El segundo punto pactado en la agenda para la terminación del conflicto es la participación política. Interpretaciones variadas en el panel: Reformas políticas para la paz
Redacción Política
Mientras en La Habana se pactan los restantes puntos para una paz estable y duradera, en el país los sectores políticos históricamente excluidos del poder plantean sus perspectivas de cara a la aplicación de una trasformación a la cultura y formas de hacer la política. El Frente Amplio por la Paz reunió a voces expertas en el panel de reformas políticas para la paz.
Entre los participantes se destacó la presencia del senador Iván Cepeda, Armando Novoa magistrado del Consejo Nacional Electoral, Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano, Alirio Uribe y Ángela Robledo representantes a la Cámara y la presidenta del Polo Democrático, Clara López Obregón, quienes desde distintas interpretaciones aseveraron que el ejercicio de la política en el país está en una honda crisis.
Una opinión unificada que tiene como sustento la feria de denuncias en cada certamen electoral, una clase política tradicional adaptada a las nuevas formas de clientelismo, fraude y ventajismo para ganar elecciones regionales a corporaciones públicas o cargos uninominales y un desprestigio de los partidos políticos que se mide por el desencanto de los ciudadanos a la hora de votar. Una abstención electoral que promedia el 70% refleja la apatía de quienes consideran que “todos los políticos son iguales”.
Momento de las reformas
“Tenemos un momento excepcional para una reforma política estructural al sistema político colombiano que ponga efectivamente a la política en primer plano”, señaló el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa. Y no es para menos. De acuerdo a lo pactado en la mesa de La Habana se puede abrir el camino a un nuevo momento político. Pese a ello muchas dudas embargan a quienes son protagonistas de la política en Colombia.
El énfasis del Gobierno nacional respecto de la reforma política pactada en La Habana gira alrededor de sustraer la corrupción de la práctica política en Colombia, mientras la insurgencia habla de una imperiosa aplicación de los acuerdos como el vehículo para una apertura democrática con sendos contenidos en torno a las prácticas políticas, las reformas al sistema electoral y las garantías de las fuerzas alternativas de participar en el escenario electoral.
Sistema inviable
Y es que la aplicación de los acuerdos de La Habana en materia de participación política debería estar revestido de un carácter de urgencia en su aplicación. Según el representante Alirio Uribe, las reglas de la política deben cambiar inmediatamente o de lo contrario “jamás vamos a ganar una elección con el sistema actual por más bonitos discursos que tengamos o abracemos la unidad de la izquierda en un nuevo momento político para el país después de la firma de los acuerdos”.
Nunca antes el país ha contemplado la posibilidad real de una apertura democrática. Para ello se necesitan unos mínimos que pasan por la garantía de participación igualitaria y proporcional de las fuerzas políticas alternativas o minoritarias de oposición en las contiendas electorales, que para el caso concreto se garantizaría con una jurisdicción especial para las minorías. Pero también revisar el umbral impuesto para acceder a las personerías jurídicas de los partidos políticos que conduzca progresivamente a su eliminación, dejando prerrogativas especiales a los partidos que alcancen un significativo número de votos, pero permitiendo la subsistencia de otros que no lo alcancen. Y un sistema electoral blindado a la corrupción.
Otra propuesta para la implementación gradual de las reformas políticas que traería el acuerdo de paz tiene que ver con la reglamentación de las coaliciones para la elección popular a corporaciones públicas. La coalición existe en la legislación colombiana pero solo es permitida para cargos uninominales. En las pasadas elecciones a la alcaldía mayor de Bogotá, las fuerzas de izquierda con personería jurídica realizaron una coalición parar presentar el nombre de Clara López para el primer cargo de la ciudad. La Unión Patriótica, el Polo Democrático y Mais fueron los partidos políticos que realizaron la coalición. No obstante, para presentar una lista de candidatos en coalición al Concejo, Asamblea o Congreso de la República la ley aún no ha reglamentado el mecanismo.
La oposición
Así mismo el llamado a fortalecer una apertura democrática en Colombia es el estatuto de la oposición. Garantías para que los sectores alternativos y de oposición puedan hacer efectiva su participación política de manera libre y democrática. El último en esta materia data del acercamiento entre el ministro del Interior del primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras y la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón en el año 2011. Aun cuando los constituyentes de 1991 establecieron la obligatoriedad de un estatuto para la oposición dejaron en manos de los legisladores su regulación y han pasado 25 años y no se expide ninguna ley al respecto por ausencia de voluntad política de los partidos mayoritarios. Y es predecible que así fuese, pues la regulación del estatuto de la oposición establece el acceso regular y proporcional a los medios de comunicación, asiento en las juntas directivas del Banco de la República, asiento en la Comisión de Relaciones Exteriores, acceso igualitario a la financiación de privados de campañas políticas, entre otras.
De lo acordado en La Habana se desprende la obligatoriedad de regular y poner en vigencia ese estatuto de oposición que como novedad no se suscribirá exclusivamente a los partidos políticos con personería jurídica sino a aquellos movimiento sociales que hacen política, pero que hasta ahora no han participado electoralmente. “En la lógica de entender que la renovación de la crisis de la democracia representativa pasa por la renovación y fortalecimiento de los movimientos sociales y que estos tengan garantías como los partidos políticos tradicionales. Yo lo encuentro razonable pero difícil su aplicación”, señaló el magistrado Novoa.
Aún quedan temas sustanciales en el enfriador como la revisión, reforma y democratización del sistema político electoral y los mecanismos de participación ciudadana. El reto está en la imperiosa implementación de lo acordado en La Habana con el fin de rebasar las prácticas políticas tradicionales.
