantizado y financiado por el Estado con cotizaciones obligatorias e impuestos y administrado de manera pública, sin lucro alguno, en unidades territoriales de salud que respeten la descentralización y cuenten con amplia participación y veeduría social y ciudadana.

Por último, las organizaciones se comprometieron a hacer seguimiento al proceso legislativo que cursa en el Congreso, estar atentos a la labor de control previo de la Corte Constitucional y denunciar a todo aquel que apoye la extracción de rentas del manejo de los recursos públicos para la salud.

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