“Propondremos, ante la Mesa de Diálogos, entre las medidas sobre verdad, reparación y no repetición, la creación de una comisión para la erradicación del fenómeno paramilitar, que inicie sus trabajos de forma simultánea a la adopción de medidas de desescalamiento del conflicto”
La Delegación de Paz de las FARC, encabezada por Iván Márquez, al abrir la quinta audiencia con víctimas del conflicto armado, puso de presente su “pesar por los sufrimientos que ha generado este conflicto que estamos empeñados en terminar definitivamente” y destacó la valentía y compromiso con la paz demostrado por los representantes de las víctimas que han hecho presencia en La Habana ante la mesa de diálogos.
Indicó el jefe guerrillero que es inaceptable que sigan presentándose toda clase de hechos victimizantes, a pesar de los avances en las discusiones entre el gobierno y la insurgencia, de lo cual responsabilizó en primer lugar al Estado. “¿Quién, si no las instituciones del Estado están en condiciones y tienen los recursos para acabar eficazmente con la persecución y llevar ante la Justicia a los responsables de tanta dolor y persecución?”, se preguntó Márquez.
Reiteró la propuesta de declarar un cese de fuego bilateral o armisticio. “Tenemos el convencimiento que ninguna medida es más eficaz para acabar con la generación de nuevas víctimas”, aseguró.
Igualmente subrayó que es el momento de emprender la lucha contra el paramilitarismo, al que caracterizó como “la causa más sanguinaria de victimización que ha sufrido Colombia desde el inicio del conflicto armado interno, y principal factor de fracaso de anteriores procesos de paz”.
Por ultimó, destacó el comandante guerrillero que no se ha cumplido con el compromiso de escuchar a las víctimas de las políticas económicas, como las que el Gobierno ha seguido implementando aun en medio de los diálogos, profundizando las causas de la guerra.
Reproducimos en su totalidad las palabras de la delegación insurgente:
Intervención de Iván Márquez en la apertura de la quinta audiencia de víctimas del conflicto
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, diciembre 16 de 2014
Con sincero afecto y un respeto profundo, la Delegación de Paz de las FARC saluda al quinto grupo de víctimas del conflicto que hoy nos traen su dolor, amalgamado con el sentimiento irrevocable de concordia, y en sus manos, la antorcha de la esperanza en un futuro de justicia, sin guerra.
Bienvenidos y bienvenidas, Piedad, Gloria, María Susana, Juan Manuel, Jairo, Domingo, Francia, Mauricio, Nilson Antonio, Camilo, Isabella y Magda. Que este escenario de La Habana, dispuesto por su pueblo y gobierno solidario como altar del altruismo, sirva para darnos un abrazo de reconciliación y fe en la Colombia nueva.
Nuestro saludo se extiende a Naciones Unidas-Colombia, al Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y a la Conferencia Episcopal, organizadores de este certamen; lo mismo que a los países garantes, Cuba y Noruega, y a los países acompañantes, Chile y Venezuela.
Sea lo primero manifestar nuestro pesar por los sufrimientos que ha generado este conflicto que estamos empeñados en terminar definitivamente, y al mismo tiempo, resaltar la valentía y el compromiso con la paz, mostrado por todas y todos ustedes al acudir a La Habana, aun sabiendo que muchos de los que los precedieron han sido revictimizados a su regreso a Colombia por el mero hecho de manifestar su apoyo a la paz y a la reconciliación.
Mientras la Mesa de Diálogos avanza en La Habana sobre la discusión del punto 5 de la agenda, referido a víctimas, en el país la situación de estas continúa siendo dramática, lo cual tras dos años de conversaciones, y cuatro meses abordando la problemática de las víctimas del conflicto, nos parece sencillamente inaceptable. Esta realidad muestra la indolencia y la pasividad del Estado ante los hechos de victimización que se registran en Colombia, porque ¿quién, si no las instituciones del Estado están en condiciones y tienen los recursos para acabar eficazmente con la persecución y llevar ante la Justicia a los responsables de tanta dolor y persecución?
Según NNUU, desde el inicio de los Diálogos de Paz de La Habana en noviembre de 2012, hasta junio de 2014, se han ocasionado 310 mil nuevas víctimas del conflicto. Organizaciones que nada tienen que ver con la insurgencia ni con fuerzas de oposición, como Amnistía Internacional, acaba de indicar que, en los nueve meses transcurridos entre enero y septiembre de 2014, han sido asesinados 40 defensores de DDHH en Colombia. Solamente entre septiembre y octubre de 2014, cien activistas defensores de los derechos humanos fueron amenazados de muerte por paramilitares.
“El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, es un fin del Estado (…)”, reza el preámbulo del Acuerdo General para la terminación del conflicto de 26 de agosto de 2012.
