Algunas ideas o temas que deben ser planteados por los representantes de las víctimas ante los voceros del gobierno y la insurgencia en la Habana, temas que también deben ser planteados en un eventual proceso de diálogos con el ELN.
Alfonso Castillo Garzón
Defensor de derechos humanos
hojasuelta0@gmail.com
La participación política es un derecho humano cada vez más promovido en las sociedades democráticas modernas, incluso que se reconoce que esta debe ser deliberativa, efectiva, determinante y con garantías amplias para que el derecho no termine convertido en un mero formalismo.
En este sentido las víctimas del largo y doloroso conflicto armado colombiano han demandado por muchos años el derecho a participar en todos los asuntos que procuren la solución al conflicto armado y particularmente el restablecimiento a los derechos de las víctimas, vulnerados por los efectos de la guerra y la negligencia. Por esta razón se ha saludado la inclusión del tema de los derechos de las víctimas en el acuerdo general para poner fin al conflicto armado, suscrito desde hace 18 meses entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP. También se han saludado las declaraciones recientes en las que se anuncia la iniciación de un proceso de diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Igualmente, manifestaciones de respaldo se han recibido con la declaración del gobierno y las FARC-EP el 7 de junio, en la cual se abren espacios de participación directa de las víctimas en La Habana, a través de foros bajo la coordinación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Nacional; y la participación de delegaciones en cinco ciclos, en cada uno de los cuales participarán 12 víctimas escogidas por el PNUD y la UN, en labor que no será fácil dada la amplitud del universo de las víctimas y la ausencia de reconocimiento de representatividad que muchas manifiestan frente a las organizaciones existentes y los mecanismos de representación como la Mesa Nacional de Participación de Víctimas establecida por la ley 1448 de 2011.
Este anuncio se ha prestado para múltiples especulaciones y análisis sobre la presencia de voceros de víctimas en la isla caribeña. También ha servido para que surjan muchas opiniones descalificando la representatividad de algunos de los que se anuncian serán eventuales representantes a nombre de las víctimas. Incluso se han escuchado algunas voces, no propiamente de víctimas, reclamando el derecho a participar en dichas representaciones en los próximos días.
Sin embargo, y reconociendo que el debate sobre la representatividad y la calidad de víctimas sean los delegados en ese escenario tan importante para la construcción de la paz y garantizar los derechos de las víctimas, hay que decirlo, también es necesario reconocer que cualquier escogencia que se haga causará dificultades e inconformidades. Siempre será difícil satisfacer un espectro tan amplio y diverso como el de las víctimas a la hora de discutir sobre sus derechos y su victimización.
No obstante ello, no se puede dejar de lado el debate sobre el contenido de la participación, porque finalmente esta oportunidad histórica, en la que las víctimas del conflicto se encuentran con algunos de los responsables directos de la guerra y su agudización, debe ser aprovechada de la mejor manera, en beneficio no sólo de las víctimas, sino fundamentalmente en procura de hallar caminos que permitan la construcción de acuerdos para poner fin al conflicto armado y el inicio de la construcción de acuerdos que permitan dar solución definitiva a las causas que originaron el mismo y el desarrollo de la paz con justicia social, democracia plena y redistribución equitativa de las riquezas nacionales.
En este sentido es importante tener en cuenta algunas ideas o temas que deben ser planteados por los representantes de las víctimas ante los voceros del gobierno y la insurgencia en la Habana, temas que también deben ser planteados en un eventual proceso de diálogos con el ELN.
1. El escenario de la participación debe ser la tribuna más idónea para reiterar la importancia de la existencia de mesas de diálogo para la búsqueda dialogada del término del conflicto. También es el escenario para exigirle tanto a la guerrilla de las FARC como al gobierno de Juan Manuel Santos el compromiso de no levantarse de la mesa hasta no lograr acuerdos concretos, y en el mismo sentido solicitar que la continuación de este proceso se adelante bajo la condición de cese bilateral de fuegos y hostilidades.
2. Esta participación debe servir para fortalecer las demandas de las víctimas en torno a la necesidad de esclarecer las causas del conflicto, así como exigir la necesidad de integrar una comisión de la verdad histórica con participación directa de las víctimas. Esta comisión es condición necesaria para que la sociedad colombiana conozca la verdad, identificados los responsables, los perpetradores, los beneficiarios y promotores del conflicto, establezca los mecanismos que permitan acceder al derecho a la justicia, a la reparación integral, a las garantías de no repetición, con lo cual se puedan construir las bases de una verdadera reconciliación nacional.
3. La participación de las víctimas en La Habana no debe reducirse al cuestionamiento de una víctima frente a un actor armado en particular. Esta situación, que sin duda es una necesidad en el proceso de sanación para cada víctima, no puede ser tramitada en este escenario, por cuanto este es un mecanismo en el que se debe procurar la presentación de propuestas que permitan en todo caso la construcción de mecanismos que permitan el acceso a todas las víctimas del conflicto a los derechos de verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición sin permitir ningún beneficio de impunidad para ninguno de los responsables del conflicto armado.
