Habla Pastor Alape: “No somos guerreristas”

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“La paz ha sido siempre nuestro mayor anhelo. No somos guerreristas, somos luchadores políticos, somos rebeldes que creemos en la paz como Derecho Síntesis”, dice el comandante guerrillero con plena convicción

PASTOR ALAPE6

Carlos A. Lozano Guillén

El 19 de diciembre del año pasado, llegamos a La Habana y uno de los objetivos era entrevistar al comandante Pastor Alape, quien pocas semanas antes se había integrado a la delegación de paz de las FARC-EP. Fue uno de los principales protagonistas en el acto humanitario de la entrega del general Rubén Darío Alzate, retenido por unidades guerrilleras en el departamento de Chocó y cuya pronta liberación fue un gesto de paz reconocido como tal por el Gobierno Nacional.

Pastor Alape es un veterano integrante de las FARC-EP, miembro del Estado Mayor Central y del Secretariado. Dicen que es muy cercano al comandante Timoleón Jiménez porque ambos, durante mucho tiempo, estuvieron al frente del Bloque del Magdalena Medio. Siempre han tenido una relación muy estrecha.

Debido a sus ocupaciones ni siquiera pudimos vernos para realizar la entrevista, pero le dejamos un cuestionario, que con amabilidad nos resolvió y ahora lo presentamos a los lectores en esta edición del semanario. Debido a la extensión, hicimos unos pequeños cortes para el espacio de dos páginas en el impreso, pero la versión completa puede leerse en www.semanariovoz.com y www.pacocol.org.

—¿Cómo se siente en la Delegación de Paz de las FARC-EP?

—Con una inmensa responsabilidad sobre los hombros, por la magnitud que tiene el compromiso en la concreción de los sueños por la paz que acompañan a la mayoría de los colombianos y que nos impone la tarea de ampliar el camino que permita que todos los sectores de la población se vinculen activamente con al proceso.

—¿Cuál es su función específica?

—Somos un colectivo que trabaja permanentemente en la elaboración de las iniciativas para el debate en la Mesa. Esas iniciativas también se nutren con las ideas que envían los Frentes y Bloques, así como las que aporta el conjunto de la sociedad colombiana mediante otros eventos de participación ciudadana que se han organizado; también las que se recogen del encuentro diario de guerrilleros, milicianos y militantes del partido con la gente en las distintas áreas, además de las orientaciones que entrega Timo, como comandante del Estado Mayor Central.

—¿Qué es lo concreto que asumirá la Comisión sobre el Fin del Conflicto?

—Lo acordado es la creación de la Subcomisión Técnica, integrada por representantes de las dos delegaciones, para iniciar la elaboración de iniciativas sobre el punto 3 Fin del conflicto, de la Agenda del Acuerdo General. Esa Subcomisión abordará temáticas concretas como los subpuntos de cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo; es decir, el armisticio, y la dejación de las armas.

Esta Subcomisión la integran diez miembros de cada delegación y elaborarán un cronograma de trabajo. Su instalación y funcionamiento ha demorado por la suspensión de los diálogos, en forma unilateral, por parte del gobierno, cuando se presentó la captura del General Alzate, fundamentalmente.

—¿Cree posible llegar a un acuerdo de paz estable y duradera?

—Estamos comprometidos con el proceso, trabajamos con mucha dedicación para lograr ese objetivo. La garantía para la firma del acuerdo final y su implementación está en la capacidad de movilización de las mayorías nacionales. Su movilización es determinante para el éxito del proceso, para que el bloque de poder dominante reconozca que este es un proceso de solución política y no de sometimiento y judicialización, para poder superar los más de 50 años de violencia que ellos, los opresores, han impuesto y sostenido en Colombia.

—¿En qué tiempo? Se lo pregunto porque percibo al Gobierno con muchos afanes.

—En el tiempo necesario para tratar toda la problemática que dio origen a esta larga guerra y construir las bases del nuevo país en marcha hacia la paz, con equidad, como es el anhelo de la gente.

