En la ciudad de Montería, su principal centro de educación superior ha sido convertido en escenario de agresiones permanentes de los organismos de seguridad del Estado contra los universitarios que protestan y reclaman sus derechos.
La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) emitió comunicado mediante el cual denuncia excesos y abuso de autoridad por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) al ingresar de nuevo al territorio del centro de educación superior el pasado jueves 23 en horas de la tarde, provocando desmanes y arbitrariedades y la detención de 11 estudiantes a quienes se les califica de «capuchos y guerrilleros». Dichos estudiantes pretendían ser judicializados, pero en el Palacio de Justicia, tras audiencia, fueron dejados en libertad, cayendo otro montaje judicial del organismo de seguridad, cuyo comandante es el coronel Jesús Díaz.
Lea a continuación la denuncia pública:
Montería, 24 de abril del 2015.
La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) rechaza los abusos por partes del escuadrón de la muerte Esmad el día 23 de abril en instalaciones de la Universidad de Córdoba, y las reiteradas violaciones a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de la comunidad universitaria, en el marco de acciones y operativos adelantados por agentes de la Policía donde fueron agredidos estudiantes y capturaron a nueve de manera arbitraria, algunos no implicados en los hechos.
También los señalamientos hechos por el periódico El Meridiano, que de manera irresponsable acusa al reconocido dirigente estudiantil e integrante de la ACEU Iván Darío Ojeda Castrillón (“Alias Ojeda”) como provocador de dichos sucesos. Los hechos se dieron siendo las cuatro de la tarde, cuando por razones aún desconocidas se encontraban todas las puertas de la de la universidad cerradas, las cuales abrieron solo para el ingreso de las motorizadas de la Policía y agentes del Esmad. Los estudiantes de la Universidad de Córdoba piden suspender el tratamiento policivo y militarista a las exigencias de los estudiantes en materia de acceso a recursos físicos y medios para mejorar las condiciones de acceso a su proceso educativo.
Hechos:
En desarrollo de estos enfrentamientos, la Fuerza Pública procede a ingresar a la universidad, violando el principio de autonomía universitaria, agrediendo a varios estudiantes, aun cuando no se encontraban participando de estos hechos. Siendo apresados con el método de “cacería de brujas”. Hacia las 2:10 pm, un grupo de estudiantes, por razones desconocidas, salen a tapar la autopista de la Sabana. Mientras eso sucede, los vigilantes, por órdenes del jefe de seguridad, cierran con cadenas las cuatro puertas de la universidad, dejando a todos los que aun se encontraban adentro atrapados y sin posibilidad de salir.
Por un tiempo aproximado de 40 minutos permanecieron los estudiantes en la vía, cuando llegaron a instalaciones de la universidad agentes del Esmad con una tanqueta, ingresando por el centro de convecciones que limita con predios del alma máter. Luego de ingresar al claustro estos no reprimen como generalmente lo hacen, lo que empezó a generar unos ambientes de zozobra y desespero al interior de esta, debido a incidentes que de forma muy similares se han presentado en la universidad. Siendo las 3:20 pm abren la puerta trasera de la universidad que sale al barrio San Francisco de la ciudad de Montería, por donde ingresan motorizadas de la Policía con agentes del Esmad, quienes agarraban, como en “Galpón de Pollo”, su mejor presa.
Este hecho hace parte del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, situación que se configura como abuso de autoridad y extralimitación de funciones por parte de los miembros de la Policía, que en más de una ocasión se han denunciado ante organismos competentes como la Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Estas acciones han dejado abortos, apuñalados y heridos a bala, como se denunció el día 8 de diciembre cuando quedo registrado en un video como agentes de la Fuerza Disponible de la Policía agredieron hasta dejar inconsciente un estudiante de esta universidad; y un sinnúmero de maltratos físicos contra la población universitaria; a lo que estas instituciones hacen caso omiso a tan grave situación.
Siendo las 3:50 pm, cuando se habían retirado con los primeros seis capturados, los estudiantes que quedaron aún al interior de la universidad, conmocionados y asustados no sabían qué hacer, porque a quienes optaran por volarse las paredes de la universidad los esperaban los policías para golpearlos.
Estos estudiantes se situaron en los bajos del edificio administrativo 100, donde se encontraba una reunión de la administración con delegados del Ministerio de Educación e integrantes del Consejo Superior Universitario, para pedirle a dichas instancias que dieran explicación de por qué se permitió el ingreso de la Fuerza Pública a la universidad y por qué los vigilantes cerraron el plantel como ayuda al operativo y no permitieron que los estudiantes salieran, recibiendo como respuesta una segunda arremetida del Esmad, a lo que los estudiantes responden levantando las manos colectivamente y pidiéndoles que no dispararan.
