Así lo afirmó el representante Iván Cepeda, tras conocerse varios episodios de violencia contra reclamantes de tierras en los últimos días. El congresista rechazó las agresiones hacia algunos miembros de la comunidad de Las Pavas (Bolívar), por parte de un grupo de seguridad privada, avalado por la Superintendencia de Vigilancia, bajo la figura de departamentos de seguridad que están al servicio de los empresarios palmicultores a quienes el Incoder declaró poseedores de mala fe. Cepeda alertó sobre una cadena criminal contra la restitución de tierras.
A raíz de los recientes hechos de violencia en los que resultó asesinado el hijo de un reclamante de tierras en El Carmen de Bolívar, el plan develado para asesinar al defensor de derechos humanos Juan David Díaz, y las agresiones sufridas por la comunidad de Las Pavas por parte de civiles armados, el representante a la Cámara Iván Cepeda dijo que no se puede seguir afirmando que estos son hechos aislados y que, por el contrario, obedecen a una especie de cadena criminal de la cual hacen parte los denominados ejércitos antirrestitución.
Para el congresista, “la primera medida de protección que debe adoptar el gobierno es reconocer que existen estructuras paramilitares que están haciendo de guardianes de las tierras despojadas, que ejercen persecución a reclamantes de tierras o personas que ya han sido restituidas, especialmente en la Costa Atlántica”.
Con respecto a los departamentos de seguridad autorizados por la Superintendencia de Vigilancia, Cepeda afirmó que “estamos volviendo al tiempo de las ‘Convivir’. Estos departamentos son organizaciones de carácter privado que asumen funciones y se toman atribuciones de Fuerza Pública, en el caso de Las Pavas, con el objeto de reprimir y hostigar a comunidades que están en sitios donde el Incoder permitió su permanencia”.
El representante requirió una respuesta urgente del Superintendente de Vigilancia sobre si se está legalizando el paramilitarismo nuevamente, bajo esta figura de departamentos de seguridad.
Cepeda recordó que en los últimos dos años ha denunciado y alertado a las autoridades para que atiendan las constantes amenazas contra los campesinos de El Carmen de Bolívar, Las Pavas (Bolívar), Bellacruz, y Pitalito (Cesar), y varias organizaciones de víctimas. En particular, la comunidad de Las Pavas ha sido víctima de amenazas de muerte, hechos intimidantes como tiros al aire y a los pies de los campesinos, quema y destrucción de cultivos, lesiones personales y amenaza de violencia sexual contra menores. En el caso de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar, sus miembros fueron desplazados hacia otros municipios por las graves amenazas.
Agresiones recientes de grupos paramilitares a comunidad de Las Pavas
“Ellos (los hombres armados) nos dijeron que si se llegaba a fallar a favor de nosotros acá iba a haber más de un muerto” Misael Payares, líder campesino de Asocab
Antecedentes jurídicos
En 2011, la Corte Constitucional ordenó al Incoder restituir esta hacienda localizada entre los municipios de El Peñón y Corregidor. En septiembre de 2012, el Instituto ya identificó 10 predios baldíos de la Nación en la hacienda, que contaban con una extensión de 1.338 hectáreas. En noviembre de 2012, el Incoder terminó los procesos de extinción de dominio de los predios “Pavas”, “Si Dios Quiere” y Peñaloza” que componen la hacienda y determinó la extinción de las 1.290 hectáreas que los componen.
En total, el Incoder recuperará 2.661 hectáreas de esta hacienda. La decisión que tomó el Incoder es de carácter agrario. El predio se recuperó porque no estaba en explotación agraria y tampoco estaba cumpliendo su función económica y social.