El Gobierno habla de acelerar el ritmo, pero se opone a la concreción de acuerdos en temas trascendentales como el latifundio, la extranjerización de la tierra y otros que componen las salvedades que están en lo que hemos denominado el congelador; pero que existe el compromiso de retomar su discusión más adelante.

La solución de un conflicto de más de cincuenta años no se resuelve de un plumazo. Sería una gran irresponsabilidad pretender que sí, porque no estaríamos construyendo una paz estable e infinitamente duradera, sino que dejaríamos la posibilidad de desembocar en violencias más brutales que la que vivimos en estos tiempos si no se supera la situación de miseria, de desigualdad y carencia de democracia que han generado la actual confrontación.

Nuestro deseo es que el acuerdo se firme lo más pronto, y se convoque la Asamblea Nacional Constituyente, para que sea el soberano quien refrende los acuerdos, pero como acabamos de expresar, esto aún requiere mucho trabajo y tiempo.

—¿Cómo se sintió con el general Álzate el día de la misión humanitaria para su liberación?

—La decisión del Secretariado fue enviar a un integrante de la dirección que dinamizara el proceso de liberación. No era fácil explicar a guerrilleros, a todo el cuerpo de mandos y liderazgos de la organización, el por qué era necesario resolver esta situación de la manera como se daría, que a nuestro modo de ver era la que podía brindar más favorabilidad al buen desarrollo del proceso.

Debíamos, al mismo tiempo, exponerles nuestras distancias frente a la insensatez del presidente Santos, que permanentemente ordena arreciar la ofensiva contra la insurgencia buscando su debilitamiento bajo el supuesto de invalidarnos en el terreno de los diálogos, cuando ahí lo que deben pesar son los argumentos de justicia social. Se sigue por parte del gobierno sosteniendo que los hechos del escenario de la confrontación no repercuten en la Mesa de conversaciones, pero cuando se presentó la situación del General, pisoteó su propio discurso.

Las actividades para la liberación del general nos permitieron conocer el interés de muchos militares por la solución política del conflicto, y hoy podemos afirmar que hay un amplio sector de las fuerzas armadas que aspiran a ver la firma del acuerdo final y que se oponen a continuar el desangre nacional por tiempo indefinido. Ellos parecen ser conscientes de que no han ganado la guerra, que la inconformidad de las mayorías no se resuelve con la represión, que en este conflicto no hay vencedores ni vencidos y que por lo tanto hay que buscar una salida incruenta.

Los que estuvimos en el desarrollo de la tarea -Boris es el nombre del otro camarada que me acompañó- presentamos a mandos y combatientes comprometidos en la misión de custodia y protección de la vida de los prisioneros el saludo de reconocimiento por su desempeño victorioso. Además les llevamos un parte exitoso de la dirección y del conjunto de la Delegación de Paz en La Habana, porque los guerrilleros estaban claros que el momento requería un mensaje firme de nosotros.

—Usted le dijo a El Colombiano que cree en la versión del general sobre su retención, aunque ella deja muchas dudas en los medios de comunicación. ¿Por qué?

—No es solamente la versión del General; es lo que nuestras unidades conocieron en el terreno. Si hay algo más fuera de eso, no es de nuestro conocimiento.

El general se enredó en la telaraña de las acciones de guerra sicológica, centro de presión contra la población en los planes de consolidación de las Fuerzas Militares, dirigidos a comprometer a la población civil en acciones de guerra. Por eso él realizaba, en Quibdó, muchas actividades de carácter político, vestido de paisano. Sabía, y lo sabe todo el generalato, que los instrumentos de seguridad y represión del Estado generan temor, miedo en la población civil, por las acciones de terror sostenido de la Fuerza Pública contra la sociedad durante toda la historia de guerra contrainsurgente en Colombia.

—A estas alturas, cuando está bien avanzada la agenda, aunque quedan importantes temas pendientes, ¿qué falta para llegar a un acuerdo político definitivo?

