Argentina es empujada a la cesación de pagos, mientras Cuba, Venezuela y otros países están en la mira de Washington, en la perspectiva de bloquear sus economías
Alberto Acevedo
La decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa de favorecer el reclamo de un grupo de empresas de papel para exigirle a Argentina el pago total e inmediato de una deuda y sus multimillonarios intereses, que previamente el gobierno de Buenos Aires venía negociando y conseguido acuerdos de pago parciales, en un sonado caso financiero conocido como el de los ‘fondos buitre’, ha puesto sobre la mesa de discusiones el tema de la cesión de soberanía jurídica y la inclusión subordinada de los países latinoamericanos al mercado global, aspectos que se insertan en la letra pequeña de este tipo de contratos.
En el caso de Argentina, el gobierno de Cristina Fernández niega que haya entrado en ‘default’, término con que se conoce la cesación de pagos por iliquidez financiera, puesto que su gobierno ha venido respetando los acuerdos a que había llegado con los acreedores antes del fallo judicial de Nueva York, y se muestra dispuesta a suscribir otros, sin que estos lleven a la quiebra la economía del país.
Pero el chantaje judicial sí pone en una situación crítica la economía argentina, a la que se cierra a corto plazo la posibilidad de acceder a créditos nuevos y frescos, golpeando en lo inmediato la balanza de pagos y las reservas del Banco Central, que de 51 mil millones de dólares en 2010, pasaron a 29 millones el pasado mes.
El mensaje que las cortes norteamericanas envían a la Argentina es el mismo para el resto de países de América Latina: si los gobiernos no pagan sus deudas, en la modalidad de bonos de deuda, a las tasas onerosas que las empresas especuladoras han adquirido, que se atengan a las sanciones. Y es una posición unánime del gobierno norteamericano, no sólo porque el fallo judicial fue avalado por la Corte Suprema de Justicia, sino porque el presidente Obama tiene en sus manos la potestad discrecional de suspender el fallo judicial cuando se trate de proteger los intereses de un país aliado, y no ha usado esa facultad.
En realidad, el látigo no ha sido esgrimido sólo contra Argentina. En los últimos tiempos, Estados Unidos ha arreciado una guerra económica contra Cuba y Venezuela, los dos países que mejor representan los pilares de la integración latinoamericana en contra de las políticas neoliberales y neocoloniales que trata de imponer la Casa Blanca en la región.
Cuba en la mira
A partir de 1959, Cuba se convirtió en la piedra en el zapato de las administraciones norteamericanas y la revolución encabezada por Fidel se convirtió en ejemplo de dignidad para los pueblos del continente. De hecho, varios gobiernos progresistas llegaron al poder, tendencia que se hizo más notoria con el ingreso al Palacio de Miraflores de Hugo Chávez en Venezuela, que abrió un nuevo y amplio espectro para el devenir de los pueblos latinoamericanos.
Las sucesivas administraciones norteamericanas no han ocultado su odio contra la revolución cubana. Los ataques financieros para tratar de desestabilizar su economía, sumados al criminal bloqueo económico, son cotidianos. Esto se refleja especialmente en las sanciones que Washington impone a empresas y bancos nacionales y extranjeros que comercian con La Habana.
El bloqueo financiero y comercial a Cuba es un verdadero acto de guerra económica. El país antillano no puede exportar productos a Estados Unidos, no puede importar mercancía alguna de ese país; no puede recibir turismo norteamericano, no puede utilizar el dólar en transacciones en el exterior, no tiene acceso a créditos internacionales, no puede realizar operaciones con instituciones financieras multilaterales.
De acuerdo a cifras conservadoras, el daño económico a la isla causado por más de medio siglo de bloqueo económico asciende a cien mil millones de dólares. Sin contar aproximadamente 54 mil millones en pérdidas por actos de sabotaje y daños directos a la economía cubana. Ni tampoco el embargo de bienes y dineros, impuesto a raíz del triunfo de la revolución.
Contra Venezuela
Alentada por los Estados Unidos, la oligarquía venezolana ha librado también una guerra económica contra el gobierno bolivariano, primero en la administración de Chávez, ahora contra la de Nicolás Maduro. En los últimos meses, esa guerra se ha expresado en asaltos a fábricas, centros de acopio de alimentos, escuelas secundarias, centros de salud; en la quema de buses y en el asesinato de personas.
Los círculos más recalcitrantes de la burguesía de ese país libran una batalla contra la moneda venezolana y el régimen cambiario. Se impulsó la especulación, el acaparamiento, el contrabando, toda una estrategia bajo la batuta del Departamento de Estado norteamericano. Dos episodios recientes confirman esa injerencia: el 30 de julio, la Casa Blanca anunció que negaba visas a un significativo número de funcionarios venezolanos a quienes acusa de violación de derechos humanos. Semanas más tarde, el virtual secuestro e intento de extradición a Estados Unidos del ex jefe de inteligencia del gobierno bolivariano, general Hugo Carvajal.
Los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia han sido objeto de estrategias de cerco económico, en procura de la desestabilización, en una política que ahora se le conoce como la del ‘golpe suave’.
Pero no sólo los gobiernos progresistas y de izquierda están en la mira. En toda la región centroamericana se sigue aplicando el Plan Puebla Panamá, hoy bajo la denominación de Proyecto Mesoamérica, con un componente puramente militar, bajo el pretexto de la ‘lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado’.
A mediados de 2013, el ex colaborador de la CIA Edward Snowden reveló que “detrás de la militarización de las policías de Guatemala, Honduras y el Salvador, y de la instalación de centros de espionaje en esas tierras, se encuentra la intención estadounidense de controlar los océanos y aguas territoriales para asegurarse rutas comerciales y militares”. Las millonarias inversiones en obras públicas, viales y de infraestructura en la región centroamericana responden a una lógica geoestratégica de impulsar el capital foráneo transnacional allí.
El camino de una escalada intervencionista por parte de Estados Unidos, en una especie de reedición de la Doctrina Monroe, no está completamente despejado. La reciente reunión de los Brics en Brasil señala un camino alternativo a la hegemonía de la globalización. Economistas de varios países sudamericanos hablan de un banco de desarrollo de nuevo tipo, de una red financiera con un fondo de estabilización, alternativo al FMI. Discuten el fortalecimiento de intercambios basados en el trabajo de la gente; el papel de las monedas nacionales, la hegemonía del dólar. Los pueblos, cuando se unen, tienen el músculo suficiente para enfrentar a sus opresores.
