Feminicidio sin freno

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Protestas contra el feminicidio.

Los feminicidios en Colombia crecen a pesar de los instrumentos legales. La realidad es que no existe una política pública integral que proteja a la mujer

Hernán Camacho
@camachohernan 

De acuerdo con el más reciente informe de Medicina Legal denominado Forensis 2018, el mayor rango de edades de mujeres víctimas de violencia de género se encuentra entre los 20 y 29 años, periodo de la vida en que las mujeres tienen relaciones afectivas estables, son productivas, y están en plena expectativa para desarrollar su vida.

Los indicadores que miden la violencia de género en los últimos años muestran un crecimiento exponencial. En el 2017 se presentaron 1.002 casos de múltiples violencias, y en lo corrido del año 2018 los casos suman 722, entre ellos 50 son identificados como feminicidios. Todas estas cifras se dieron en el marco del debate de control político en la Comisión de la Mujer convocados por las senadoras Aída Avella de la UP y Victoria Sandino de la FARC.

Una de las principales conclusiones del debate es que la institucionalidad oficial, no tiene una política pública con enfoque de género para prevenir las violencias contra las mujeres. De hecho, la ley Rosa Elvira Cely, es una de las herramientas más recientes que serviría para orientar a las instituciones en sus obligaciones. No obstante, solo se usa para la sanción penal de los agresores, pero no previene.

La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, contener los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. “Los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia”, señala la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los ministerios

Las estadísticas que el Ministerio de Justicia entregó a la Comisión de la Mujer muestran la inoperancia estatal para la prevención de las violencias de género. Allí denotan graves señales sobre el limitado número de denuncias por violencia contra la mujer que llegan hasta una sentencia por el delito autónomo de feminicidio.

Preocupante es el papel de los funcionarios judiciales. Buena parte de los casos de violencia contra la mujer son reprochados por algunos fiscales que no investigan en debida forma los hechos y menos aplican los protocolos de protección y prevención oportunos y adecuados.

Medicina Legal publicó un Protocolo de Valoración del Riesgo de Violencia Mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja. Cuando un fiscal no aplica los protocolos o sigue al pie de la letra la ley Rosa Elvira Cely, terminan las investigaciones por feminicidio como delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales en contra de la mujer, acceso carnal abusivo o violento, homicidio, acto sexual contra menor de edad, entre otros.

La misoginia

Dice el Ministerio que encuestas respondidas por los funcionarios judiciales “evidencian que un número de fiscales de la Unidad de Violencia Intrafamiliar considera que este tipo de delitos -feminicidio- debería ser nuevamente querellable, conciliable y desistible porque congestiona el sistema penal acusatorio. Considerando también que las mujeres denuncian esta forma de violencia como retaliación o venganza contra sus parejas. Estos prejuicios inciden desfavorablemente en el trato a las mujeres y el trámite de las actuaciones”.

Estamos ante un sistema judicial misógino y segregador. Por ejemplo, en casos de feminicidio, los jueces previo sustento de la Fiscalía, se identificó la aplicación de una circunstancia de menor punibilidad, es decir para reducir la pena por: “sospecha de infidelidad de la víctima, lo cual fue considerado una provocación grave e injusta que había, producto de un dolor moral y una humillación a la hombría del agresor”.

Una situación de extrema gravedad, ya que demuestra un discurso institucional culpabilizante respecto a las víctimas y un mensaje nefasto para la sociedad en general al considerar que debe castigarse de menor manera los asesinatos de mujeres que han sido infieles, o prostitutas, o “mujeres alegres”.

Empoderamiento

Las cifras sobre capturas desde la vigencia de la ley Rosa Elvira Cely, en 2015 fueron 5 personas; 2016; 49 personas, en 2017, 112 personas y en 2018 van 45.  Si bien se incrementa el número de casos en los cuales se aplica ese tipo penal, llama la atención la cifra del año 2017. A finales del año 2016 ocurrió la desaparición, secuestro y asesinato de la niña indígena Yuliana Samboní; el hecho sensibilizó y movilizó a la sociedad y motivó que muchas mujeres se empoderaran y denunciaran ante la justicia.

Es de sentido común, señalan las senadoras de FARC y UP, si las mujeres en Colombia conocen sus derechos, y están empoderadas para exigirlos, entre ellos el acceso a la justicia, los resultados son obvios. De hecho, si las mujeres ven en la justicia un verdadero escenario de defensa de sus derechos, tenemos como efecto la reducción drástica de los feminicidios.

Debe comprenderse entonces que la prevención del delito es más efectiva y eficiente con acciones de una política integral que empoderen a la mujer en la exigibilidad y protección de sus derechos.

Deuda mediática

Los resultados de las campañas publicitarias en medios públicos de comunicación sobre la prevención del feminicidio, la pedagogía contra el maltrato, la sociabilización de los instrumentos legales y programas preventivos contra la violencia de género, son insuficientes.

Muchas campañas aisladas del objetivo sin mayores impactos en las audiencias de canales públicos y poco gasto publicitario en canales privados. Hay una política desarticulada de las instituciones, con una justicia inaplicada y sobre todo diseñada, y ejecutada por funcionarios sin formación en género, lo que hace más gravoso el fenómeno.

Además de la integración de todas las instituciones del Estado para hacer efectiva una política pública, el debate de control político sirvió para proponer una estrategia comunicativa desde el Gobierno nacional que permita tener un espacio en todos los canales públicos y privados, una campaña permanente con tres componentes: 1. Los programas de atención del Estado a las mujeres víctimas de violencia de género. 2. Una campaña de derechos y empoderamiento de la mujer y sobre todo del acceso a la justicia para denunciar los casos de violencia de género. 3. Una campaña pedagógica en contra de las acciones cotidianas de misoginia y machismo en las relaciones humanas, tanto en el ámbito privado como en el público.

Una tarea nada fácil pero tan necesaria como detener inmediatamente el maltrato a la mujer y erradicar el machismo de la sociedad que se refleja en sus instituciones, claves para ponerle freno al feminicidio.

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