Estado colombiano, juzgado por “falsos positivos”

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Jardín de la memoria de las víctimas de crímenes de Estado.

Corte Interamericana juzga nuevamente al Estado por crímenes de lesa humanidad, cometidos contra personas que habían sido presentadas ante la opinión pública como guerrilleros dados de baja en combate

Redacción DD.HH.

Los días 17 y 18 de octubre el Estado colombiano, debió acudir a la audiencia de juzgamiento citada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Esta citación se hace durante el 58 periodo de sesiones extraordinarias en la ciudad de Panamá, y obedece a las investigaciones sobre cuatro casos de asesinatos de jóvenes presentados como guerrilleros muertos en combate, estos hechos sucedieron entre los años 1996 y 1998.

Un crimen de Estado

Los denominados por el Estado colombiano como “falsos positivos”, son categorizados a nivel mundial, como crímenes de lesa humanidad. Estas ejecuciones extrajudiciales acabaron con la vida de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, el 11 de agosto de 1996; Elio Gelves Carrillo, el 28 de mayo de 1997; Carlos Arturo Uva Velandia, el 21 de junio de 1992; y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, el 4 de septiembre de 1995.

De acuerdo con la Corte, este proceso denominado: “Caso Villamizar Durán y otros vs. Colombia”, no solo encontró que se violó el derecho a la vida, sino también a la honra y al buen nombre de las víctimas, entre otras violaciones previas a su ejecución. Así se lee en su resolución: “Además de la determinación de la privación arbitraria del derecho a la vida, en los casos de Gustavo Giraldo Villamizar Durán y de Elio Gelves Carrillo, la Comisión también encontró una violación del derecho a la honra y la dignidad, debido a que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales. Asimismo, en los casos de Elio Gelves Carrillo, Carlos Arturo Uva Velandia, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, la Comisión determinó que debido a que su muerte habría estado precedida de una privación de libertad en la cual pudieron prever su destino fatal, estas personas también fueron víctimas de afectación a sus derechos a la integridad y libertad personales.”

Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien representa a algunas de las víctimas de estos crímenes, en el proceso, que se llevó más de 12 años, se encontró un patrón sistemático de señalamientos y de impunidad. “Los casos fueron acumulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el informe de fondo presentado a la Corte, al haber encontrado la existencia de un patrón sistemático y generalizado en los cuatro casos consistente en presentarlos como guerrilleros muertos en combate y luego trasladar la investigación a la justicia penal militar, donde estuvieron. En el caso de Wilfredo Quiñonez, durante 12 años, antes de ser asumidos por la justicia ordinaria como corresponde, donde aún hoy se encuentran en la impunidad. Los casos restantes siguen siendo de conocimiento de la jurisdicción penal militar”.

Por su parte, el Estado colombiano en respuesta a la Corte Interamericana admitió su responsabilidad en la violación al derecho a la vida, a la honra de víctimas y familiares, y al debido proceso. En este sentido y de acuerdo con lo que aseguró el Ccajar, en su comunicado frente a la actual situación, la audiencia venidera se centrará en el contexto, la tortura, la impunidad, la reparación integral, el fuero penal militar.

Colombia promueve la impunidad

También señala la organización defensora de derechos humanos que “en estos cuatro casos, la impunidad es generalizada. Por ejemplo, en los casos de Wilfredo Quiñonez, José Gregorio Ramírez y Albeiro Romero, el pasado mes de abril fueron condenados dos de los responsables, el soldado voluntario Luis Enrique Pineda Matallana y al entonces teniente coronel Jairo Alberto Prieto Rivera, pese a lo cual estos siguen en libertad”.

Mientras tanto, se espera que los familiares de los seis jóvenes violentados en sus derechos y posteriormente asesinados, sean escuchados durante dicha audiencia, al igual que a los representantes del Estado colombiano. En el acompañamiento de este proceso estarán las organizaciones representantes de las víctimas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Ccajar, y la organización defensora de derechos humanos, Humanidad Vigente Corporación Jurídica y otro abogado independiente.

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