¿Qué se resuelve en La Habana: la llamada guerra en Colombia, o el conflicto social que es armado? La respuesta a esta simple e ingenua pregunta marca nuestro ingreso como colombianos al mundo civilizado y tan anhelado de la modernidad.
Alberto Pinzón Sánchez
La insurgencia colombiana, como es fácil de comprobar en sus múltiples y numerosos comunicados, siempre ha tenido como referente jurídico-político para la caracterización del llamado oficialmente por el gobierno “conflicto colombiano”, la doctrina producida por la Convención de Ginebra, especialmente el artículo 1 del Protocolo Adicional II, que el Comité Internacional de la Cruz Roja ratificó escuetamente en su dictamen del 2008 así:
“Conclusión: Sobre la base de este análisis (Convención de Ginebra 1949. Artículo 1 Protocolo Adicional II, y el DIH) el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR propone las siguientes definiciones, que reflejan La firme opinión jurídica que predomina actualmente:
1- Existe un conflicto armado internacional cuando se recurre a la fuerza armada entre dos o más Estados.
2- Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima”. Dictamen del CICR, marzo de 2008.
Además, para mayor claridad y comprensión de la situación colombiana, la insurgencia le agregó a esta caracterización un componente “histórico” (que está en proceso de clarificación) y una cualidad definitoria: es un conflicto armado pero al mismo tiempo social.
Sin embargo, esta unidad de criterio no ha sido la misma por parte del Estado colombiano, en donde abunda la confusión conceptual y se da un verdadero galimatías teórico estructural-funcionalista, que ha dado prelación al aspecto militar, en detrimento de su contrario jurídico-político acabado de mencionar, que por su peso e inercia de tantos años ahora está cargando negativamente el avance de los actuales diálogos de La Habana, en donde se está buscando terminarlo como un todo.
No es el momento de hablar de la “obsesividad anticomunista” de la oligarquía militarista colombiana y su acicate estadounidense para eliminar, “vía militar”, la insurgencia surgida de su afición al uso de la violencia política sectaria desde el poder central, y a su incapacidad (como clase hegemónica dominante) para resolver por medios políticos el “conflicto social” surgido de la inevitable y omnipresente lucha de clases, motor de las sociedades y de la historia.
Bástenos aquí solamente mencionar el monstruoso aparato militar, con su correspondiente monstruo jurídico de códigos, edificados en Colombia en las últimas décadas con más de medio millón de soldados y policías, dotados con la última tecnología para la muerte por los EEUU, Inglaterra e Israel, junto con los multimillonarios recursos financieros para su funcionamiento (por ejemplo el 6% del PIB conocido) dizque para enfrentar una insurgencia que el mismo ministerio de guerra colombiano cifra en no más de diez mil guerrilleros solamente.
En su tenacidad por privatizar el Estado colombiano, demostrada a lo largo de toda la historia patria, es decir: utilizar para fines privados las instituciones públicas, la oligarquía dominante no ha podido resolver una segunda contradicción histórica que le ha deparado su dominio violento y sectario, que actualmente está lastrando aun más los avances en la mesa de La Habana: la contradicción entre lo público y lo privado.
Y por eso tenemos no solo una llamada “Fuerza Pública”, guachimán de los intereses de un pequeño grupo oligárquico gobernante que se comporta en el territorio de Colombia como una fuerza de ocupación extranjera que, para llevar a cabo el objetivo de derrotar militarmente a la insurgencia, ha tenido que crear una “fuerza privada” colateral como son los paramilitares de la familia Castaño y la familia Mancuso, quien privadamente hoy, como en el año 2000 en el Caguán, pide ser “un tercer actor en la negociación”.
¿Qué se resuelve en La Habana: la llamada guerra en Colombia, o el conflicto social que es armado? La respuesta a esta simple e ingenua pregunta marca nuestro ingreso como colombianos al mundo civilizado y tan anhelado de la modernidad.
Los militares colombianos (ojo, en su mayoría) ya no están interesados como en la década de los 70 del siglo pasado en el reformismo militar de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy. Están muy interesados, eso sí, en los aspectos llamados “técnicos” de la confrontación militar actual y eso es lo que ha ido a discutir (a muy buena hora) el “guerrero” general Flórez con su comisión de inteligencia militar.
El problema surge cuando se habla del Partido Comunista Clandestino (PC3) que es una fuerza social clandestina pero existente y real, no un actor del conflicto como lo llama el galimatías oficial, que obsesionó al defenestrado general Puyana y que él identificaba con su ceguera anticomunista con el movimiento social y político “Marcha Patriótica”, a la que el Estado colombiano le ha causado hasta la fecha más de 40 “bajas” de dirigentes sociales y populares.
Y es tal la confusión que el galimatías teórico oficial (bis) ha creado, que hasta el mismo aparato mediático de propaganda del régimen le pide a la llamada Fuerza Pública una vocación reformista, de la que carece, para enfrentar lo que llaman el posconflicto. ¿Cuál es la razón por la cual el aparato de propaganda del régimen le pide peras al olmo, sino la confusión teórica?
Sería ideal que la llamada Fuerza Pública de Colombia ayudara a la solución del aspecto social del conflicto colombiano, no con los robots policíacos del Esmad y las bombas militares racimo arrojadas indiscriminadamente sobre la población civil en los campos y veredas colombianas, sino como una fuerza (no actor del conflicto como lo llama el galimatías oficial -bis) que, con sus experiencias de planificación y ejecución de proyectos, colaborase con el Departamento Nacional de Planeación, en lo que el galimatías oficial (bis) ha dado en llamar genéricamente como posconflicto.
¿Posconflicto militar, posconflicto social, o ambos? He ahí el dilema que se debe resolver pronto, aclarando el galimatías oficial (bis) existente, con el fin de continuar avanzando en la mesa de La Habana hasta el acuerdo final, no la paz negociada o negociación con la guerrilla, como lo llama el galimatías oficial (bis).