—En La Habana hemos llegado a tres acuerdos parciales: Desarrollo Rural Integral, Participación Política y Nueva Política Antidrogas, cuyas discusiones han dejado en el congelador 28 salvedades a la espera de un espacio para retomar su debate en el proceso. Ahora estamos en desarrollo del punto de Víctimas del conflicto, con algunos adelantos convenidos, como es los concerniente a principios que permitan abordar de manera eficiente la temática, y en paralelo hemos hecho cinco audiencias de víctimas y abordado otros asuntos que se refieren a aspectos esenciales del tema Fin del Conflicto, como lo son el Cese Bilateral del Fuego y la Dejación de Armas, lo cuales conllevan compromisos mutuos.

Aparejadamente hemos desplegado iniciativas y algunas discusiones de medidas que podrían ayudar al desescalamiento de la confrontación, siempre indicando de parte nuestra que la mejor manera para lograr este propósito sería la firma del cese bilateral de fuegos; no obstante, y aun habiendo las FARC declarado el cese unilateral indefinido, se denota en el gobierno falta de voluntad política, de más compromiso en acciones y el lenguaje que coincidan con el creciente sentimiento nacional que clama por que se amaine el conflicto y sus consecuencias victimizantes, para que el país sienta, en el vivir diario, que la paz sí es posible y que se avanza decididamente por el camino correcto para alcanzar el acuerdo final.

Entonces, habría que repetir que para lograr más confianza de la población en la posibilidad de la paz, se deben empeñar esfuerzos en escuchar las voces de las comunidades, de sus organizaciones sociales y políticas, y se deben abrir mucho más las puertas de la participación ciudadana en el proceso, para que la gente ayude en la construcción del acuerdo final. Se requiere urgentemente la participación activa, protagónica, del soberano, de todos los sectores que están comprometidos con la solución política del conflicto e incluso de aquellos que aún guardan dudas ya sea por desconocimiento, por falta de información o porque no están de acuerdo con algún aspecto del proceso.

Se requiere que hablemos, que busquemos alternativas civilizadas. Pero sobre todo se requiere hacer sentir que somos más los que estamos comprometidos con la paz de Colombia respecto a aquellos que, a costa del desangre nacional, promueven la violencia alimentados por el interés de mantener sus privilegios, el crecimiento de sus cuentas bancarias y las utilidades por el despojo de la tierra y por la corrupción en la administración de los recursos públicos.

—Ha habido gestos de paz de las FARC-EP, pero no se ven los del Gobierno Nacional. ¿Cómo interpretar esta situación?

—Esa es la realidad: hemos decretado por cuatro ocasiones ceses de fuego unilaterales. Y desde el 20 de diciembre pasado nos comprometimos con un cese al fuego unilateral, verificable e indefinido. Sobre éste, el gobierno ha reconocido que hemos cumplido nuestro palabra de acallar las armas; sin embargo no solamente hay ausencia de reciprocidad sino ordenes de arreciar la ofensiva contra nuestras unidades en tregua, aun a sabiendas de que estos ataques a mansalva pueden echar al traste con este gesto de alto contenido humano que responde al sentimiento de las víctimas y de las mayorías que claman por la reconciliación.

La actitud de las Fuerzas Militares, incluso, ha estado dirigida a sabotear nuestra decisión, sin que pareciera importarles siquiera sus propios soldados que caen heridos o muertos.

No creemos sensato ni dentro del espíritu de un deseo cierto de paz mantener el fuego y las hostilidades. Ojalá no sumemos un muerto más, otro herido, otra víctima, otro doliente a este conflicto, ojalá se entienda que el destino de Colombia no puede ser el de la guerra. Por eso, ahora, lo más importante, es que grandes sectores de opinión han valorado este gesto de cese de fuegos que ya cumplió un mes, notando que con voluntad política sí es posible el desescalamiento del conflicto, como paso firme en dirección a su fin. El apoyo de la ciudadanía es fundamental para lograrlo.