En todo caso el modelo de justicia y que simplemente para los responsables de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario no puede partir del principio que intentan aplicar fórmulas de simetría en la responsabilidades. En este sentido reiterar que no es la misma responsabilidad que se aplica para los militares encargados de proteger la vida y tienen obligación de respetar la Constitución política, que la de los guerrilleros que en ejercicio de su derecho a la rebelión se alzaron en armas para construir un modelo alternativo de sociedad y de Estado.
4. La presencia de las víctimas del conflicto debe servir para fortalecer la opción política de estas en la justa lucha por exigir el restablecimiento pleno de todos los derechos vulnerados en el desarrollo y degradación del conflicto armado
5. La participación directa de las víctimas en los diálogos con la insurgencia y el gobierno debe contribuir a dejar en claro que la paz con justicia social no implica admitir impunidades en ningún sentido, lo que supone presentar propuestas creativas que permitan transitar por el desarrollo del derecho a la justicia, que busquen fórmulas que no se limiten a condenas en prisión exclusivamente.
Así, es necesario pensar en propuestas de penas alternativas establecidas por tribunales especiales que juzguen a los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En este sentido es justo reconocer que, con el actual modelo de justicia colombiana, permeado por prácticas de corrupción y clientelismo, no será posible brindar las confianzas necesarias para que aquellos grupos implicados en el desarrollo del conflicto transiten por el sometimiento a ser juzgados por estos tribunales.
6. Igualmente la participación de las víctimas en los diálogos para poner fin al conflicto debe exigir al gobierno que, al mismo tiempo que dialoga con los grupos insurgentes, diseñe los mecanismos que permitan el inmediato desmonte de las estructuras paramilitares que aún actúan a lo largo y ancho del país con distintos nombres y que, según se denuncia por muchas comunidades y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, continúan teniendo respaldo de importantes grupos políticos, económicos y aun de la Fuerza Pública en la comisión de múltiples hechos de violencia contra comunidades y líderes sociales en distintas regiones del país.
7. No menos importante de los representantes de las víctimas en los diálogos con el gobierno y los grupos armados, es la exigencia para que éstos respeten a las mujeres y no continúen desarrollando prácticas criminales como la violencia sexual y otros tratos crueles y degradantes. Igualmente la exigencia para desvincular a los menores de edad de las acciones del conflicto. No se trata solamente del reclutamiento de menores, sino también de la prohibición de prácticas de usar a los niños en publicidad guerrerista, como recientemente lo esta haciendo el Ministerio de la Defensa a través de distintas estrategias publicitarias ubicadas en paraderos públicos de la ciudad de Bogotá.
En igual sentido, debe plantearse el incumplimiento sistemático del gobierno colombiano a las normas que exigen atención preferencial de las mujeres en los programas de asistencia, indemnización y restitución de tierras, cosa que hasta la fecha no sucede.
8. No menos importante la participación de las víctimas en este ejercicio para poner fin al conflicto, es la denuncia por la precariedad y lentitud con la que viene actuando la ley 1448/11 conocida como ley de víctimas para acceder al derecho a la indemnización. Es necesario que el gobierno conozca en la vocería de las víctimas cómo la ley de víctimas no es el mecanismo más adecuado que permita a las víctimas el acceso a la política pública de atención, reparación y restitución de la manera más adecuada. Esta presenta muchos obstáculos, barreras de acceso y dificultades para que las víctimas puedan acceder a un trato digno, y particularmente al derecho a la reparación integral de que hablan los estándares internacionales.
9. No menos importante es la participación en la demanda de las víctimas en torno a las garantías de no repetición. En este sentido esta representación de las víctimas debe reiterar la exigencia al Estado colombiano de implementar las reformas que garanticen la construcción de una sociedad en la que se superen las causas que motivaron el conflicto armado.
En este sentido son urgentes y necesarias la reforma agraria integral, la reforma del sistema electoral y de participación política, la soberanía, la transformación del régimen de doctrina militar, la incorporación de transformaciones a fondo que permitan a los colombianos acceder al derecho a la salud, educación y vivienda de manera gratuita, universal y de buena calidad. Igualmente, como se señaló anteriormente, es necesario implementar una reforma al sistema judicial colombiano. Los representantes de las víctimas deben en este sentido solicitarle al gobierno colombiano la implementación inmediata de lo que hasta el momento se haya acordado en La Habana con los guerrilleros de las FARC.
Estas son, algunas de las sirenas que consideramos son importantes plantear en los eventuales diálogos que se establezcan entre el gobierno y la guerrilla de las FARC EP, insistiendo en la importancia de esta participación como mecanismo que permita dejar sobre la mesa de diálogos las posturas de las víctimas en el camino de la construcción de una paz duradera y estable, propuestas que no deben culminar en el mero ejercicio de plantearlas en la mesa de diálogos, sino que deben conquistadas, continuando y fortaleciendo los procesos organizativos, de movilización y participación política de las víctimas, como se ha venido desarrollando desde hace muchos años por las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Solo bajo la consideración de un óptimo aprovechamiento político por parte de las víctimas en este nuevo e inédito escenario de participación, se justifica la compra de guayabera, bermudas y bloqueador solar y eventualmente darse un paseo por La Habana vieja.
Bogotá, Julio 22 de 2014
