El Gobierno de los incumplimientos

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Marcha de Fecode en el paro realizado a mediados del año en curso. Foto Agencia de Información Laboral.

La gran mayoría de movilizaciones en los sectores privado y estatal se dieron por incumplimientos a acuerdos firmados con anterioridad. Los sindicatos tuvieron avances en términos de unidad, aunque les falta mucho poder de convocatoria

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino

En lo corrido de 2017, se pueden evidenciar dos grandes conflictos laborales que permiten sintetizar las características de la lucha sindical por los derechos laborales en Colombia: uno en el sector estatal y otro en el privado. Y aunque hubo muchos más, no tuvieron la misma trascendencia ni el tratamiento mediático en el ámbito nacional.

En ambos casos el incumplimiento de lo acordado por parte de los patronos fue factor determinante de las protestas, pero también, las jornadas laborales, los bajos salarios, las formas de contratación y el respeto por las garantías laborales y sindicales, lo que configuró un similar modus operandi en el ámbito privado y estatal. En algunas ocasiones y en otros sectores económicos, determinaciones del poder Judicial dejaron en desventaja a los trabajadores frente a sus jefes.

El primer hito es el del magisterio, que a mediados de año paralizó la educación preescolar, primaria y secundaria, cuando alrededor de 322 mil profesores cesaron actividades para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento en lo acordado años atrás, calidad en la implementación de la jornada única, mejores salarios, nivelación salarial, respeto a su sistema de salud, pero principalmente, incremento del presupuesto para la educación a través de una modificación estructural del Sistema General de Participaciones, SGP.

Los maestros estuvieron 37 días en paro, en asambleas con la comunidad educativa, marchando en las calles de sus municipios, haciendo toma de capitales departamentales, en peñas culturales y estudiando sobre la problemática; pero también soportando la desinformación de los grandes medios de comunicación y la violencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.

El Gobierno negociaba con los representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, y de manera simultánea buscaba deslegitimar la movilización y hasta exploraba la posibilidad de declarar su ilegalidad argumentando que la educación es un servicio público esencial.

Finalmente, las partes cedieron en sus posiciones iniciales y firmaron un acuerdo que permitió el retorno a la normalidad académica a más de ocho millones de estudiantes, y la posibilidad de que en el Congreso de la República se presente un proyecto de ley para reformar el SGP. También, revisar la implementación de la jornada única para inyectarle recursos y mejorar el sistema de salud de los docentes, entre otras cosas. Puntos en los que meses después, ya se denunciaba incumplimiento por parte del Gobierno nacional.

Los aviadores

Hay un segundo hito y es el que permite ver el tratamiento general a los conflictos en el sector privado: el de los pilotos de la trasnacional Avianca. Estos, representados por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, pararon sus operaciones durante 51 días alegando la necesidad de mejorar sus jornadas laborales, tiempos de descanso e incremento de sus mesadas, entre otras cosas, que venían exigiendo desde años atrás.

El poder económico de la empresa demostró su arrogancia para que su principal accionista, Germán Efromovich, saliera en los medios negándose a negociar, amenazando a los huelguistas y hasta exigiendo cambio en la normatividad laboral para no permitir el ejercicio de ese derecho.

La solidaridad del empresariado y de altos funcionarios gubernamentales con la aerolínea no se hizo esperar. Al punto que el Ministerio de Trabajo nombró un tribunal de arbitramento para que dirimiera el conflicto, sin que antes un estamento del poder Judicial hubiera declarado la ilegalidad del paro.

Mientras los aviadores esperaban que la empresa regresara a la mesa, esta iniciaba una cruzada ante instituciones judiciales que le permitiera la contratación de profesionales extranjeros, la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades y hasta el despido de varios de sus pilotos.

El Tribunal Superior de Bogotá declaró la ilegalidad de la huelga; los pilotos apelaron ante la Corte Suprema de Justicia y regresaron a trabajar con el ánimo de negociar; pero finalmente este último ente ratificó su ilegalidad en un controversial fallo que tuvo salvamentos de voto, y que deja preocupaciones en el movimiento sindical y social, en cuanto a que cualquier actividad o servicio es declarado servicio público esencial para prohibir el derecho de huelga.

Otros sectores

Los anteriores casos son radiografías que permiten ver el tratamiento de enemigo que desde el Estado y el sector privado se le da a las organizaciones sindicales. Además, reflejan un comportamiento generalizado, pues en otras empresas privadas como trasnacionales mineras, cerveceras; o instituciones del Estado como el Sena, Ecopetrol, los profesores y trabajadores universitarios, la DIAN y varias de la rama Judicial, los casos fueron muy similares y los conflictos se mantienen.

Una característica a resaltar en las peticiones del movimiento sindical en el sector estatal, es la constante exigencia del aumento presupuestal para el funcionamiento de las entidades y la no privatización de las mismas. La Unión Sindical Obrera, USO; el sector universitario; Fecode, y otros de varias instituciones, se mantuvieron a raya contra las pretensiones gubernamentales de vender patrimonios o entregar a privados responsabilidades estatales.

Sin embargo, también hizo falta un mayor compromiso con la defensa de los procesos de paz con las guerrillas y la exigencia de la implementación de los acuerdos de La Habana.

Por otra parte, las organizaciones campesinas agrupadas en la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, realizaron jornadas de protesta en varios departamentos del país, que incluyeron bloqueos de importantes vías, para pedir el cumplimiento de acuerdos firmados en paros anteriores. Asimismo, reclamaron el cumplimiento de los acuerdos con las FARC, por mantener la mesa con el ELN y cesar el sistemático asesinato de líderes sociales y campesinos.

A su vez, organizaciones agrupadas en las Dignidades Agropecuarias también se movilizaron, especialmente para demandar soluciones por la quiebra del campesinado y de pequeños productores agropecuarios, como consecuencia de la implementación desmedida de los tratados de libre comercio con países de mayor capacidad productiva, que además subsidian a sus productores. Arroceros, cultivadores de maíz, de papa, de cebada, entre otros, se manifestaron a lo largo y ancho del territorio nacional, exigiendo políticas de mitigación de impactos.

Por la situación socio-económica, para el próximo año se avizoran grandes conflictos y peleas de carácter social, muchas de ellas por incumplimientos. Es de esperar un movimiento sindical más coordinado con otros sectores como el estudiantil, el campesino, el cívico comunitario, el profesorado, y las organizaciones políticas progresistas y revolucionarias, que permitan respuestas más contundentes y hasta el paro cívico nacional que se sigue debiendo…

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