Estallidos sociales en el horizonte

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Marcha en Buenaventura en el contexto del paro cívico del pasado mes. Foto 90 Minutos.

La política social del gobierno de Juan Manuel Santos en contravía de los intereses populares y de los trabajadores, producirá nuevos estallidos sociales. La gente está cansada de incumplimientos y que prevalezca la protección del poder a los capitalistas, los empresarios, los grupos económicos y las transnacionales. No es casual, como lo anotaron los voceros del partido FARC en Cartagena,  que entre los retrasos más considerables en el cumplimiento del Acuerdo de La Habana, estén los temas sociales que favorecen a los trabajadores del campo y de la ciudad.

En las políticas gubernamentales se privilegian los intereses neoliberales para mantener el pie de fuerza a pesar de los avances en la paz con las insurgencias, los contratos lesivos con las transnacionales que saquean los recursos naturales y deterioran el medio ambiente, la contratación con los corruptos de siempre y los grandes negocios capitalistas y del sector financiero. Sigue predominando la tendencia a favorecer la explotación minera a pesar de las consultas populares y referendos ciudadanos que se pronuncian por no permitirlas en sus territorios. El gobierno central ha dicho que las desconoce y hasta prepara una reforma constitucional para condicionar sus resultados.

Apenas despuntó el nuevo año, dos situaciones tensionan el ambiente social. De un lado la vigorosa protesta en Urabá contra la imposición de tres peajes que las comunidades no aceptan, al final suspendidos de manera provisional por el alcance del paro regional que desbordó la inconsecuencia de varios de sus promotores. Los disturbios y la rabia del pueblo obedecieron a la arrogancia de los funcionarios gubernamentales que dijeron al principio que los peajes se mantenían y que no había posibilidad de negociación alguna.

Esa tendencia del gobierno a no escuchar a las comunidades o de hacer acuerdos y pactos para no cumplirlos, debe modificarse porque está siendo factor de movilización y de represión a las justas protestas sociales. Lo advirtieron los voceros de FARC en la reciente reunión de Cartagena, el Estado debe cumplir los compromisos, no puede convertir en un mar de burlas los acuerdos y los pactos, incluyendo el de La Habana y los que suscribe con los trabajadores y las comunidades en los territorios.

Del otro lado, también motivó indignación el pobre aumento del salario mínimo, que no solo afecta a los 2 millones y medio de trabajadores que lo reciben, sino al conjunto de la fuerza laboral, pues el 5.9 por ciento fijado se convierte en el promedio, hacia abajo, para el incremento salarial de la contratación colectiva en el sector público y privado. La decisión desprecia, al mismo tiempo, a los más de cuatro millones de personas que no devengan ni siquiera el mínimo en razón de un Estado injusto y excluyente.

Pero lo del salario mínimo tuvo otras implicaciones. Entre ellas la quiebra de la inexistente concertación, porque empresarios y gobierno hacen causa común para cooptar a dirigentes sindicales, excluyendo a los que asumen la defensa de los intereses de los trabajadores. En esta ocasión, ante el fracaso de la mesa de concertación, el gobierno llevó a la Casa de Nariño a los presidentes de la CGT y la CTC, excluyendo a la CUT, para darle dudosa legalidad al acuerdo, acompañado de mermelada según dicen los sindicalistas consecuentes.

Algunas federaciones y sindicatos ya están proponiendo un paro nacional de protesta a lo cual se unen las comunidades ignoradas y olvidadas, así como las que han sido burladas con el incumplimiento de los acuerdos.

Este será un tema de la campaña electoral, porque Vargas Lleras, Duque y De la Calle, plantean  reformas tributarias para fortalecer el capital y premiar a los empresarios, mientras se mantiene el apretón a los millones de colombianos y colombianas. Otros como Fajardo, se van por las ramas. Se requiere de un proyecto alternativo de las fuerzas de izquierda y democráticas que, dotado de un Programa Común reivindique la justicia social y abra el camino de una nueva realidad, de otra Colombia posible, en donde predominen la vida y los derechos de la gente del común. Entre tanto, serán inevitables las protestas populares.

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