El mando militar se tomó la Cámara de Representantes, sin responder acusaciones
Simón Palacio
En un acto intimidatorio contra los convocantes del debate de ejecuciones extrajudiciales, el pasado 12 de noviembre, la cúpula de las Fuerzas Militares a la cabeza del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el jefe de las Fuerzas Militares, el general Lasprilla Villamizar; y otros miembros de esa dirección, ocuparon el recinto de la Cámara de Representantes para enfrentar las acusaciones sobre la sistemática política de falsos positivos que los afecta.
En un ambiente tenso, el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alirio Uribe reveló los nombres de siete generales de la República que son investigados por la Fiscalía General de la Nación por su presunta actuación en casos de violación de derechos humanos a lo largo de la última década. El debate revivió la polémica sobre la sistematicidad de la conducta y el papel de las Fuerzas Militares en un eventual acuerdo de paz.
Circular ministerial
Según organizaciones defensoras de derechos humanos, las detenciones ilegales, el secuestro, las torturas y el asesinato de personas civiles para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate persisten. Para el ente investigador, en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe, la cifra reportada por ejecuciones extrajudiciales se ubicó en 5.326 casos, con fundamento en la circular ministerial 029 de 2005, que entregaba prebendas pecuniarias por muertes en combates o “positivos”.
Tres millones ochocientos mil pesos era el incentivo con que el Ministerio de la Defensa de la época propiciaba asesinatos para engrosar la lista de bajas hechas a la insurgencia. Las consecuencias ya se saben: se contaban dos falsos positivos diarios entre los años 2002 y 2010. Mientras en el mandato de Juan Manuel Santos, a pesar de reconocer la existencia de tales hechos criminales, todavía la cifra alcanza las 237 víctimas.
Plan Colombia
Pero no solo ese incentivo sirvió para la sistemática política de muerte. En las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, sustentadas en el decreto 2002 de 2002, se estableció la subordinación de las autoridades civiles a los comandantes militares como requisito para ejecutar el Plan Colombia con su estrategia denominada “Doctrina de Acción Integral,” compuesta por 28 planes y programas, agrupados en las cinco líneas de acción dirigidas desde el Ministerio de Defensa Nacional.
Ese cambio en la estrategia militar incrementó el pie de fuerza en las denominadas Zonas de Consolidación que, según los estudios de organizaciones defensoras de derechos humanos, fueron escenarios para masacres que cobraron la vida de 92 personas y 176 víctimas de homicidios selectivos. “Desde el año fiscal 2000 hasta el año fiscal 2010, Estados Unidos gastó US$5.683 millones en asistencia militar y policial a Colombia, de los cuales la mayor parte fue enviada al Ejército colombiano, convirtiéndolo en la principal institución receptora del paquete de asistencia”, explicó Alirio Uribe.
Para el citante al debate, esos dos elementos constituyen el eje central de la sistemática violación de los derechos humanos en los escenarios de guerra. Pero lo más grave para el congresista es que hoy se pretenda legalizar con la ampliación de fuero militar y expedir un salvoconducto para los 817 militares condenados y los 5.749 investigados, entre ellos los siete militares que hacen parte de la cúpula y que encabeza el general Lasprilla Villareal.
“Con el proyecto 065 que hace tránsito en Cámara existe el riesgo que tanto las ejecuciones extrajudiciales como la violencia sexual puedan ser juzgadas por los tribunales militares. Pues tanto la violencia sexual como las ejecuciones extrajudiciales no están tipificadas en el Código Penal y allí hay una alerta desde los organismos internacionales de derechos humanos”, sentenció Ángela Robledo, representante del Partido Verde y quien acompañó el debate.
Y es que Robledo viene advirtiendo el sofisma utilizado por el ministro Pinzón por medio del cual declara enemigos de la institución castrense a quienes denuncian los falsos positivos, pero también a quienes se oponen a las intenciones de ampliar el fuero militar. “El ministro de Defensa ha argumentado en varias ocasiones que cumplir con el Derecho Internacional Humanitario desmoraliza a las tropas y afecta su honor, un razonamiento profundamente impresentable, que además nunca ha sido comprobado”, afirmó.
La reacción oficial
La respuesta a las acusaciones estuvo a cargo del ministro Pinzón, que insiste en señalar que esos debates sirven para propiciar derrotas a la Fuerza Pública que no pudieron darle en la guerra. Y lo secundaron los representantes de la Unidad Nacional y el Centro Democrático con un discurso de respaldo a la cúpula militar encartada y calificando a los denunciantes como activos enemigos militares en “la guerra jurídica” y “fichas del terrorismo”.
No obstante, no fue el único en responder. El primer responsable de las ejecuciones extrajudiciales que hicieron carrera entre 2002 y 2010 es el ahora senador Álvaro Uribe Vélez, quien sin hacer presencia en el recinto lanzó una nueva acusación contra el parlamentario polista: “Alirio Uribe, terrorista que fuera defensor de bandidos, estafador de víctimas, cerebro de falsas acusaciones a las FFAA, congresista”.
Debate sin respuestas
La diatriba ministerial fue en tono alto pero sin respuestas; por el contrario dejó preocupaciones en la bancada citante y la del Partido Verde, por el lenguaje utilizado por los implicados. “Ministro, no siga estigmatizando a quienes no pensamos como usted, porque nosotros ayudamos a reelegir al presidente Juan Manuel Santos a cambio de la continuidad de los diálogos y el ambiente de reconciliación. Lo que usted hace no ayuda”, dijo Óscar Ospina Quintero, representante Verde del departamento del Cauca.
El reclamo le generó una visible molestia, no solo por el álgido asunto de falsos positivos sino por otros incómodos temas que le recordaron: las chuzadas, la operación Andrómeda, la división al interior de las Fuerzas Militares por los diálogos de paz, la fuga de información privilegiada proporcionada por militares al expresidente Álvaro Uribe, entre otras cuestiones.
Los convocantes del debate le pidieron al ministro de la Defensa retirar los proyectos de ley con los que pretende ampliar el fuero militar, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y el reconocimiento de la existencia de máximos responsables de la Fuerza Pública ante las graves violaciones de derechos humanos.