Por la vía de las armas y la intimidación se pretende lograr un nuevo desplazamiento
Las y los campesinos de las Pavas han denunciado ante la opinión pública y ante la Fiscalía General de la Nación durante los últimos meses, múltiples hostigamientos, y hechos criminales por parte de integrantes del departamento de seguridad de la sociedad Aportes San Isidro S.A., dentro de los que se encuentran: múltiples amenazas de muerte acompañados de hechos intimidantes como tiros al aire y a los pies de los campesinos, quema y destrucción de cultivos, lesiones personales, y amenaza de violencia sexual contra menores, situaciones que además de ser advertidas por la comunidad y por mi oficina, han sido denunciadas por la Defensoría del Pueblo[1. En el informe de riesgo de inminencia No. 023-12 emitido por la Defensoría del Pueblo el pasado 3 de octubre de 2012 se afirmó: “debido al riesgo inminente que se cierne sobre los habitantes del corregimiento de Buenos Aires, y sobre la comunidad sentada en el predio denominado Las Pavas”, en el que además de afirma “(…) estas personas que portan armas largas tipo “changón” le han manifestado a la comunidad que son integrantes de una empresa de seguridad con sede en Barranquilla contratada por la empresa palmera Aportes San Isidro S.A.S. Adicionalmente, se ha conocido la presencia de hombres que usan pistolas, quienes dicen ser empleados de la empresa palmera, pero que algunas personas reconocen como desmovilizados de las AUC y en otros casos como integrantes de los grupos pos desmovilización (…)”. A la fecha no se han tomado las medidas necesarias y suficientes para garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la permanencia de esta comunidad en el territorio.], el ministro de Agricultura[2. “Ojo con lo que está sucediendo en Las Pavas. Fuerzas cavernarias y agresivas están sacando las garras”, previno el ministro en su cuenta de twitter RestrepoJCamilo. El Espectador. Voz de alerta de Minagricultura sobre situación de ‘Las Pavas’. 16 de julio de 2012.] y por el propio Incoder[3.Incoder, Ante nuevos hechos de violencia en Las Pavas, Incoder llama la atención de las autoridades, 24 de abril de 2013. http://www.incoder.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1019&conID=2103 ]. Dentro de los hechos más graves y recientes se encuentran:
1. A finales de la semana pasada (30 de mayo), integrantes de este grupo de “seguridad” golpearon brutalmente e hirieron con machete a Tito Alvear, joven campesino de 27 años, mientras caminaba solo en cercanías al predio las Pavas. Según la víctima, después de hacerle un disparo a corta distancia que por fortuna no lo impactó, lo golpeaban le advertían que actuarían contra Misael Payares, representante legal de Asocab, y que “esto iban a hacer con todos los campesinos de Asocab que permanecieran en los terrenos de la hacienda Las Pavas”.
2. El día 16 de enero estando en la entrada de la finca la familia Albear Narváez con una de sus hijas, llegó el señor Mario Mármol Montero. En tono violento les manifestó que si no salían de la finca le iban a violar a sus hijas, que salieran de ahí que ellos no tenían derecho, que cuidaran a sus hijas si las querían. Las tres niñas son menores de 14 años de edad y deben trasladarse solas todos los días desde el asentamiento en la finca Las Pavas hasta el corregimiento de Buenos Aires, pasando por zonas boscosas que hace parte del camino veredal.
Este grupo de seguridad de la sociedad denominada Aportes San Isidro SA, organización empresarial extensiva a las empresas Palmeras el Labrador SA y Amiagro Palma SAS, departamento autorizado para proteger a José Ernesto Macías, Ofelia Medina de Macias, Eduardo Villegas de los Ríos, Patricia Macías Medina, Ramiro Davila Dangond; funciona como un grupo armado criminal, financiado y creado por la Empresa Aportes San Isidro, empresa que ocupó indebidamente durante años baldíos de la nación. Actuaciones criminales que se están desarrollando con la anuencia de las autoridades del Estado a nivel local y nacional.
Dentro de los integrantes del departamento de seguridad se encuentra Mario Mármol, persona que es identificada por los campesinos como un paramilitar no desmovilizado, quien de acuerdo con información de la Fiscalía enfrenta una investigación por perturbación de la posesión sobre inmueble, y dos investigaciones por desplazamiento forzado.
Es urgente que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suspenda de inmediato la licencia de este grupo criminal.
