Golpe a la democracia

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Acción ciudadana y pedagógica frente al CNE, para exigir se avance con la revocatoria de Peñalosa.

A pesar de las 740 mil firmas recogidas para revocar al alcalde de la ciudad, el CNE niega las posibilidades de avanzar en el proceso y por el contrario, insta a investigar al comité promotor

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada 

La semana pasada, sin mayores consentimientos a la democracia en el país, el Consejo Nacional Electoral, CNE, desconoció la validez de las más de 740 mil firmas que la ciudadanía bogotana impulsó desde varios comités pro revocatoria del actual alcalde de la ciudad.

VOZ dialogó con Román Vega, quien hace parte del comité Unidos Revocamos a Peñaloza. Vega comentó que, la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, es consecuencia de la estrategia trazada por los poderes económicos y políticos detrás del gobierno de la actual administración con el objetivo de hundir la revocatoria. Esa línea, “es una acción que se viene impulsando desde el comienzo del proceso revocatorio de modos distintos: cambio arbitrario de las normas de participación ciudadana a través del CNE; desconocimiento de la validez de las más de 740 mil firmas recogidas impugnándolas ante la Registraduría Nacional de Estado Civil y obligando a su revisión una por una por grafólogos contratados por ellos; impetración de tutelas ante los jueces en contra de la legalidad del proceso; descalificación del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, entre otras”.

Plan tortuga para desgastar la revocatoria

Este proceso de revocatoria, según los planes, ya debería haber avanzado en un proceso de elecciones que evidenciara el sentir de la población frente a la revocatoria. Para Román, lo que adelantó el CNE, fue “un plan tortuga para ganar tiempo e impedir la convocatoria a elecciones de revocatoria a través de un grupo de magistrados de bolsillo del CNE, quienes utilizando el Fondo Financiero que revisa las cuentas electorales, adscrito a la misma institución, atacaron el informe financiero del comité haciendo una interpretación arbitraria de las normas de contabilidad electoral para el caso de los aportes por parte de entidades sin ánimo de lucro como las que financiaron la campaña de recolección de firmas. En concreto, acusaron a Sintrateléfonos de haberse volado el tope de aportes confundiendo préstamos con donaciones y aplicando a esta entidad normas que corresponden a instituciones con ánimo de lucro”.

Fractura a la democracia

Adicional a la decisión de acabar con las posibilidades de la revocatoria, el CNE le abrió una investigación al vocero oficial del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, Gustavo Merchán, a propósito del informe financiero. “La consecuencia es mantener al alcalde Peñalosa en funciones, quien ha sido ampliamente repudiado por la población por su antipopular gestión de gobierno. Él ha venido promoviendo la venta del patrimonio público de la ciudad en el caso de la ETB y la Empresa de Energía; el despojo de centros y puestos de salud comunitarios y el cierre y traslado de servicios hospitalarios haciendo imposible la vida de los usuarios.

“Ha liquidado la recolección de basuras de la empresa púbica Aguas de Bogotá para favorecer a empresas privadas, dejando en la calle a miles de trabajadores sin miramiento alguno; mantiene el anacrónico sistema de transporte público basado en Transmilenio para mantener el negocio privado de operadores y vendedores de buses de transporte rápido perjudicando a la población por su alto costo e insalubridad.

“Expande hacia la sabana la construcción de la ciudad contribuyendo a la depredación de la naturaleza al destruir la reserva forestal Tomas Van Der Hammen y secar fuentes de agua y humedales, desconociendo su impacto negativo en el cambio climático y el calentamiento global; en síntesis, la consecuencia para la ciudad será aumento de la pobreza, de la desigualdad social y de contaminación y destrucción ambiental promovida por un gobierno de espaldas a las necesidades populares, a las exigencias de las nuevas concepciones urbanísticas, de movilidad y de protección de la naturaleza y del futuro de las próximas generaciones”, afirma Román.

En cuanto a las implicaciones para la democracia, “la decisión del CNE es realmente un golpe de estado blando como esos promovidos por la reacción conservadora latinoamericana a través del Plan Atlanta contra los gobiernos democráticos y progresistas de Dilma y Lula en Brasil, entre otros, mediante el cual se busca parar las dinámicas de inserción y participación de las mayorías populares y ciudadanas en la definición y construcción del destino de nuestros países y ciudades para afianzar el poder y los intereses de una minoría que gobierna en función de  sus propios beneficios particulares”.

Voluntad ciudadana

El comité de revocatoria que se reunió para analizar la situación, aseguró que no habrá camino diferente a seguir insistiendo en el respeto a la democracia y a la voluntad de una ciudad para exigir los derechos constitucionales. “Para enfrentar este certero ataque a la democracia, y a la soberanía popular expresada a través de las firmas recogidas no hay camino distinto que el de la protesta del pueblo ya iniciada con las movilizaciones públicas y que tomará expresión más amplia con el castigo en las urnas a los partidos Cambio Radical, Liberal, Conservador, de la U y Centro Democrático, en donde militan los magistrados del CNE que han decidido tomar este camino de protección del antipopular gobierno peñalosista.

Llamamos a los bogotanos y bogotanas a apoyar con su voto la lista Decentes y de otros sectores democráticos que se la han jugado en la oposición al gobierno y en el proceso de revocatoria para que más temprano que tarde Bogotá recobre el sendero de construcción de una ciudad en democracia y justicia social y ambiental”, comenta Román.

Por ahora el comité se dedica a su defensa del Comité y a la de su vocero oficial a través de acciones jurídicas que desmonten la arbitrariedad del CNE.

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