Estado matón y cobarde

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En la audiencia pública ante la Corte IDH, Jineth Bedoya estuvo acompañada por sus personas más cercanas. Foto CMPR Bogotá

La “jugadita” del Estado ante la Corte IDH demuestra que la actitud de Colombia no es la de responder por los tratos crueles contra la periodista, sino utilizar ardides legales para evadir su culpa

Roberto Amorebieta
@amorebieta7

Si existe un caso judicial que retrata de cuerpo entero el talante del Estado colombiano, es el de Jineth Bedoya. La valiente periodista, víctima de secuestro, tortura y violación en mayo de 2000 por parte de paramilitares, ha luchado desde entonces por que se reconozcan y se reivindiquen sus derechos, enfrentando no solo la inoperancia de la justicia sino las intimidaciones que aún sigue recibiendo.

El episodio de la semana anterior, cuando la representación del Estado se retiró de la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, alegando falta de garantías, no es sino el más reciente intento por eludir su responsabilidad y revictimizar a Jineth, como ha sucedido durante los últimos veinte años.

Para completar el cuadro de revictimización, los medios de comunicación han centrado su atención en la noticia del retiro de la delegación colombiana de la sesión de la Corte y han ignorado el origen de todo este caso, que son las investigaciones que Jineth realizaba en la época de los hechos relacionadas con la violencia que se vivía en las cárceles de Colombia con la complicidad del Estado.

Sucede un poco lo mismo que con el caso que tuvo a Álvaro Uribe dos meses tras las rejas. Mientras los medios solo hablan de la compra de testigos, se oculta que detrás está la posible participación de Uribe en la conformación de grupos paramilitares.

El contexto

A partir de 1999 y como redactora de El Espectador, Jineth comenzó a investigar los crueles hechos de violencia que se registraban al interior de las cárceles. Era la época del gobierno de Andrés Pastrana, el conflicto armado arreciaba en todo el país y se expandía con vigor el proyecto paramilitar.

La cárcel Modelo estaba bajo el control de los grupos armados de distinto signo -guerrilla, paramilitares y delincuencia organizada- quienes imponían su ley. Allí se presentaban toda suerte de atrocidades como homicidios, descuartizamientos y desaparición de personas, además de graves irregularidades consentidas por la Guardia y la dirección del penal.

Jineth, como periodista judicial, investigaba este fenómeno desde 1997 y a causa de las amenazas tuvo que renunciar a su trabajo en radio. Luego, desde su puesto en El Espectador y con el apoyo de su editor, el respetado periodista Jorge Cardona, continuó con las averiguaciones y las revelaciones. Para el año 2000, la cárcel Modelo se había convertido en foco de atención porque allí estaba recluida la mayoría de los guerrilleros que las Farc querían canjear por los militares retenidos, así que Jineth profundizó sus investigaciones sobre lo que sucedía al interior de aquel centro de reclusión.

El 27 de abril de ese año, un mes antes del secuestro, se desató un feroz combate en la cárcel entre los diferentes grupos armados que dejó un saldo de varias decenas de muertos y heridos. “Jineth relató los detalles de lo ocurrido y las amenazas se reactivaron”, dijo Cardona en su comparecencia ante la Corte IDH. Ella y sus jefes acudieron a la policía que les recomendó reunirse directamente con los paramilitares en La Modelo. Esa misma noche, extrañamente, recibió una llamada de un paramilitar que la invitó a entrevistarse con los jefes de las autodefensas presos en la cárcel, a lo que la comunicadora accedió.

El secuestro

Lo sucedido a partir de allí es conocido. Jineth fue retenida a punta de pistola en la entrada de la cárcel, secuestrada y llevada a una finca en los Llanos Orientales donde fue torturada y violada repetidamente por un grupo de hombres uniformados. La acción fue ordenada por Carlos Castaño como represalia y advertencia, pero en su ejecución participaron más de veinte personas, según el relato de la periodista, entre ellas un general de la policía quien aún no ha sido llamado por la Fiscalía. Para Jineth, el secuestro fue el inicio de una larga y dolorosa lucha en busca de justicia, pues solo pagan condena tres de los autores materiales mientras los autores intelectuales no han sido castigados.

La revictimización se ha materializado no solo por el tránsito que el caso ha tenido desde entonces entre despacho y despacho, haciendo imposible el avance de las investigaciones, sino el hecho de que varios fiscales le pidieron a Jineth que adelantara ella misma las indagaciones e hiciera llegar sus hallazgos a la Fiscalía. La comunicadora así lo hizo, pero los documentos aportados como prueba fueron desaparecidos.

Afortunadamente, el caso ha sido declarado como crimen de lesa humanidad por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía por lo que no hay prescripción, pero en cualquier caso, el avance del proceso ha sido mínimo durante estos dos decenios.

El caso ante la Corte

Debido a la negligencia del Estado para castigar a los responsables, en 2011 la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, reinició las investigaciones y llevó el expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, quien presentó un demoledor informe ante la Corte IDH donde sostiene que “el Estado colombiano es responsable por no proteger los derechos de Bedoya pese a conocer las amenazas de las que era víctima en razón de sus investigaciones periodísticas, y que tampoco le brindó protección efectiva, ni inició investigaciones diligentes para determinar los autores de dichas amenazas. Para la Comisión es atribuible al Estado tanto la privación de la libertad, como los hechos de violencia en su contra, incluida la tortura y la violación sexual”.

Semanas atrás se llevó a cabo la audiencia para conocer el caso y oír a las partes. Los magistrados de la Corte IDH escucharon los estremecedores testimonios de Jineth y de Jorge Cardona, pero no pudieron conocer los argumentos del Estado colombiano porque a su representante no se le ocurrió una mejor idea que recusar a los magistrados, alegar falta de garantías y retirarse de la sesión. Semejante “jugadita”, propia de los oscuros procedimientos que han hecho célebres a los abogados de Álvaro Uribe, puede hacerse en un juzgado colombiano sin mayores repercusiones, pero aquí estamos hablando de un tribunal internacional ante el cual Colombia está quedando muy mal.

La estrategia del Estado ante la Corte IDH parece ser la misma que se ha utilizado con éxito en los casos que comprometen a Uribe ante la justicia colombiana: dilatar el proceso y desprestigiar a las víctimas. Ante la abrumadora cantidad de pruebas en su contra y a pesar de haber reconocido oficialmente a Jineth como víctima, el Estado no opta por reconocer su falta, pedir perdón y repararla -como debería ser- sino que acude a ardides legales para entorpecer el proceso. La extravagante solicitud de que la Asamblea General de la OEA decidiera sobre la recusación a los magistrados, fue desestimada rápidamente por la Corte IDH y el Estado tendrá que poner la cara.

Mientras tanto, el representante de Colombia extendió una invitación a Jineth -bastante tardía, por cierto- para llegar a una solución amistosa, figura reconocida por la Corte IDH. No obstante, no lo hizo en el marco del proceso ni a través de los representantes legales de la periodista, sino mediante una publicación en las redes sociales. Es decir, al Estado le preocupa más hacer ver a Jineth como intransigente ante la opinión pública que restablecer sus derechos como víctima. Le preocupa más su imagen interna que el ridículo que está haciendo a escala continental.

El Estado colombiano se comporta como un matón. Lo dicho, este caso lo retrata de cuerpo entero.

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