El Gobierno debe cumplir a campesinos e indígenas

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Miradas campesinas. Foto Agencia Prensa Rural.

Eberto Díaz Montes – Presidente Fensuagro
@ebertodiazm

La jornada de indignación que se inició desde el pasado 10 de octubre en todo el territorio nacional, convocada unitariamente por diversos sectores sociales y populares del país, como la Coordinadora de Movimientos Sociales, el Comando Nacional Unitario, la Cumbre Agraria, la Marcha Patriótica, la Minga Social Indígena, Fensuagro, el Congreso de los Pueblos, la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA) y otras fuerzas sociales, fue escalonando en dimensión y dinámica movilizadora, principalmente en el campesinado y los pueblos indígenas, que de nuevo se tomaron las carreteras en distintos lugares de la geografía nacional ante los reiterados incumplimientos del Gobierno nacional a las demandas pactadas en acuerdos anteriores.

Los campesinos exigen, de una parte, la implementación integral de los acuerdos de paz de La Habana y la reactivación de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA), resultante del paro del 2013, que posteriormente dio paso a la instalación de la Mesa Única de Negociación con el Gobierno y la Cumbre Agraria. Los pueblos indígenas, de otra parte, dan respuesta a la negativa de Santos de resolver las exigencias y compromisos adquiridos en más de 1.300 acuerdos suscritos e incumplidos.

Una de las cosas que ha sido planteada con insistencia en esta jornada de indignación y paro agrario, es el tratamiento de guerra a que han sido sometidas. En esta jornada de indignación han sido reprimidas militarmente por el Esmad, la policía y el ejército, acciones que dejan centenares de heridos entre los manifestantes.

La violencia del Estado va en contravía del clamor de solución pacífica de los problemas. Santos cabalga en medio de la decadencia de su mandato por el alto grado de desprestigio, corrupción, demagogia y sobre todo su inclinación a favorecer los intereses del gran capital transnacional, como también a la oligarquía narcolatifundista, que no solo ha recibido privilegios con la repartija de los recursos del erario, sino, que además gozará de la nueva distribución del territorio a través de las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social Zidres, contrapeso y negación de las Zonas de Reserva Campesina.

A lo anterior se suma el proyecto de ley agrario, que de manera inconsulta con las comunidades rurales, pretende ser tramitado en el congreso de la República de forma autoritaria, una propuesta que busca reversar viejas conquistas del campesinado y de los pueblos aborígenes de nuestra patria. Esta insistencia de los sectores de la burguesía terrateniente de querer imponer un modelo agroexportador, minero y energético sobre los territorios ocupados históricamente por poblaciones campesinas y étnicas es un asalto a la población del campo que viola el principio constitucional del uso social y ecológico de la propiedad rural, su contenido es potencialmente de una visión desarrollista, depredadora de los ecosistemas, ambientalmente insostenible y finalmente expulsará a la población de aquellas  zonas definidas como estratégicas para el desarrollo del capital transnacional y financiero.

Es necesario que el Gobierno cumpla el Acuerdo de La Habana en esta materia, como es el caso de los PDET y los Penis, que pueden ser claves para dar salidas a la crisis social que vive la población rural en salud, educación, agua potable, comercialización, vivienda, vías de penetración, electrificación, entre otros. Un ejemplo de ello es el acuerdo firmado recientemente en el Catatumbo, donde se descongeló lo pactado en 2013 y se adicionan nuevos elementos con relación a la implementación de la paz territorial, con serios compromisos en inversión y control social. Eso demuestra que las comunidades rurales en esta nueva etapa de la Colombia del posconflicto pueden aportar de manera positiva si se les dota de las herramientas necesarias en la construcción de programas o planes  que consoliden la democracia y la paz local, que a su vez contribuya a la recuperación plena de la soberanía alimentaria y el buen vivir territorial. Para ello corresponde continuar avivando la protesta y la organización de convergencias sociales y políticas entre los pobladores del campo y la ciudad, una ruta fundamental para lograr romper en las elecciones del 2018 con la hegemonía del poder del capital y de la oligarquía representados por el actual régimen político.

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