El Parlamento aprobó la semana pasada un proyecto de ley para prolongar a tres meses el estado de emergencia, desde los 12 días estipulados.
Francia incumplirá la Convención Europea de Derechos Humanos, debido al estado de emergencia decretado en el país tras los atentados del 13 de noviembre pasado en esta capital.
Las autoridades galas informaron al secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, de una serie de medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia, según un comunicado divulgado hoy.
Dichas disposiciones son susceptibles de requerir una derogación de ciertos derechos garantizados por la Convención, precisó.
El gobierno francés subrayó ayer que está dispuesto a una nueva prolongación del estado de emergencia, cuya extensión a tres meses fue recientemente aprobada por el Parlamento.
Si pasado ese tiempo, las informaciones de las que disponemos con relación a la amenaza terrorista son las de hoy, reuniremos a los legisladores para efectuar otra ampliación de dicha herramienta, subrayó a medios de prensa el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve.
El Parlamento aprobó la semana pasada un proyecto de ley para prolongar a tres meses el estado de emergencia, desde los 12 días estipulados.
La votación se realizó con gran celeridad a petición del presidente francés, François Hollande.
De esa forma, las fuerzas del orden pueden poner bajo arresto domiciliario a todo aquel cuya conducta consideren que constituye una amenaza, lo cual permite incluir a individuos sospechosos por sus comportamientos o sus compañías, palabras o proyectos, según la información divulgada.
También contempla prohibir a la persona bajo dicho tipo de detención entrar en contacto directo o indirecto con otras sospechosas de preparar actos que atenten contra el orden público.
El estado de emergencia permite realizar registros a cualquier hora del día o de la noche sin orden judicial. El proyecto de ley excluye allanamientos a locales en los que se ejerza mandato parlamentario o actividad profesional de abogados o periodistas.
El documento abrió la posibilidad de disolver asociaciones o grupos que participen, faciliten o inciten a perpetrar actos graves que atenten contra el orden público y que incluyan a personas en arresto domiciliario.
Desde su vigencia, la policía realizó unos 1.200 registros en los que detuvo a más de 165 personas y decomisó decenas de armas, según fuentes del Ministerio del Interior.
La cuestión del estado de emergencia genera criterios encontrados pues la población se debate entre la necesidad de sentirse seguros y la posibilidad de que con el alegado objetivo de garantizar la tan anhelada seguridad, se irrespeten sus libertades individuales.