En consecuencia, desde el inicio de la discusión del punto relativo a víctimas, manifestamos la necesidad de adoptar medidas eficaces para acabar con la generación de nuevas víctimas, lo cual es premisa para abordar seriamente esta problemática y evitar que el hecho singular, nunca antes habido en ningún proceso de paz de los que se han desarrollado en el mundo, de situar en el centro de la solución del conflicto los derechos de las víctimas, no se convirtiera exclusivamente en un espectáculo mediático o exhibición revictimizadora de quienes tanto han padecido las crudezas del conflicto.
Considerando que ha sido un clamor general de todas las víctimas del conflicto que han acudido a estas audiencias, por experiencia tenemos el convencimiento de que ninguna medida es más eficaz para acabar con la generación de nuevas víctimas que acordar de inmediato un cese bilateral al fuego, un armisticio, que normalice la vida de la población civil en Colombia hasta la firma efectiva del definitivo acuerdo de paz.
Cada vez resulta más carente de lógica, menos creíble, que las FARC-EP reclaman un cese al fuego para fortalecerse y buscar ventaja militar sobre el terreno. Esta idea es absolutamente contradictoria con la actitud práctica que hemos mostrado de poner todo nuestro empeño en la búsqueda de entendimientos. Así lo indican los tres acuerdos parciales alcanzados y nuestra voluntad de desescalamiento del conflicto, recientemente evidenciada con la liberación unilateral, a través de un acuerdo humanitario especial, de varios prisioneros de guerra, entre los que se contaba el general Rubén Darío Alzate y tres uniformados más, lo cual ocurre a pesar de la orden desenfrenada del Gobierno de arreciar los operativos militares contrainsurgentes.
El Gobierno Nacional incumplió palmariamente la regla establecida en el Acuerdo General en cuanto a “iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda (…)”, sin que lo que ocurra en el escenario de la confrontación afecte las actividades de la Mesa. No obstante, y a pesar de la furia desproporcionada de los bombardeos y los embates de la mayor maquinaria de guerra de toda América Latina, que han ocasionado la caída de entrañables comandantes y combatientes, jamás hemos abandonado el compromiso de mantenernos en diálogo hasta alcanzar el acuerdo final.
En esta actitud estamos, pero con realismo y los pies sobre la tierra, teniendo claro que es este quinto punto de la Agenda el espacio y el momento de esclarecer y dar los primeros pasos hacia la solución definitiva del fenómeno del paramilitarismo, que es uno de los mayores problemas que tenemos que saldar, si en verdad queremos avanzar hacia la reconciliación. Dentro de esta perspectiva creemos que ha llegado el momento de abordar esta titánica tarea, siendo cierto que sin el compromiso efectivo del Gobierno nacional, será imposible acabar con el paramilitarismo, por muchos que sean los papeles que se firmen en La Habana.
Las partes en la Mesa de Diálogos tienen que estar a la altura del inmenso reto que supone acabar con el paramilitarismo, que es sin duda alguna la causa más sanguinaria de victimización que ha sufrido Colombia desde el inicio del conflicto armado interno, y principal factor de fracaso de anteriores procesos de paz.
En estos días hemos recibido noticias que parecieran indicar que, a pesar de la descomposición y crisis del sistema judicial colombiano, poco a poco se viene abriendo camino una verdad judicial que coincide con la irrefutable verdad manifestada desde hace años por los movimientos de víctimas: se trata de los estrechos vínculos entre el Estado y el paramilitarismo, y la inapelable responsabilidad de partidos políticos, instituciones y empresarios en el surgimiento, desarrollo, expansión y pervivencia de un paramilitarismo siempre impune, hidra de cien cabezas, que con la connivencia del Estado y la oligarquía vuelve a brotar cada vez que se nos ha anunciado su fin.
Ahora, coherentemente, el Tribunal Superior de Medellín, en histórica sentencia del 12 de diciembre de este año, ha asegurado que el Estado colombiano es responsable de las violaciones a los DDHH y al DIH que cometieron los paramilitares y por «el daño y el dolor causado a las víctimas», requiriendo al Presidente de la República para que reconozca, solemne y públicamente, tal realidad.
Se trata de un reconocimiento explícito de la responsabilidad estatal en el surgimiento, expansión y consolidación del paramilitarismo, así como en la falta de persecución e impunidad de estos grupos criminales, sus integrantes, inspiradores y financiadores. El Tribunal señala al senador Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en el surgimiento de grupos paramilitares en Antioquia, y ordena iniciar procesos contra un ex gobernador de Córdoba y contra un general del Ejército, por promoción y apoyo a las autodefensas.