En el marco de la segunda arremetida gasean a los estudiantes ahí presentes, llevándose a tres más, dejando a dos estudiantes inconscientes por asfixia. Se logra impedir más gases mientras se retira en un vehículo a uno de los dos estudiante afectads, cuando de repente vuelven y tiran gases lacrimógenos contra el vehículo. Estudiantes se le acercan a pedir explicaciones a los agentes del Esmad de por qué ingresaron, y estos responden que “la orden es presidencial, que ellos no tienen un solo lugar en el país donde no puedan ingresar”.
Antecedentes
La famosa “cacería de brujas” se ha convertido en la Universidad de Córdoba en el juego más deseado por los agentes del Esmad, que de manera indiscriminada utilizan este método para atacar a cualquier estudiante que intente siquiera retirarse del campus universitario. Además de este hecho, se registraron agresiones contra varios jóvenes y daño a bienes de la Universidad, entre otros.
Con la llegada del nuevo comandante de la Policía Metropolitana y el afán de la Administración municipal y departamental en mostrar resultados, producto de las exigencias del ministro de Defensa y el presidente de la República en la junta de ministros que se desarrolló en la ciudad de Montería, y donde la Policía dijo tener individualizados y con pruebas a 12 estudiantes de la universidad, se muestra que de cualquier forma, sin importar el método, va a entregar dichos “resultados” que de cualquier manera pueden prestarse para montajes judiciales.
Estos hechos se dan en el marco de un proceso de reparación colectiva que se adelanta desde la Unidad de Víctimas como una medida de reparación a la comunidad universitaria, que fue víctima de la incursión paramilitar adelantada por el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde el año 1999, en el cual fueron asesinados estudiantes, trabajadores, profesores y un candidato a la rectoría, por los grupos paramilitares.
En la ciudad de Montería, su principal centro de educación superior ha sido convertido en escenario de agresiones permanentes de los organismos de seguridad del Estado contra los universitarios que protestan y reclaman sus derechos. Todo ello como concreción de las políticas agenciadas por la comandancia de organismos de seguridad, algunos medios informativos locales y voceros de los sectores políticos de extrema derecha en el marco de una campaña de estigmatización y señalamientos permanentes en los que se acusa al movimiento estudiantil de estar infiltrado por “guerrilleros”.
Responsabilizamos:
Al Estado colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón, a la Gobernación del Departamento de Córdoba, al alcalde de Montería, comandante de la Policía Metropolitana de Córdoba, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades policiales que dirigen. Al Consejo Superior Universitario, por permitir el acceso de la Fuerza Pública al claustro universitario, lo que les facilitó el éxito del falso operativo. Al periódico El Meridiano por lo que le pueda suceder y poner en peligro la integridad física y la vida de los estudiantes señalados.
Exigimos:
Ante las autoridades nacionales y regionales, tomar las medidas y acciones necesarias y orientadas a garantizar la seguridad, integridad, vida y dignidad de la comunidad estudiantil, de las organizaciones y movimientos estudiantiles que hacen presencia en la Universidad de Córdoba, por lo cual ordenen a quien corresponda la implementación de medidas de protección y seguridad, garantizando el derecho a la participación en la vida política de la universidad por parte de nuestras organizaciones y gremios de la comunidad universitaria. Al periódico El Meridiano, dejar los señalamientos constates contra miembros de la comunidad universitaria, atentando muchas veces contra su integridad y vida.
El cese inmediato de todo tipo de agresiones, intimidaciones, hostigamientos y represiones a la comunidad universitaria de Córdoba, cuyos derechos están siendo conculcados por la acción desproporcionada del Estado colombiano y la omisión de sus justas demandas. De igual manera a todas las instituciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, la responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y a la libre movilidad de los estudiantes, que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas policiales del Estado colombiano.
Requerimos:
1. Al ministro del Interior y de Justicia, Juan Fernando Cristo, solicitar y exhortar a los organismos de gobierno nacional, departamental y del municipio de Montería (Córdoba) brindar la atención y acompañamiento necesario y urgente al joven.
2. Al Defensor del Pueblo nacional, Jorge Armando Otálora Gómez, implementar las medidas necesarias en el marco del derecho constitucional colombiano a fin de garantizar la verdad y justicia de cara a la responsabilidad del Estado.
3. Al procurador disciplinario delegado para los derechos humanos, Rafael José Durán Mantilla y al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett. Requerir y adelantar las investigaciones judiciales necesarias para individualizar los actores de este hecho y generar las judicializaciones pertinentes.
Instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta la crítica situación de derechos humanos que están afrontando los estudiantes de la región de Córdoba.
Comisión de Derechos Humanos ACEU Córdoba
