Se profundiza deuda con la juventud colombiana
Redacción Juvenil
El 29 de abril, con la sanción presidencial de la nueva Ley 1622 de 2013 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones”, se reemplazó la norma 375 de 1997 o Ley de Juventud, entrando en vigencia esta nueva Ley que afectará a millones de jóvenes entre 14 y 28 años de todo el territorio nacional, y a quienes quedan fuera de este rango.
El Estatuto de Ciudadanía Juvenil inició su proceso de construcción desde el año 2009, como producto de una relación de fuerzas adversa a los sectores populares, caracterizada por el predominio uribista en el Congreso de la República, delimitó su marco de acción a un precario “acceso” a los derechos, en detrimento del disfrute inherente y digno de los derechos y condiciones generales de bienestar material en la juventud, aparejada a un odiosa serie de ‘medidas de prevención, protección, promoción y sanción, tendientes a garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil -art 8-, sin que en esa norma se señale medida sancionatoria alguna y al mismo tiempo, las medidas o recursos tendientes a realizarlos.
En este marco el Estado colombiano profundiza su deuda con la juventud colombiana en aspectos como igualdad, salud, derechos sexuales, paz, educación y trabajo ya que es sabido por todos que el 27 por ciento de la población colombiana es joven y que en nuestro país la línea de pobreza abarca alrededor de 29 millones de personas, gran parte de los cuales son jóvenes; por otro lado en el país de los paseos de la muerte, según el DANE, el 56.7 por ciento de las personas jóvenes entre 14 y 26 años no están afiliadas al sistema de seguridad social, lo que significa un grave problema para la sociedad.
Estrechez del régimen
Además una situación que demuestra el carácter de la clase dominante colombiana y el estrecho marco de macartización, violencia estatal y militarización de la vida juvenil, son los asesinatos sistemáticos a jóvenes, que se han venido produciendo en Colombia durante los últimos años a manos de agentes de la fuerza pública.
Philip Alston, relator de las Naciones Unidas concluye que ‘Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años’. Además en la actualidad el número de casos de asesinatos sistemáticos a jóvenes y campesinos suman aproximadamente 3.000, como lo reporta en la página 14 el diario El Espectador, en su edición del 29 de mayo de 2011. ‘Se destaca el escándalo de los falsos positivos, en los que según datos de Naciones Unidas, fueron blanco de ejecución extrajudicial más de 3.000 jóvenes por parte de la Fuerza Pública. La mayoría presentados como guerrilleros dados de baja en combate’.
Por otro lado el derecho a la educación continúa con la grave desatención gubernamental al mantener un rango de incorporación a la educación de apenas el 55% entre jóvenes de los 18 a los 22 años, sin contar con el porcentaje privado de esta, reduciéndose al 50% en los jóvenes entre 23 a 26 años; por lo que podemos establecer que asistimos al posicionamiento de un proyecto de ley alejado del sentir de más de medio millón de jóvenes que luchan por el derecho a la educación y su financiación total por parte del estado y al clamor de miles de jóvenes que en múltiples jornadas contra la guerra, por la paz y la objeción de conciencia al servicio militar se han venido expresando desde el 2011 hasta la última jornada del 9 de abril. La tarea del movimiento juvenil es actuar e intervenir directamente en la transformación de sus circunstancias y por los derechos juveniles, la paz y los cambios democráticos en nuestro país, respecto a un precario estatuto que ahonda la deuda del régimen político colombiano con la juventud de nuestro país.