Coincide el tribunal con los reclamos de las organizaciones de víctimas, al solicitar que los miembros de la Fuerza Pública que sean investigados por violaciones a los derechos humanos sean separados de sus funciones a partir de la imputación de cargos. También acierta al afirmar que la Fiscalía de la Nación «fue omisiva en la investigación y acusación de las graves infracciones a los DDHH y al DIH cometidas por los paramilitares». No cabe duda, como lo señaló el tribunal, que la ausencia de investigaciones de la Fiscalía facilitó el accionar de los ‘paramilitares’ y profundizó «el daño y la desesperanza en la población».
Es la Justicia colombiana quien ahora indica que el paramilitarismo «se convirtió en una política trazada, auspiciada, permitida y facilitada por los altos mandos de las Fuerzas Militares». Su surgimiento y expansión, a diferencia de lo que se ha sostenido, no obedeció a la ausencia del Estado en amplias zonas de la geografía nacional. Por el contrario, nacieron y crecieron allí donde había presencia del Estado y de la mano de las Fuerzas Militares. En todo el país, donde quiera que surgieron y pasaron los paramilitares, había brigadas, batallones del Ejército y comandos de policía que debían haber garantizado la seguridad de las personas que acabaron siendo víctimas de los más crueles e inhumanos actos de terror.
También por estos días, otro tribunal de Medellín condenó a 16 empresarios de palma africana a penas que oscilan entre los siete y los diez años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica. El proyecto agroindustrial que buscaba convertir el Bajo Atrato chocoano en la más extensa área cultivada con palma de aceite no fue más que un complejo engranaje criminal que involucró a Vicente Castaño y sus huestes paramilitares, a comisionistas de tierras cercanos al proyecto paramilitar y a empresas palmicultoras.
Por tales razones las FARC-EP propondremos, ante la Mesa de Diálogos, entre las medidas sobre verdad, reparación y no repetición, la creación de una comisión para la erradicación del fenómeno paramilitar, que inicie sus trabajos de forma simultánea a la adopción de medidas de desescalamiento del conflicto que ambas partes venimos trabajando, y alrededor de lo cual ya hemos llegado a acuerdos sobre los criterios con que se pondrán en práctica.
Sin demeritar la importancia de todas las víctimas que nos han visitado, debemos decir que este ciclo no puede pasar sin que pongamos de presente que transcurridas las cinco audiencias que estaban programadas para recibirlas, desgraciadamente no se ha cumplido el compromiso de escuchar a las víctimas causadas por las políticas económicas. Y esto se torna más grave si tomamos en cuenta que, según recientes declaraciones del presidente del Consejo Noruego de Refugiados, Jan Egeland, en Colombia continúa incrementándose la desigualdad económica entre el campo y la ciudad, a pesar de los avances alcanzados en el proceso de paz. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que se acabe la desigualdad y la miseria en los campos y ciudades de Colombia?
Si se es coherente, el gobierno no puede seguir hablando de paz mientras implementa políticas económicas que profundizan las causas de la guerra. Por eso se hace urgente, por ejemplo, ponerle freno al proyecto de ley 133 sobre baldíos “por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la ley 160 de 1994”, pues esta contraviene, a todas luces, los acuerdos ya adoptados en materia de Reforma Rural Integral, lesionando de manera grave los intereses de los campesinos. No es nada saludable para el proceso que se sigan presentando iniciativas legislativas o de reforma constitucional que contradigan lo pactado, o desconozcan el espíritu del Acuerdo General.
Ahora, con la venia de la conducción de este evento, procedo a oficiar, en nombre de las FARC, una ceremonia llena de ternura, surgida del corazón insurgente y de un sentimiento irrefrenable de humanidad, consistente en entregar en esta audiencia, en un gesto simbólico de reparación y de recogimiento frente al dolor y los desgarramientos del alma, la estatuilla de la mano que ofrece una rosa blanca a las víctimas del conflicto.
Para ustedes, Piedad, Gloria, María Susana, Juan Manuel, Jairo, Domingo, Francia, Mauricio, Nilson Antonio, Camilo, Isabella y Magda, mujeres y hombres sufrientes de las consecuencias de una guerra impuesta desde la cima del poder, con la estatuilla que hoy entregamos en sus manos, estos versos del apóstol de Cuba José Martí:
Cultivo una rosa blanca
En junio como en enero
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca
El corazón con que vivo,
Cardo ni ortiga cultivo;
Cultivo una rosa blanca.
Que el perdón y el amor nos abracen a todos, y que la alborada rutilante del sol de la paz que se eleva lentamente en el horizonte disipe la horrible noche de Colombia. La paz triunfará.
Delegación de Paz de las FARC-EP
