Crónica del primer día
Luisa Becerra
El Encuentro de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos en Colombia inició el miércoles 11 de diciembre con más de un centenar de delegados de todos los departamentos del territorio nacional.
Este es un escenario ideal para la construcción de propuestas que protejan y reivindiquen la labor de los campesinos colombianos, estigmatizados por el cultivo de amapola, coca y marihuana, entre otros. Potencialmente, una respuesta al fracaso de la política antidrogas y a las aspersiones irresponsables con glifosato sobre comunidades y cultivos de toda clase.
El panorama anterior, conocido por la población rural colombiana, ha recobrado importancia en la agenda nacional desde la mesa de diálogos de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, ya que en el punto cuatro de la agenda de los diálogos de paz analiza la sustitución de cultivos ilícitos. Como lo señaló el profesor e investigador Carlos Medina Gallego, en el punto sobresalen temas como planes de erradicación voluntaria concertados con las comunidades, descriminalización del uso de la coca y la no judicialización de los cultivadores, apoyo institucional durante el cambio de los cultivos, y prevención al consumo.
Medina Gallego puntualiza que “las leyes llegaron después que los campesinos”. En consecuencia, los planes de sustitución de cultivos ilegales perjudican directamente a los habitantes rurales y a su economía. Por esta razón el desalojo de tierras que históricamente han ocupado debe replantearse y es urgente responder a la pregunta: “¿Qué hacer con los baldíos nacionales?”.
Este encuentro de productores de cultivos declarados ilícitos presenta soluciones integrales, pues en primera instancia pide el reconocimiento a la territorialidad de los grupos indígenas, afros y campesinos en general, propone alternativas concertadas, en tanto, incluye a los productores y consumidores, a la par que contempla la inclusión productiva de los cultivadores de amapola, coca, y marihuana en mercados legales.
El profesor Jaime Estrada se pronunció sobre la solución política al conflicto social y armado, que se ha recrudecido por el narcotráfico. Hay que empezar por el reconocimiento estatal a los movimientos sociales, específicamente a la movilización campesina, relegada en temas fundamentales como los derechos sobre la tierra. Pues, reiteradamente, “los cultivadores son el eslabón perseguido y atacado por las políticas antidrogas del Estado”, mientras el gobierno ignora a los dueños del capital financiero.
La lucha contra la producción de estupefacientes debe basarse en la distribución de la tierra y en los usos del suelo, pues mientras el gobierno le da carta abierta a las multinacionales para la explotación y producción de combustibles, minería, hidrocarburos, y proliferan las amenazas contra los pobladores rurales, se ensaña contra los productores de cultivos declarados ilícitos, obviando que el resultado de las cosechas puede cambiar su fin, pues las plantas ilegales mencionadas tienen cualidades y usos artesanales, medicinales y terapéuticos.
Colombia debe estudiar modelos de Bolivia y Perú que demuestran que los cultivos ahora ilícitos pueden tener lógicas distintas y garantizar modelos económicos para las comunidades cultivadoras. Esto no solo haría frente a las políticas antidrogas, sino que también protegería la salud de las comunidades de los peligros de la erradicación manual y las aspersiones aéreas, y sin duda sería un logro para la soberanía nacional.
De la misma forma, el gobierno nacional está en la obligación de desmontar las estructuras narcoparamilitares, limitar los alcances de las productoras de químicos para la fumigación de cultivos ilegales y compuestos para la fabricación de la cocaína, de megacapitalistas, expertos lavadores de dinero y productores de armas, y corregir las políticas neoliberales que han consentido que el mercado del narcotráfico sea tan lucrativo que siempre habrá alguien dispuesto a arriesgarse.
El profesor Felipe Tascón, durante su alocución, manifestó que la represión y lucha contra las drogas de los años 70 es un rotundo fracaso que se mantiene, pues el agua sucia ha caído sobre los cultivadores que nada tienen que ver en la transformación de la coca a la cocaína, pero sí han sufrido por “la aspersión aérea con glifosato, pues la siembra sigue, los pilotos libres del control fumigan donde sea, igual les pagan por tanque desocupado y no por hectárea fumigada”.
Así, los campesinos colombianos están en el derecho de pedir al Estado que los indemnice por daños a su salud y por interferir en su seguridad alimentaria, incrementar la mortalidad infantil y aumento en la tasa de abortos en sus comunidades, y más.
De acuerdo con lo anterior, es elemental este encuentro para juntar acciones, reunir miradas, levantar la condena a la plantas, reconocer sus ya milenarias virtudes, y de nuevo evidenciar que los cultivadores de cultivos declarados ilícitos tienen siembras rentables a diferencia de productos de la canasta familiar que compiten sobre pérdidas. Además venden sus productos a excelentes precios. Ahora lo realmente importante es regular la producción, reducir las tasas de ganancia y superar la restricción social y moral de la amapola, coca y marihuana, aclarando que no son nocivas.
