Exigen respeto a la meritocracia

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Como Leonor Cristina Cañón Uribe, Laura Guillén y Andrés Sinisterra, cientos de concursantes afectados esperan que el Consejo de Estado permita que las entidades los nombren en los cargos que ganaron luego de cumplir todos los requisitos exigidos.

A pesar de haber pasado todas las pruebas y de haber ganado desde hace meses en los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, muchos trabajadores no han sido nombrados en los respectivos cargos. Demandas de todo tipo y hasta negligencia de algunas instituciones son los causantes de la vulneración de sus derechos

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino 

Son cientos de personas quienes sufren las consecuencias de las suspensiones de los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, generadas por diversas demandas, para proveer de cargos en carrera administrativa a varias entidades estatales del orden regional y nacional.

Son decenas de profesionales quienes al haber ganado un concurso renunciaron a sus cargos en entidades públicas o privadas, se posesionaron, pero luego por la suspensión fueron retirados de sus puestos.

Y aunque para muchos los argumentos de las demandas son válidos, ¿qué pasa con quienes en franca lid se presentaron a las convocatorias, cumplieron los requisitos, pasaron las pruebas, ganaron y siguen desempleados?

VOZ habló con tres de ellos, quienes quedaron entre los primeros en listas de elegibles en diferentes entidades estatales y no han sido nombrados como debe ser.

Invima

Laura Guillén es una ingeniera química bogotana de 29 años, quien también cuenta con una especialización en calidad. Durante un tiempo laboró en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, Dascd, en la capital del país, donde ayudaba en la capacitación y bienestar de los funcionarios públicos.

En búsqueda de estabilidad y dignidad laboral, en 2016 se presentó a una convocatoria de la CNSC, para un cargo técnico grado 14 en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. “Se exigía que uno fuera técnico en carreras afines con la ingeniería química y experiencia laboral. Presenté el examen en marzo de 2018, para agosto supe los resultados finales y que era una de las ganadoras”, comenta Laura, quien quedó en tercer lugar y su OPEC constaba de tres vacantes. Lógicamente decidió no presentarse más en el Dascd.

Laura Guillén.

A finales del mismo mes, salió una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado por parte del Colegio Nacional de Inspectores, en la que se suspendían las actuaciones de la CNSC. La primera semana de septiembre, el magistrado William Hernández aclara que esa suspensión era solamente para el Ministerio de Trabajo: “Pero como seis horas después, con otro auto volvió a suspender el concurso para varias entidades, entre esas el Invima”, aclara la ingeniera química.

Hizo un derecho de petición para que la nombraran y le respondieron que no, que el concurso estaba suspendido. Interpuso una tutela y el 9 de octubre le respondieron ordenando al Invima nombrarla, cuatro días después fue nombrada, aunque la tutela fue impugnada por la entidad y en segunda instancia revocaron el fallo que la posesionó.

“Entregué todos los papeles, los exámenes que me pedían y me dijeron que ya no, que no me posesionaban porque había un fallo. En enero de este año, busqué a las otras dos elegibles, quienes ni siquiera sabían que habían ganado, ellas entutelaron, una de ellas ganó y está posesionada desde febrero, la otra ganó le impugnaron, pero volvió a ganar y se posesionó en marzo. No entiendo por qué a ellas sí y a mí no si es el mismo caso. Me responden que no, que sigue suspendido aunque desde el 7 de marzo se dice que se levanta la suspensión del 23 de agosto”, explica y cuestiona Laura con indignación.

Lleva ocho meses sin trabajo. Dice sentirse sola e impotente. Constantemente acude a plantones frente al Consejo de Estado, a reuniones con representantes de la CNSC, ha gastado dinero en abogados y no recibe respuestas satisfactorias del Invima frente a su petición de derecho a la igualdad.

Comenta sentirse muy desgastada moral, emocional y económicamente, aunque debe responder por ella y junto con sus hermanos, por su padre.

Instituto Nacional de Salud

Leonor Cristina Cañón Uribe es elegible primer lugar para un cargo grado 22 en el Instituto Nacional de Salud, INS, entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, en el concurso 428, publicitado en 2016.

Es abogada y enfermera profesional, y cuenta con tres especializaciones en líneas administrativas. Actualmente está en un cargo de carrera administrativa porque hace pocos años ganó una convocatoria en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. “Me presenté a esta convocatoria porque en mi entidad no hay para mi perfil mayores posibilidades de ascenso, y quiero mejorar mis ingresos. Tengo 51 años y soy madre cabeza de hogar con dos hijos”, expresa Leonor para justificar su participación en el concurso.

Como muchos, se inscribió, estudió mucho y superó el concurso en todas sus etapas que incluyeron pruebas de requisitos mínimos, pruebas comportamentales, pruebas de competencias básicas y de competencias funcionales. En todas siempre ocupó el primer lugar entre siete inscritos.