Esperamos que el Estado, como determinador de este conflicto, asuma por fin una posición coherente y recoja el gran clamor de la mayoría de los colombianos por el cese el fuego bilateral y en la mesa exprese su compromiso con propuestas de buen juicio, con la ecuanimidad suficiente para comprender que los compromisos de desescalamiento deben ser mutuos, y que la firma del armisticio, además de ser una necesidad, puede ser el preludio de un verdadero tratado de paz que beneficie a la nación entera.

—La incorporación del comandante Joaquín Gómez ratifica la cohesión de las FARC-EP en torno a la voluntad de buscar la paz mediante el diálogo y el acuerdo democrático político y social. ¿Habría la posibilidad de que un Frente o algunos mandos no lo acepten? ¿Cómo garantizar que eso no ocurra?

—El Estado Mayor y su Secretariado acordaron que Joaquín Gómez se integrara al Comando Guerrillero de Normalización, que no de transición, para abordar el tema del regreso de las Fuerzas Militares a su misión constitucional de defender las fronteras, la no utilización de sus armas en política, ni en la persecución y aniquilamiento de expresiones alternativas, como movimientos y organizaciones críticas de los gobiernos y defensoras de los derechos humanos; asimismo dentro de este Comando deberán atenderse aspectos relacionados con el desmonte de la concepción de defensa contrainsurgente basada en la Teoría de la Seguridad Nacional y Doctrina del Enemigo Interno, impuestas por el Pentágono, la cual es causa de la barbarie que ha vivido el país en estos más de cincuenta años de guerra.

La presencia de un importante número de liderazgos de las FARC-EP de todas las regiones y Bloques no deja posibilidad a dudas sobre la cohesión de la organización. En las FARC hay unidad de mandos, democracia interna y subordinación a las orientaciones del Estado Mayor Central y el Secretariado. El conjunto de los guerrilleros y guerrilleras, como de las estructuras de milicias y de Partido Clandestino, dan pleno respaldo a la gestión que se realiza en función de la paz de Colombia. Nuestra cohesión ideológica y política es una de nuestras más grandes fortalezas.

—¿Las FARC-EP están preparadas para la paz y para el accionar político público y abierto en la vida del país? ¿Cómo garantizar que no se repita la historia del genocidio de la Unión Patriótica?

—Las FARC-EP siempre hemos hecho política. Hacerlo en función de los intereses de las mayorías populares es nuestra razón de ser. Que lo hagamos en la clandestinidad como ocurre ahora, o que lo hagamos dentro de la legalidad como aconteció en los tiempos del surgimiento y desarrollo de la Unión Patriótica, no depende de nuestro querer sino de que existan o no los espacios ciertos de participación democrática. Si efectivamente cesa el terrorismo de Estado y la guerra sucia, y hay muestras claras de que se está produciendo una expansión de la democracia, con respeto a los derechos humanos y garantías políticas, no para las FARC sino para el conjunto de la ciudadanía, nuestra disposición de actuar en la legalidad es plena.

Pero esto implica que se produzcan reformas estructurales que son urgentes. Ya hemos planteado las fundamentales en nuestras propuestas mínimas presentadas durante las discusiones de los puntos uno, dos y cuatro de la Agenda del Acuerdo General de la Habana, y hemos hecho un esbozo más de conjunto en lo que presentamos al país con el nombre de “Proceso constituyente abierto para la transición hacia la Nueva Colombia. Lineamientos generales”, que es un documento para el debate nacional, referido a nuestra visión de país, a nuestra participación política en democracia, lo cual procedería si las clases dominantes lo posibilitan y no persisten en su estrategia guerrerista.

Ahí planteamos aspiraciones que son mínimas y posibles dentro de lo que sería la existencia de un Estado de derecho, pero como base para seguir luchando sin matarnos entre compatriotas, por nuevos escenarios que brinden cada día más y más reivindicaciones para el conjunto de la sociedad.

