Soldados de la Brigada Móvil Nº 12 se acogieron a sentencia anticipada por ser responsables del homicidio de tres campesinos en Vista Hermosa. Aún quedan pendientes juicios a altos oficiales y otros soldados. Abogado Ramiro Orjuela denuncia amenazas
Kikyō
Los soldados del Ejército Nacional pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 12, que hacen presencia en el departamento del Meta, Ulmer Yesid Meneses Navarro y José Efraín Chinchilla fueron condenados a 18 años de prisión por el homicidio de tres campesinos a quienes reportaron como guerrilleros dados de baja en combate. Así lo informó el abogado defensor de derechos humanos Ramiro Orjuela, quien lleva varios casos en la región.
La condena es el resultado de la sentencia anticipada a la que se acogieron estos militares, además de José Helmer Díaz Trujillo, quien fue sentenciado por favorecimiento y encubrimiento a 48 meses de prisión, y el soldado Rosember Jiménez Reinoso, con una pena de 26 años por homicidio en concurso homogéneo en persona protegida.
Los hechos
El 27 de octubre de 2006 en la vereda Loma Linda del municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, tres campesinos, Carlos Julio Gutiérrez López, Elder Toloza Zulvarán y Ángel Gabriel Verguez García, fueron detenidos por el Ejército, más exactamente tropas de la Brigada Móvil Nº 12.
Un informe de octubre de 2006, firmado por el mayor Miguel Beltrán Chacón da cuenta de que tropas del Batallón Contraguerrilla Nº 83, Compañía Argolia 6, Misión Táctica Odisea, al mando del subteniente William Stanly López, mantuvieron un supuesto combate con integrantes de las FARC.
Durante la investigación se determinó que el mayor Beltrán Chacón ordenó a su subalterno el teniente Stalyn López que asesinara a estos campesinos. Algunos soldados que recibieron la orden de matar no quisieron y se rehusaron.
La familia acudió a organizaciones de derechos humanos y el abogado Ramiro Orjuela interpuso la denuncia ante la Fiscalía, órgano que luego de tres años de dilaciones abrió la investigación, ya que había estado a cargo de la Justicia Penal Militar. Después el caso fue asignado a la Justicia ordinaria.
“Hay una estrategia de falsos positivos al interior de las Fuerzas Militares. Se puede afirmar con certeza, teniendo en cuenta que esta región fue zona de distensión y por ello hubo un ensañamiento contra los campesinos de allí. Son centenares de casos de desapariciones y de falsos positivos ejecutados por el Ejército con apoyo de paramilitares que por estos hechos están presos. En este caso concreto hay un paramilitar preso que era el guía”, señaló Orjuela.
Los militares responsables de los hechos siguen gozando del respaldo de la institución. A pesar de que hay sentencias que obligan a pedir disculpas, estas no se han dado. De otra parte el Ejército internamente hizo una investigación disciplinaria, en la que no participaron las víctimas, en la cual no hicieron una averiguación real y la conclusión fue la absolución disciplinaria.
“Eso quiere decir que el Ejército patrocina estos crímenes. No solo este sino muchos de la misma región, este es un caso muy completo con pruebas concretas de sentencias dictadas por los órganos judiciales respectivos”, agregó el defensor.
Por esos y otros casos, el abogado Ramiro Orjuela está amenazado. Incluso uno de los abogados del Ejército dijo en una audiencia pública que él era vocero de las FARC, y que era una estrategia de la guerrilla enlodar el nombre de los militares.
Gracias a la labor de este defensor de derechos humanos hay en la cárcel alrededor de 50 militares presos. Hay que tener en cuenta que en un falso positivo muchas veces se vinculan ocho o más militares. Algo que vale la pena mencionar es que este trabajo de denuncia y defensa de los derechos humanos, unido a la presión ejercida por la Fiscalía y en algunas oportunidades de Naciones Unidas, los mal llamados “falsos positivos” disminuyeron en esta región.
Aún está por definir la suerte del mayor Miguel Beltrán Chacón y el teniente William Stanly López, así como la de varios soldados, pero como no se acogieron a sentencia anticipada, las penas podrían ser del doble de las impuestas a los que sí lo hicieron.
