Cumbre de las Naciones Unidas no logra un consenso en cuanto a la estrategia que este flagelo requiere, y Colombia, que en los foros internacionales lidera la despenalización del consumo, internamente vuelve a editar la política prohibicionista
Alberto Acevedo
El anuncio hecho a mediados de la semana pasada por el gobierno colombiano, en el sentido de que en las próximas semanas reanudará la aspersión con glifosato en los departamentos en que considera se ubican los mayores cultivos de hoja de coca, ha puesto de nuevo a la orden del día la discusión sobre si el camino de la penalización es el más conveniente, como estrategia para el combate a la producción y comercialización de cocaína.
La decisión del gobierno central, coincidió en el tiempo con la celebración de una conferencia especial de las Naciones Unidas, con la participación de 193 jefes de Estado y de gobierno, para redefinir el enfoque en la lucha contra las drogas.
En lo que se refiere a la política interna colombiana en esta materia, nos encontramos frente a un evidente retroceso al poner en ejecución mecanismos que anteriormente habían fracasado o demostrado que no eran efectivos. Como lo asegura el ex director de la Política de Drogas del Ministerio de Justicia, Julián Wilches, se dio “un giro de 180 grados”, toda vez que esta modalidad de fumigación, usada entre 2009 y 2012, se descartó “por sus altos riesgos para los operadores y el bajo impacto en la reducción de los cultivos ilícitos”.
De acuerdo al anuncio oficial, los departamentos en los cuales se concentrarán las fumigaciones son Nariño, Guaviare y la zona del Catatumbo. Las comunidades agrícolas de esas regiones, los campesinos cultivadores de la hoja de coca y varias organizaciones ambientalistas, rechazaron de inmediato el anuncio, y le recordaron al gobierno que el herbicida por utilizar es cancerígeno, tiene un enorme poder contaminante sobre las aguas en donde se utilice, además de ser responsable de daños ambientales considerables.
Esfuerzos inocuos
La fuerza pública aspira a recuperar por esta vía unas 16 mil hectáreas dedicadas a los narcocultivos. Cifra inocua, si se toma en cuenta que hoy existen unas cien mil hectáreas sembradas, un 30 por ciento más de las que había el año pasado.
Esta tendencia ha sido una constante en el país. La guerra abierta declarada contra los carteles del narcotráfico, jamás dio resultado, a pesar de que con este pretexto se aplicó el Plan Colombia, que entre los años 2000 y 2015 recibió una inversión superior a los nueve mil millones de dólares, que en realidad en su mayoría se dedicaron a un plan contrainsurgente, que también fracasó, pues las guerrillas no fueron derrotadas militarmente.
En cambio, al calor de esta asistencia militar, que fue un programa de intervención abierta por parte de los Estados Unidos, crecieron las violaciones a los derechos humanos, florecieron las organizaciones paramilitares, las desapariciones forzadas, los “falsos positivos”, las fosas comunes, las ‘chuzadas’ y se erigió un verdadero Estado policiaco.
Oportunidad perdida
El fracaso de la política antidrogas es un fenómeno global. De eso se ocupó la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se reunió en Nueva York, entre el 19 y el 21 de abril, evento en el que por primera vez se pusieron sobre la mesa de conversaciones al menos dos variantes para abordar el tema de las drogas: la tradicional, sostenida por los gobiernos más conservadores, que consideran que es necesario redoblar la acción punitiva, con mayores recursos para una guerra sin cuartel y sin perspectivas de éxito en el horizonte, y quienes de otro lado abogan por revisar esa política, tratar el consumo como un problema de salud pública, examinar el tema del respeto a los derechos humanos y castigar severamente a los grandes traficantes.
Pero el foro de las Naciones Unidas terminó con la firma de un documento mínimo consensuado entre los gobiernos, que en el mejor de los casos abre la posibilidad de que estos actúen con mayor independencia y criterio propios sobre las estrategias a desarrollar. La ONU estuvo lejos de alcanzar un acuerdo sobre propuestas más contundentes, enfocadas a la despenalización y la regulación.
En esto, la Asamblea General cedió ante las presiones del sector conservador que aspira a mantener la ‘guerra’ frontal contra el narcotráfico, con lo que por cierto, ganan los vendedores de armas, los defensores de la carrera armamentista, pero también los grandes carteles de la droga que no tendrán que enfrentar una política de despenalización que les arrebate sus mercados.
Es bueno señalar en este punto, que en América Latina, la guerra contra las drogas se convirtió en excusa para justificar el armamentismo, la militarización, y en últimas la intervención norteamericana en los asuntos y el destino de estas naciones. Este criterio lo comparte el obispo emérito de la Iglesia Anglicana de El Salvador, Martín Barahona, quien se muestra partidario de la regulación de las drogas para fines de salud.
Derechos humanos
Por su parte, el secretario general del Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, Vitolino Similoux Salazar, propone fortalecer de manera urgente el Estado de Derecho y el sistema de justicia en los países latinoamericanos, al lado de la lucha antidrogas. “El impacto (de esta) es la militarización de la sociedad, la violación a los derechos humanos”, aseguro el prelado.
La reunión de las Naciones Unidas, de alguna manera confirmó que el discurso de guerra de cuarenta años con la denominada ‘guerra al narcotráfico’, fracasó. Y con ello se rompió el consenso internacional en relación a esa política fracasada. Cierto es que se reconoce la autonomía de cada país para desarrollar sus propias iniciativas al enfrentar este flagelo, pero se deja intacto lo existente, desconociendo que hay un problema de salud pública y el desinterés de no pocos gobiernos por mantener una estrategia de combate militar frente al fenómeno.
Entre tanto, el poder de las grandes mafias sigue intacto. El tráfico mundial genera 950 mil millones de dólares al año, la mitad de los cuales van a parar a los Estados Unidos. El negocio, aseguran agencias de las Naciones Unidas, genera rentas extraordinarias para los carteles bancarios, que sirven de caja fuerte de esos capitales.
Esta situación contrasta con el esfuerzo, en buena medida exitoso, de países como Bolivia, Cuba, Nicaragua, que desarrollan una política soberana, sin la interferencia de la DEA, ni las imposiciones del Departamento de Estado norteamericano y con menores recursos han conseguido expulsar de casa a los grandes capos de la droga.