Me permito recordar, sin detallar, que son diez lineamientos los que proponemos: Democratización real y participación en la vida social; Reestructuración democrática del Estado; Desmilitarización de la vida social; Desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narcoparamilitares; Justicia para la paz y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto; Desprivatización y desmercantilización de las relaciones económico-sociales; Recuperación de la riqueza natural y reapropiación social de los bienes comunes; Reorganización democrática de los territorios urbanos y rurales; Nuevo modelo económico e instrumentos de la dirección de la economía para el bienestar y el buen vivir; Restablecimiento de la soberanía e integración en Nuestra América.

Presentando estas propuestas, debatiéndolas con los sectores sociales, estamos haciendo escuela y la práctica nos ha dado herramientas para poder desempeñarnos en escenarios nuevos del ejercicio de la política.

Pero, para evitar un nuevo genocidio como el acontecido con la Unión Patriótica, no bastarían las promesas del gobierno; además de la implementación de la democracia real y las garantías para que todas las expresiones políticas puedan participar en la lucha por llegar a los espacios de la dirección del Estado y sus órganos de control, hay que realmente comenzar a desmontar ya el paramilitarismo y todas las estructuras de terror para-estatal de que se ha valido el Bloque de Poder Dominante para combatir a sus opositores y mantener sus privilegios; habría que abolir la Doctrina de la Seguridad Nacional y la Concepción del Enemigo Interno que ha promovido y justificado el crimen político en Colombia.

—¿Cómo se siente mejor Pastor Alape: en la Mesa de diálogo o en el campo de batalla?

—La paz ha sido siempre nuestro mayor anhelo; cuando nos decidimos a hacer uso de las armas, lo hicimos para asumir con responsabilidad la resistencia contra la violencia institucional, lo hicimos obligados por esa violencia, pero siempre, siempre, soñando en la paz con justicia social.

No somos guerreristas, somos luchadores políticos, somos rebeldes que creemos en la paz como Derecho Síntesis, como supremo derecho que está por encima de los demás derechos, porque la paz es la garantía del ejercicio de todos los derechos. De tal manera que aunque su inquietud plantea dos escenarios aparentemente distintos, la realidad es que se trata de un solo escenario, el de la lucha por resolver las múltiples causas que originaron y nutren el conflicto; que en uno de ellos se sienta el riesgo con más intensidad, porque la muerte amenaza por tierra, agua y aire, no lo diferencia del territorio de la Mesa, donde las emboscadas que nos tienden tienen alcance estratégico.

En esta las amenazas pueden estar cargadas de sutilezas, pero las conclusiones a que se lleguen tienen que ver con la existencia no de los combatientes de las FARC solamente, sino de millones de colombianos que aspiran a una vida y un futuro mejor. En los dos escenarios se expresan contradicciones de una misma realidad en la que se da la batalla de posiciones contrarias que aspiramos resolver.

Eso no es fácil, porque de un lado están quienes defienden intereses de transnacionales y fuertes sectores oligárquicos que han vivido de la explotación de las mayorías, y que no han desistido de profundizar el neoliberalismo para mantener sus ganancias y sus opulencia, y del otro estamos quienes aspiramos a llegar a acuerdos que permitan superar la miseria, la desigualdad, la falta de democracia, que permitan el restablecimiento de la soberanía, etc. dándole vía al derecho a la tierra, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación…, al buen vivir del que tanto hablan hoy en día gobiernos democráticos del continente que trabajan por darle dignidad a sus gobernados.

Por eso estos diálogos, más allá de la artillería mediática que dispara mentiras y engaños para sostener a los oligarcas, no pueden convertirse en un proceso judicial, ni de sometimiento; deben tomar en pleno su carácter de proceso político que genere las transformaciones estructurales que hagan de Colombia un país verdaderamente democrático en el que imperen la justicia, el decoro y la libertad.