La insurgencia colombiana valoró este martes el apoyo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) a las conversaciones de paz, que buscan poner fin al conflicto armado que se ha extendido por casi 50 años
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La Habana, abril 30 de 2013
Reconocimiento a la ONU
La Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia valora la posición del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en apoyo al diálogo de paz entre el Gobierno y nuestra organización insurgente, hecho que fortalece el sentimiento nacional que clama por la salida incruenta al conflicto político, social y armado que durante décadas azota a Colombia.
Los desafíos que entrañaría una nueva situación de reconciliación se ligan indudablemente a la solución de los profundos problemas derivados de la acumulación capitalista, el despojo sufrido por las mayorías y la pertinaz criminalidad de un Estado que históricamente ha sido conducido por élites excluyentes que han impuesto la guerra al estrecharle los espacios de participación democrática y el disfrute de los derechos fundamentales al pueblo.
Aplaudir el proceso de paz, entendemos, debe significar subrayar en la superación de las profundas desigualdades sociales, la miseria creciente que padece Colombia y la continuada violación de los derechos humanos, lo cual implica una profunda reestructuración del régimen de terror imperante, instaurando la verdadera democracia y transformando aspectos fundamentales como el de la tenencia y el uso de la tierra que subyacen como causas fundamentales del conflicto. Y es esencialmente sobre aspectos de este tipo que seguramente surge la necesidad de la “no repetición”, asunto que trasciende la simple desmovilización como característica de una paz estable y duradera.
Es, sin duda, la participación ciudadana y el brillo de la verdad pura y limpia, una condición fundamental para que un proceso como el que hoy se adelanta en busca de la reconciliación, tenga éxito y perdure. En tal sentido, hemos insistido las FARC-EP en señalar al Estado como el victimario fundamental y factor último de imputación que debe asumir la responsabilidad histórica que por acción y por omisión le corresponde en el desenvolvimiento de la violencia y la pobreza que nos desangra y consume.
Las FARC-EP comparten la idea de Naciones Unidas en el sentido de que cuando el conflicto está acabando, hacer una expansión de la jurisdicción militar implica una contradicción. Por ello mismo consideramos sumamente importante atender la preocupación que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado respecto a la reforma que impone el fuero militar, al indicar que sitúa a las fuerzas de seguridad bajo la jurisdicción militar, aumentando con ello el riesgo de impunidad. Y, decimos, en tiempos que se busca la paz, de manera absurda entrega patente de corso a quienes han ejecutado terribles crímenes de lesa humanidad en desarrollo de políticas de Estado que deben cesar, juzgarse y repararse sin más demoras.
Va nuestro reconocimiento a los 76 países que han tomado la palabra recomendando a Colombia que tome medidas para reducir los niveles de impunidad, y para extender la justicia social en Colombia, como la firme posición de Naciones Unidas de reconocer los derechos de los campesinos, al menos en la dimensión en que se les reconoce a los pueblo naturales de nuestra América.
Delegación de Paz de las FARC-EP
