¿Estado social de derecho o dictadura minera?

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Mina de carbón a cielo abierto en la Jagua de Ibirico, Cesar, explotada por transnacional. Foto J.C.H.

El concepto de desarrollo que manejan el Gobierno nacional y las transnacionales riñe con el de las comunidades que buscan mantener su vocación agropecuaria y rechazan la minería

Juan Carlos Hurtado Fonseca

El triunfo del “No” en varias consultas populares en las que se les preguntó a las comunidades de algunos municipios si estaban de acuerdo con el desarrollo de proyectos de extracción minera en sus territorios, inició un debate desde el Gobierno nacional acerca del freno que produce este mecanismo al desarrollo de la locomotora minera, y por lo tanto, a la llegada de regalías a las arcas del Estado, afectando así la inversión social.

Uno de los procesos democráticos más conocidos fue el realizado en Cajamarca, Tolima, en el que la negativa de las comunidades produjo la salida de la multinacional AngloGold Ashanti, que llevaba 10 años explorando para extraer oro.

Pero los pronunciamientos de integrantes del Gobierno nacional encendieron las alarmas sobre la posibilidad de que la decisión pueda ser burlada. Renzo Alexander García, biólogo e integrante cofundador del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, organización que lideró el proceso, dice que han tenido que ejercer presión para que el Gobierno no desconozca los resultados de la consulta, en su afán de favorecer los intereses de las empresas mineras, por encima de los de los colombianos.

Los argumentos para justificar la explotación por parte de la empresa llegaron desde partes diferentes. Un periódico nacional afirmó que luego de la salida de la multinacional había más desempleo en el municipio. Pero para Renzo el problema del sector agropecuario del país es estructural: “Creemos que el Gobierno actúa de manera deliberada para debilitar el sector agrícola y darle cabida al modelo minero-energético. Llamamos la atención del Estado para que se fortalezca la soberanía alimentaria. En comparación de empleos generados por la minería y el sector agropecuario, casi que la relación es de uno a mil. En Cajamarca, producto de las actividades agropecuarias es de 10 mil, en comparación de los 150 empleos que generaba la multinacional en la región, y al verlo en el ámbito nacional tenemos 175 mil de la minería, en comparación de 10 millones del sector agrícola e industrial”.

Sobre los argumentos del Gobierno, en el sentido de que las consultas populares detienen el desarrollo del país, Renzo García responde que ese concepto está emparejado con un crecimiento económico que no corresponde con el mejoramiento de la calidad de vida de la gente y que genera una gran contaminación ambiental. “Buscamos un buen vivir, un estado social distinto en donde se respeten los derechos de la gente y los derechos de la naturaleza. Nos imponen de manera dictatorial un modelo económico asentado en la minería, lo que es un retroceso en términos de desarrollo”.

Contra el fracking

Los procesos populares también rechazan las formas y la extracción de otros recursos. En San Martín, Cesar, las comunidades se oponen a la implementación de un proyecto piloto de exploración petrolera con fracking.

En diálogo con el vocero de la Corporación Defensora del Agua, Territorios y Ecosistemas, Coratec, Carlos Andrés Santiago, se explica el porqué: “Hay suficiente evidencia científica de que esa técnica tiene grandes impactos en el agua, en la calidad del aire, aumenta la sismicidad, genera cambios en la vocación de los territorios, por eso nos oponemos, para que finalmente se prohíba y repensar el modelo de desarrollo, entendiendo que la locomotora minero-energética no es la forma, sino que se deben buscar otras maneras que desarrollen el campo. Por ejemplo, en ese municipio el fracking quieren desarrollarlo sobre un complejo de ciénagas y humedales que están sobre el río Lebrija, y que cuentan con grandes riquezas en fauna y flora, por eso creemos que ahí se pueden desarrollar proyectos que aprovechen la vocación y las posibilidades de explotación piscícola de las comunidades”.

Sobre las intenciones del Gobierno nacional, para desconocer las consultas populares, el líder cívico expresó: “El Gobierno quiere mantener vigente lo que la Corte Constitucional tumbó: un artículo del Código Minero que prohibía que las comunidades prohibieran los proyectos mineros. Pero también está la Sentencia T 445 de la Corte Constitucional, en la que dice que los municipios, en defensa del medio ambiente y del agua, pueden tomar decisiones que incluso prohíban la actividad minera. La Corte dice que los recursos del subsuelo son del Estado y esto incluye a los municipios. Entonces, la administración de estos debe hacerse en armonía y concertación con los municipios, y es ahí donde entran en juego las consultas populares”.

Más elementos de juicio

Según el ingeniero civil Sergio Salazar, doctorado en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, España, los efectos de la actividad minera y de extracción de hidrocarburos sobre el recurso hídrico comprenden conflictos de uso del suelo, aumento de la generación de sedimentos por la eliminación de la cobertura vegetal, alteración de la geomorfología y la dinámica fluvial, cambios en los flujos y contaminación del agua subterránea y superficial.

“La extensión de los conflictos de uso del suelo por la actividad minera es de 65.051 hectáreas, que equivale a 0,06% del territorio continental. Existen más de 50 conflictos socioambientales relacionados con la minería y cerca de 20 con los hidrocarburos. De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua, Ideam 2015, en 179 municipios de 15 departamentos, se estimó una carga vertida en 2012, de 205 toneladas de mercurio al suelo y agua, de las cuales 27.5% corresponden al uso para beneficio de la plata y 72.5% para oro”, explica el ingeniero Salazar.

Ríos Vivos

Con los anteriores datos, son entendibles las peleas de las comunidades en defensa de los territorios y los ecosistemas, se avecinan más conflictos sociales por la minería y se valoran los esfuerzos de organizaciones como Ríos Vivos.

Isabel Cristina Zuleta, su vocera en Antioquia, anotó que también trabajan por la transformación del modelo minero-energético. Y a propósito del concepto de desarrollo que se maneja desde el Gobierno nacional, dijo: “Para nosotros el desarrollo es el bienestar comunitario, es la relación entre la cultura y la naturaleza, en donde se respeten las otras formas de vida no humanas. En esa concepción de lo que es el desarrollo debe predominar el ambiente. El concepto del Gobierno nacional se contradice con las posibilidades de estar en este planeta, porque destruye las condiciones de vida. Proponemos maximizar la eficiencia energética para no tener que destruir la naturaleza y un debate nacional sobre el tema. Si no es posible cambiar ese modelo de desarrollo, este nos va a destruir. Se pueden tener modelos de desarrollo con una relación distinta con la naturaleza, donde los intereses generales estén por encima de los particulares”.

@Aurelianolatino 

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