“Fuimos admitidos solo tres, uno de ellos es el profesional que sigue en el cargo a pesar de haber perdido conmigo. En mi caso el INS dice acogerse a la suspensión dictada por el Consejo de Estado y de manera descarada desconoce el auto de aclaración del consejero William Hernández, en el que se dijo que las medidas cautelares no podían afectar las listas de elegibles que estuvieran en firme previo a que se notificara la medida cautelar. Sin embargo, las entidades hacen caso omiso de ese auto, lo que las está llevando a hacer una vulneración sistemática de todos los derechos fundamentales de los elegibles concursantes”, anota la ganadora de la convocatoria en mención.

Ante la situación, Leonor interpuso una tutela en septiembre de 2018, en primera instancia le ampararon sus derechos, lo que obligó a la entidad a emitir la resolución de nombramiento, aunque esta última impugnó y el primer fallo fue revocado.

Leonor Cañón.

“Le tramité un incidente de nulidad dentro de los términos legales, este no fue aceptado y ratificó la revocatoria del fallo de primera instancia por considerar la tutela improcedente para este tipo de casos. Lo más triste es que este mismo magistrado ahora sí está fallando a favor de estos derechos, con base en el auto que revocó la medida”, argumenta Leonor Cristina Cañón, quien agrega que el Consejo de Estado suspendió las actuaciones de la Comisión, nunca las de las entidades.

Los elegibles, con listas en firme, reclamaron nombramientos y posesión vía derechos de petición o tutela, sin embargo: “Las listas de elegibles en firme son actos administrativos de contenido particular y concreto, que no pueden ser afectadas por demandas sobre actos administrativos de contenido general, como lo es el acuerdo de la convocatoria. Así lo dejó claro el consejero Hernández”, responde la abogada Leonor Cañón quien añade que las entidades desconocen derechos -al parecer por una directriz del Ejecutivo nacional-, y no mencionan el auto de aclaración o en el que se responden las solicitudes de las mismas entidades y los coadyuvantes.

“Nosotros nos inscribimos creyendo en la buena fe y con confianza en la legitimidad de las operaciones del Estado. Lo que hacen estas entidades es arbitrario e ilegal y evidencia negligencia del Estado, al parecer es una política del Estado, en cabeza del Ejecutivo, por supuestamente la austeridad en los gastos”.

Por ahora sigue trabajando en el Inpec, aunque: “Como en el INS había salido mi resolución de nombramiento, en mi entidad ya había dado trámite a la solicitud de vacancia temporal de mi cargo, por lo que hay una resolución que así lo declara, y cada rato me llaman a ver si ya me fui para la otra entidad”, anota Leonor Cristina.

Dice que es humillante el trato que reciben de las entidades porque les responden fuera de términos y hasta con mentiras. Eso sin tener en cuenta el dinero que han gastado en diligencias y por la elaboración de escritos para reclamar por los derechos que ya ganaron.

Secretaría de Hacienda

VOZ también dialogó con Andrés Sinisterra, quien es un ingeniero industrial de 35 años con maestría en sistemas integrados de gestión de control de calidad. Participó y ganó en la convocatoria 328 de la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital.

En 2017 presentó exámenes funcionales, comportamentales, entrevistas con sicólogos y una prueba de estrés de voz, para un cargo en la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de esa entidad bogotana. La última prueba se dio ante las características y altas responsabilidades del cargo, ya que hay manejo de dineros públicos e información confidencial.

“Concursantes que no pasaron las pruebas y que están en nivel provisional, para torpedear demandaron las pruebas y el Consejo de Estado suspendió el proceso en junio de 2017. Recayeron 58 demandas y de cinco temas globales de las demandas dos los suspendieron. El pasado 7 de marzo se levantaron unas medidas cautelares, aunque todo sigue frenado”, anota este ingeniero industrial.

El no nombramiento en su cargo, lo ha obligado a participar en plantones frente al Consejo de Estado manifestándose por la defensa del mérito y por la mora judicial, pues dice que se han demorado mucho en llamar a audiencia para el proceso. Solo lo hicieron para el próximo 15 de mayo.

Andrés Sinisterra.

“Nosotros somos la convocatoria más atrasada por el tema de las suspensiones. Fuimos los primeros en ser suspendidos y aún estamos afectados. Hubo personas que no pasaron la entrevista o el examen de estrés de voz, quedé solo para mi cargo que es profesional universitario, entonces no es justo que personas que no ganaron el cargo por méritos estén ocupando el cargo y yo esté desempleado afectado en mi economía, afectado en mi familia y tener que luchar con abogados y protestas por un cargo que gané por mérito”, cuestiona con rabia el profesional. Hay que anotar que en el mismo concurso se alcanzaron a nombrar varios cargos en 2017.

Andrés trabajó como director de operaciones en una empresa privada y también como contratista con el Ministerio de Educación. Ahora, mientras espera su nombramiento, aunque cuenta con el apoyo de su familia, debe sobrevivir como conductor de Uber.

Y como cientos de colombianos que cumplieron todos los requisitos y ganaron los concursos, debe esperar a que más temprano que tarde, las diferentes entidades les cumplan con los nombramientos como lo estipulan los procesos meritocráticos.